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Los jueces de inmigración en EE UU pierden poder en los fallos sobre asilos

El fiscal general de Estados Unidos, William Barr, estipuló en la decisión que “al examinar una concesión de asilo, la BIA no debe aceptar las estipulaciones de las partes ni el incumplimiento de ninguno de los elementos particulares del asilo
Los jueces de inmigración en EE UU pierden poder en los fallos sobre asilos
El fiscal general y secretario de Justicia de Estados Unidos, William Barr / CNN.
El fiscal general y secretario de Justicia de Estados Unidos, William Barr / CNN.

La sistematización del bloqueo institucional a la legalización de la inmigración ya llega al poder judicial, lo que pone en evidencia que el Gobierno de Donald Trump podría estar empezando a erosionar la separación de poderes en Estados Unidos, lo cual pone en peligro a la democracia nortemaricana.

Y es que los inmigrantes que a partir de ahora ganen un caso de asilo deberán esperar por una decisión final: el fiscal general ordenó que la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) revise nuevamente el expediente y determine si “los hechos encontrados por el juez de inmigración satisfacen todos los elementos estatutarios del asilo como cuestión de derecho”.

“La orden impactará todos los casos”, dice Armando Olmedo, un abogado de inmigración y coautor del libro ‘Inmigración: las nuevas reglas’. “A partir de ahora todos los asilos que sean otorgados por un juez serán revisados por la Junta”, agregó, según reseñó la cadena Univisión.

El fiscal general de Estados Unidos, William Barr, estipuló en la decisión que “al examinar una concesión de asilo, la BIA no debe aceptar las estipulaciones de las partes ni el incumplimiento de ninguno de los elementos particulares del asilo, incluidos, cuando sea necesario, los elementos de un grupo social en particular”, dijo el también secretario de Justicia en una rueda de prensa este viernes.

Abogados dijeron que "la orden apunta a afectar severamente aquellos casos de asilo otorgados a víctimas de violencia doméstica y de pandillas, dos causales que el Gobierno cuestiona en el marco de la política migratoria de ‘tolerancia cero’ y asevera que no se enmarcan dentro de las cinco causales estipuladas por el Congreso en la ley de 1980 que corresponden a persecución por motivo de raza, religión, sexo, opinión política o pertenencias a un grupo social en particular", de acuerdo con una entrevista concedida a Univisión por un equipo de juristas expertos en inmigración. @mundiario