Isabel II presionó al gobierno británico para mantener su fortuna en secreto
Isabel II presionó al gobierno británico para lograr mantener su fortuna en secreto. Así lo ha dejado claro una investigación de The Guardian, que revela que la monarca aprovechó su poder para cambiar un proyecto de ley, con el objetivo de garantizar que sus acciones, inversiones personales y riqueza privada fueran de conocimiento público.
La publicación destaca que los periodistas David Pegg y Rob Evans, han tenido acceso a los documentos guardados en los Archivos Nacionales, en los que se expone que un abogado de la soberana arrinconó a los ministros para que modificaran la medida que entró en vigor en 1976.
Y logró su cometido: tras la intervención del portavoz de la Reina, el gobierno británico incluyó en el proyecto de ley una cláusula que eximía a los jefes de estado a hacer públicas las empresas en las que invertían a título personal.
“El acuerdo se utilizó en efecto para crear una corporación fantasma respaldada por el estado que, según se entiende, ocultó las participaciones e inversiones privadas de la reina hasta al menos 2011”, subraya el medio británico.
Quizás también te interese:
Isabel II recibirá ayuda económica del Gobierno británico por el desplome de sus ingresos
El periódico también ha abierto, con su investigación, un debate sobre el poder que tienen Isabel II y la familia real para influir en la formación de las leyes británicas gracias a un procedimiento parlamentario conocido como el 'consentimiento de la reina'.
La Casa Real defiende que se trata de una "convención establecida desde hace mucho tiempo", por la que el Parlamento ‘pide’ a Su Majestad permiso para el debate de proyectos de ley que afecten a los "intereses de la Corona". Un acuerdo considerado inofensivo e insignificante… hasta ahora.
Por su parte, el palacio de Buckingham ha afirmado por medio de un comunicado que el consentimiento de la reina "es un proceso parlamentario, con el papel de soberano puramente formal. El monarca siempre otorga el consentimiento cuando lo solicita el gobierno. El Parlamento decide si se requiere el consentimiento de la reina, independientemente de la Casa Real, en asuntos que afectarían los intereses de la Corona, incluida la propiedad personal y los intereses personales del monarca”. "Si se requiere consentimiento, el proyecto de ley, por convención, se entrega al soberano para que lo otorgue únicamente por consejo de los ministros y como asunto de dominio público", concluye. @mundiario
