Galicia, ante el reto de movilizar 800.000 hectáreas de tierras abandonadas

Vacas pastando. / antena3
Vacas pastando. / antena3
Debido a la ausencia de un marco legal adecuado, hay 800.000 hectáreas agrarias y forestales abandonadas en Galicia.
Galicia, ante el reto de movilizar 800.000 hectáreas de tierras abandonadas

¿Alguien se imagina que en Galicia la falta de terreno donde ubicar una nave o unas instalaciones industriales podría ser motivo real que impidiera el asentamiento de una nueva empresa? En absoluto, porque hace ya más de 40 años que existe un marco legal para la promoción de suelo industrial, y sobran polígonos industriales y suelos desarrollados donde ubicar cualquier iniciativa empresarial.

Sin embargo ¿es posible que haya en Galicia hoy en día iniciativas agrarias que no puedan llevarse a cabo por falta de tierra, cuando existen miles de hectáreas de superficie agraria abandonada? La respuesta es un rotundo sí: el acceso a la tierra agraria es un serio problema. Y la gran diferencia entre ambos casos, es la inexistencia de un marco legal desarrollado en Galicia. Hubo una clara apuesta hace una década, que fue ampliamente contestada y criticada desde posiciones políticas muy concretas, con falta de visión y altura de miras, y que paralizaron la andadura de un camino que de otra forma hubiera tenido un impacto social y económico muy positivos para la sociedad gallega.

El ejemplo de Francia

Si echáramos un rápido vistazo a la vecina Francia, donde la agricultura se considera estratégica y uno de los símbolos irrenunciables de la identidad nacional, veríamos que allí sí se ha creado, a lo largo de los años, un marco legal que ha conseguido que para un propietario francés tener un terreno agrario en estado de abandono no sea una opción, sino un problema. Se dan todo tipo de facilidades para el arrendamiento, permuta o la venta de los terrenos que cesan en la actividad agraria, a la vez que se sanciona y penaliza la posesión de una finca en estado improductivo o de abandono. 

Como resultado de ello, hay una gran movilidad de tierras, y un mercado transparente de precios de tierras agrarias, donde éstos se fijan por dinámicas que tienen que ver con la capacidad real de la tierra para producir, y no con factores estructurales de ineficiencias en el mercado de tierras. Allí sí es posible para los profesionales que inician su andadura en el sector y que quieren desarrollar un proyecto, acceder a tierras agrarias de calidad a precios de, por ejemplo, 150 euros de alquiler anual para una hectárea, con contratos a largo plazo prorrogables. Compárese con el caso de Galicia, y de otras zonas de España, donde el alquiler no es una opción, porque no existe el mercado. O porque se penaliza fiscalmente a los arrendadores, o directamente -si están jubilados- se les fulminan los complementos de mínimos de sus pensiones.

Pensamos que el caso francés es un ejemplo de éxito, que debidamente adaptado a las condiciones específicas de Galicia, nos puede servir de orientación para lograr una movilidad efectiva de nuestra tierra agraria y evitar su caída en la dinámica del abandono. ¿Qué pasos habría que dar en esa dirección?

Un marco legal adecuado

En primer lugar, tomar cuenta de la realidad y de la magnitud del problema. En los próximos 15 años abandonará la actividad agraria el 70% de las explotaciones gallegas actualmente en activo, simplemente por la jubilación de sus titulares. Mientras que en ese mismo plazo de tiempo las nuevas incorporaciones supondrán apenas un 5% de los que se van. Estamos, pues, ante un reto enorme si queremos evitar un abandono masivo de la tierra agraria y asumir la descomunal factura económica, productiva, medioambiental y social que conllevaría tal abandono.

Hace falta prever mecanismos para que las tierras de las explotaciones que cesan puedan pasar a las que permanecen en activo. Con el fin de aumentar así su base territorial y que logren ser competitivas. Para ello sería fundamental el crear un marco legal y fiscal que fomente el arrendamiento. Y para ello se necesita una reforma fiscal que no penalice a los propietarios por la percepción de alquileres, dejando exenta de tributación, o bonificando un ingreso mínimo en concepto de arrendamiento de tierras agrarias.

¿Qué incentivo puede tener para un agricultor o ganadero que se jubila, cobrar unos 3000 euros al año por el arrendamiento de unas 15 hectáreas, si ese ingreso le va a suponer la pérdida inmediata del complemento de mínimos de su exigua pensión de jubilación? Es necesario como primera medida -cuya competencia es de la Administración General del Estado- de reformar la fiscalidad de los arrendamientos agrarios con criterios realistas, y que incentiven el arrendamiento y no del abandono de las tierras que cesan en la actividad agraria.

