La salvación de la gran industria gallega requiere un acuerdo político

Hace pocas fechas que una voz tan autorizada como el catedrático de Economía y ex-Presidente de la Xunta, Fernando González Laxe, advertía en una conferencia sobre la crisis del sector industrial gallego. En el mismo sentido distintas voces se vienen expresando, alarmadas por la sucesión de cierres ya confirmados y por las amenazas pendientes sobre otras muchas. A ello se suma la casi nula inversión foránea, salvo para la toma de control de activos.

El declive de la industria en Europa y en España ha motivado ya distintas estrategias para contenerlo primero y revertirlo, entre otras medidas reorientando el modelo productivo. En Galicia, además, varias de las empresas amenazadas dependen de decisiones del Gobierno central, ya sea en forma de incentivos, como Alcoa, de permisos, cómo Ence o Reganosa o de alternativas, cómo Endesa. En otros casos, cómo Navantia, de la propia política industrial estatal. La lista es larga para ser reproducida aquí, habiendo provocado ya el cierre definitivo de algunas empresas importantes.

A estas alturas parece evidente que la dimensión del problema supera la capacidad de la Xunta. Los mecanismos de que dispone, financieros y normativos, podrían mejorar en eficiencia pero continuarían siendo insuficientes. Podemos envidiar lo que acontece en el Norte de Portugal pero sin olvidar que allí las decisiones son del Gobierno de Lisboa.

Necesitamos una voz en Madrid suficientemente respaldada y más allá de la coyuntura política. Si Madrid entiende que la demanda es de la Xunta popular, es poco probable que pase de las buenas palabras a las acciones. Muchas decisiones dependen del Gobierno central, mediatizado por otras Comunidades Autónomas mientras que el peso político de Galicia en la política estatal es muy bajo.

Sin la Xunta no es posible avanzar, sólo con ella es inviable. Se precisa un acuerdo de país que sume a las instituciones, autonómicas, provinciales y locales, a los agentes sociales, a los medios de comunicación, en un clamor semejante al que despertaron otras causas, como el Estatuto, el Ave o el Prestige. Y unánimemente respaldado por el mundo político. Sólo así se podrá transcender de la queja a la presión, del debate político previsiblemente estéril a situar la agenda gallega entre los principales problemas territoriales de España.

A veces nos irrita que la cuestión catalana o vasca domine el debate territorial, olvidando que, sin menospreciar otros argumentos, son comunidades que hacia fuera mantienen una estrategia constante en favor de sus intereses, en mucha mayor medida que las demás. Si no queremos que también los intereses de Teruel se nos adelanten, deberemos articular una defensa clara y respaldada.

Vamos hacia una legislatura inestable y con un Gobierno débil, dependiente de varios gobiernos territoriales que, lógicamente estarán pendientes de sus intereses. Galicia no está en ese grupo. La posibilidad de que haya algún ministro gallego no es garantía de mejor trato, pero sí una palanca que debe ser utilizada mediante el contrapeso necesario. Ley física básica y principio de acción política. @mundiario