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La Justicia europea autoriza la deportación de inmigrantes en Melilla

La inmigración africana a través de las fronteras españolas con Marruecos sigue siendo el punto en la mira de la política migratoria de la Unión Europea como macro-Estado-nación, esto ante la ola migratoria que continúa permeando las líneas fronterizas ibéricas.
La Justicia europea autoriza la deportación de inmigrantes en Melilla
Valla en la frontera de Melilla (España) con Marruecos.
Valla en la frontera de Melilla (España) con Marruecos.

La Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), adscrito al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), ha avalado por unanimidad las llamadas "devoluciones en caliente" y ha revocado la condena inicial a España dictada hace unos meses por una de las Salas del propio tribunal.

Esta medida permite la deportación inmediata de los inmigrantes que crucen hacia Melilla, una ciudad autónoma española situada en el norte de África, a orillas del Mar Mediterráneo, y que comparte la única frontera terrestre de España con Marruecos.

De hecho, la mayoría de los inmigrantes africanos que cruzan hacia España provienen de Marruecos. Esa sentencia fue emitida el pasado jueves y afecta a las expulsiones de dos inmigrantes subsaharianos -un maliense y un marfileño- que fueron devueltos inmediatamente a Marruecos tras saltar la valla fronteriza de Melilla en agosto 2004.

Los casos de esos ciudadanos africanos se traducen, con base en esta nueva disposición jurídica migratoria europea, en que ambos han incurrido en una situación de ilegalidad al pasar hacia territorio español por zonas ilícitas.

En un comunicado, la Gran Sala resalta que los inmigrantes "se pusieron ellos mismos en una situación de ilegalidad" al acceder "a lugares no autorizados" y "recurriendo a la fuerza" y al "efecto masa", al tratarse de un salto de la valla de decenas de personas.

Esto implica que el gobierno español y las autoridades de Bruselas podrían reforzar los controles migratorios en la frontera hispano-africana, dado que la sentencia fue aplicada como un mecanismo de contención legal desde el TJUE para frenar la descontrolada inmigración del Norte de África hacia territorio europeo, cuya puerta de entrada es España, específicamente las ciudades de Ceuta y Melilla.

La sentencia añade que los subsaharianos "decidieron no utilizar las vías legales existentes" y acceder "de forma irregular" a territorio español. Así pues, los magistrados consideran que la "ausencia de una decisión individualizada" sobre la devolución de cada uno de ellos se puede atribuir al hecho de que no utilizaran los cauces oficiales y, por tanto, es consecuencia "de su propio comportamiento".

Es decir, según la interpretación de la justicia europea, ambos inmigrantes decidieron optar por un traslado ilícito con base en decisiones propias a sabiendas de la acción de ilegalidad que cometerían.

La conclusión de la Sala, estipulada en la sentencia, es que "no se puede considerar a España como responsable de la ausencia en Melilla de un cauce legal que les permitiera oponerse a su devolución a Marruecos". Ése era uno de los argumentos esenciales de las demandas presentadas contra España, en las que se alegaba una "violación del derecho a la tutela judicial efectiva".

Los gobiernos de Malí y Costa de Marfil presentaron de forma conjunta esa querella con base en el argumento de que el sistema judicial español no resguardaba la integridad de sus ciudadanos y su derecho a una tutela judicial previa a la deportación.

No obstante, la autonomía de comunidad de la que forma parte Melilla, en frontera con Marruecos, no posee un sistema de devolución diseñado para atender una crisis migratoria de ese tipo. @mundiario