"Gandalf": el cultivador de cannabis medicinal que divide a Nueva Zelanda

Paul ‘Gandalf’ Smit. /X
El proceso contra Paul Smith, cultivador de cannabis medicinal en Northland, reabre el debate en Nueva Zelanda sobre acceso, regulación y justicia para pacientes con dolor crónico.

En la remota región de Northland, al norte de Auckland, pocos necesitan decir su nombre completo. Para cientos de personas con dolor crónico, cáncer o epilepsia, Paul Smith es simplemente “Gandalf”: el hombre que les proporcionó aceite de cannabis cuando el sistema sanitario no llegaba. Para la policía, en cambio, es un productor y distribuidor ilegal que deberá responder ante los tribunales.

El proceso penal contra Smith, de 66 años, ha reabierto en Nueva Zelanda el debate sobre los límites entre legalidad, compasión y acceso real al cannabis medicinal.

De horticultor clandestino a símbolo social

Smith cultivaba marihuana en su propiedad aislada de Hukerenui mucho antes de que el país regulara el cannabis medicinal en 2020. Se define como un “hippie de la vieja escuela”: barba larga, melena plateada y una vida autosuficiente junto a su esposa Karen, con quien se instaló hace décadas en un terreno apartado, lejos del asfalto.

Durante años perfeccionó variedades, técnicas de curado y extracción de aceite. Según su propio testimonio, la mayor parte del producto lo destinaba a personas enfermas que lo contactaban tras recibir su número de boca en boca. Anotaba cada llamada en un cuaderno rojo.

Entre sus clientes había pacientes oncológicos en fases avanzadas, personas con amputaciones, enfermedades autoinmunes o niños con epilepsia resistente a tratamientos convencionales. Muchos aseguran que pagaban poco o nada.

En Nueva Zelanda, a estos proveedores informales se les conoce como “hadas verdes”: cultivadores que operaron al margen de la ley antes y después de la legalización, argumentando que el nuevo marco regulatorio resultaba demasiado costoso y complejo para pequeños productores.

La redada y los cargos

El caso de Smith dio un giro cuando uno de sus envíos fue interceptado. En febrero, más de una decena de agentes armados irrumpieron en su propiedad, destruyeron invernaderos y arrancaron las plantas. Ahora enfrenta cargos por cultivo, posesión y venta de cannabis y aceite de cannabis.

La policía ha evitado pronunciarse sobre el caso concreto, pero recuerda que el Ministerio de Salud regula el cannabis medicinal para garantizar estándares de calidad y seguridad.

Para sus simpatizantes, la actuación policial fue desproporcionada. Decenas de personas han acudido a las audiencias judiciales y han recaudado fondos para su defensa. Algunos consideran que el Estado ha marginado a quienes sostuvieron el acceso al cannabis medicinal antes de su regulación formal.

Entre la norma y la necesidad

La legalización en 2020 introdujo licencias, tasas y exigencias técnicas que pueden suponer inversiones de cientos de miles de dólares. Investigadores en políticas de drogas señalan que muchos pacientes —especialmente en zonas rurales y económicamente deprimidas como Northland— siguen enfrentando barreras para obtener recetas y productos autorizados.

Al mismo tiempo, la evidencia científica sobre los derivados del cannabis es desigual según la patología. Si bien existen estudios que respaldan su eficacia en ciertos tipos de epilepsia o dolor neuropático, otras aplicaciones siguen en debate.

El caso de Smith ilustra esa tensión: para algunos pacientes, su aceite representó alivio tangible; para el Estado, su actividad se sitúa fuera de un marco regulado creado precisamente para garantizar seguridad y trazabilidad.

Un símbolo incómodo

En su entorno, Smith se ha convertido en una figura casi mítica. Sus defensores lo ven como un hombre que antepuso la ayuda al lucro. Sus detractores advierten del riesgo de permitir circuitos paralelos sin control sanitario.

Mientras espera su comparecencia ante el tribunal de Whangarei, el agricultor camina entre los restos de los invernaderos destruidos. En uno de ellos ha vuelto a brotar una pequeña planta, nacida de una semilla que sobrevivió a la redada y a las heladas.

Para sus partidarios, es una metáfora de resistencia. Para la justicia, el recordatorio de un delito pendiente de sentencia.

El juicio de “Gandalf” no solo decidirá el futuro de un cultivador septuagenario. Pondrá a prueba hasta qué punto la regulación del cannabis medicinal ha logrado equilibrar seguridad, acceso y justicia social en Nueva Zelanda. @mundiario