Anticiparse al abandono de explotaciones agrarias en Galicia

En segundo lugar, hay que anticiparse al abandono de la tierra de las explotaciones que irán cesando masivamente en los próximos años: sirva como indicador el haber pasado de 10.000 explotaciones lácteas en 2014 a las 6.400 con las que se ha cerrado 2020 (una caída del 46% en apenas 6 años). Para ello hay que dinamizar la integración productiva de las superficies agrarias abandonadas, dedicando los primeros esfuerzos a la movilización de las parcelas de concentración parcelaria -hay abandonadas unas 32.000 hectáreas de gran calidad, la mayoría en la provincia de Ourense-, y a la movilización inmediata de las parcelas que están actualmente en proceso de concentración parcelaria (unas 36.000 hectáreas adicionales). 

Este modelo de movilización sobre las zonas concentradas, al modo de otros países de la UE, penalizaría y sancionaría a los propietarios que tengan sus parcelas abandonadas, y no quieran arrendarlas, venderlas o incorporarlas al Banco de Terras de Galicia. Pero en nuestra propuesta éste debería encargarse del mantenimiento y desbroce periódico de todas las tierras que su propietario le cediera para poner en alquiler, con lo cual dejaría de ser una carga onerosa para el propietario. Seguidamente se actuaría de la misma forma con las aproximadamente 35.000 hectáreas agrarias que están en proceso de concentración parcelaria según el proceso se fuera haciendo firmes.

Entiéndase que estamos pidiendo mecanismos de intervención muy enérgicos en estas superficies agrarias concentradas o en proceso de concentración, que se abandonan por sus propietarios, pero a los que se les daría siempre -antes de sancionarlos- la opción de poner sus parcelas en alquiler a través del Banco de Terras de Galicia, quien las mantendría sin coste mientras estuvieran a su cargo. Una alternativa que mantiene diferencias importantes -y una mayor eficacia- con el actual contenido del Anteproyecto de Ley de movilidad de tierras agrarias de Galicia. 

Una vez garantizados los mecanismos de movilización de esos terrenos concentrados o en proceso de concentración, se pasaría a abordar de forma realista -con objetivos anuales medibles- la puesta en producción de otras 141.00 hectáreas agrarias no concentradas. Y después a la movilización de las 230.000 hectáreas adicionales de pastos permanentes infrautilizados. Así como de las otras 400.000 hectáreas forestales que completan el actual cuadro del abandono en Galicia. Un mínimo de 800.000 hectáreas que Galicia necesita convertir en productivas.

En toda Europa existe una crisis agraria y del mundo rural. Tenemos el deber de evitar que esta crisis se convierta en una decadencia definitivas. En cada región de la Unión esta crisis tiene unas características propias, y exige que una actuación relacionada con los factores específicos en cada lugar.

En el caso de Galicia, el primer paso es posibilitar la movilidad de tierras agrarias, con la creación de un marco legal que la favorezca. Sin ese marco legal no vendrán ni las inversiones, ni la transferencia de ciencia y tecnología que se necesita para no perder el tren del relevo generacional en el campo. Ni lograremos la competitividad y la sostenibilidad que la sociedad exige hoy al mundo agrario y a la producción de alimentos.

Hacer confortable y atractiva la vida en el mundo rural

Pero no podemos quedarnos ahí. La sostenibilidad del sector agrario exige la viabilidad paralela del mundo rural. No basta con hacer posible la producción. El reto es crear también unas condiciones que hagan confortable y atractiva para las personas la vida en el mundo rural. Y esto pasa por hacer esfuerzos paralelos en inversiones, en mejoras de servicios, para que no haya brechas, diferencias de nivel de vida insalvables entre el mundo rural y el urbano. El modelo finlandés de la educación, donde existe el mismo nivel educativo para los alumnos del último rincón de Laponia que para los del centro de Helsinki, se tiene que extender como principio general desde el ámbito de la educación al conjunto de servicios públicos del mundo rural, sabiendo que en materia de desarrollo rural lo barato sale caro.

Lo caro no es invertir en adaptar las formas de vida del rural a las condiciones tecnológicas y a las facilidades del siglo XXI. O en equiparar la Galicia rural y la urbana. Lo caro es la factura de no hacerlo. La factura de la fractura social y la despoblación. La del desastre medioambiental de los incendios: que no se pueden dificultar ni apagar, porque no hay actividad que mantenga prados, cultivos y tierras de labor que interrumpan la continuidad de la biomasa y hagan de cortafuegos naturales. La factura del coste imposible de mantener el patrimonio cultural, arquitectónico, histórico del 80% del territorio de Galicia. Sólo las sociedades cohesionadas avanzan. Y una mejor agricultura y ganadería, desarrolladas, sostenibles, acompañadas de unas condiciones de vida también sostenibles, son indispensables para cohesionar la Galicia rural y la urbana. @mundiario

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