Señalado, pero a ciegas: Julio Iglesias exige leer la denuncia que le acusa

Julio Iglesias vuelve al centro del huracán judicial con una estrategia que combina derecho, relato y presión institucional. Su abogado, José Antonio Choclán, ha pedido de nuevo a la Fiscalía de la Audiencia Nacional que le entregue una copia de la denuncia presentada por una ONG en nombre de dos extrabajadoras que acusan al artista de agresión sexual y trata de seres humanos. La clave del movimiento es un concepto jurídico que su defensa eleva ahora a bandera: el “interés legítimo” del denunciado para conocer una acusación que, paradójicamente, ya ha circulado por medios de comunicación de medio mundo.

Lejos de tratarse de un trámite técnico, la petición tiene un fuerte componente simbólico y político. Iglesias, uno de los artistas españoles más universales, denuncia estar atrapado en una suerte de limbo procesal: señalado públicamente, pero sin acceso formal al contenido íntegro de la denuncia. La Fiscalía, por su parte, mantiene abiertas diligencias preprocesales, una investigación preliminar destinada a decidir si es competente para asumir el caso y si existen indicios suficientes para presentar querella ante los tribunales españoles.

En el escrito, fechado este 20 de enero, al que ha tenido acceso EL PAÍS, Choclán sostiene que resulta “insólito” que el único afectado directo por la denuncia no disponga de una copia, mientras terceros —ONG y medios de comunicación— sí han accedido a su contenido. Esa situación, argumenta, vulnera principios básicos del ordenamiento jurídico y deja a su cliente sin capacidad real de defensa en un contexto de enorme exposición mediática.

El trasfondo es delicado. Las denuncias describen presuntos abusos ocurridos en 2021 en las residencias de Iglesias en República Dominicana y Bahamas, lo que abre un debate jurídico complejo sobre la competencia de la Audiencia Nacional y los límites de la jurisdicción española cuando los hechos se producen fuera del país. Women’s Link Worldwide, la organización que respalda a las denunciantes, se apoya en la nacionalidad española del cantante para pedir que el caso se investigue en España.

El “interés legítimo” como línea roja

La defensa de Julio Iglesias articula su ofensiva alrededor de una idea clara: no se puede investigar a alguien sin permitirle conocer de qué se le acusa, especialmente cuando el relato ya ha sido difundido públicamente. Choclán subraya la “paradoja” de que la denuncia sea conocida por la Fiscalía y por medios como eldiario.es o Univisión, pero no por el denunciado. En su interpretación, esa asimetría convierte el proceso en una excepción peligrosa al derecho de defensa.

La Fiscalía ha rechazado, por ahora, que el abogado del cantante se persone en estas diligencias previas. Argumenta que se trata solo de una fase de comprobación inicial, habitual antes de decidir si se abre una investigación formal. Sin embargo, la defensa insiste en que la difusión pública del caso altera por completo ese esquema teórico y exige permitir alegaciones del denunciado desde el primer momento.

Un conflicto de competencias con aroma internacional

Otro eje del escrito es la falta de competencia, a juicio de la defensa, de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Los presuntos delitos —agresiones sexuales, trata, acoso y vulneración de derechos laborales— habrían ocurrido fuera de España. Para Choclán, extender la jurisdicción española en este caso supone forzar los límites del sistema penal, con el riesgo de sentar un precedente controvertido.

El movimiento final del abogado añade dramatismo al pulso institucional. Al no existir recurso contra la decisión de la Fiscalía, Choclán se reserva la posibilidad de acudir al Tribunal Constitucional en demanda de amparo por vulneración de derechos fundamentales. Es un aviso claro: el caso no solo se jugará en el terreno penal, sino también en el constitucional y en el de la opinión pública. @mundiario