El Puerto de A Coruña, un ejemplo de mal gobierno transversal para Galicia
El reciente protocolo firmado por el Ministerio de Fomento, la Autoridad Portuaria y la Xunta de Galicia para reordenar la fachada marítima de A Coruña demuestra que los intereses partidistas priman con demasiada frecuencia ante el interés general. Hay obras de Langosteira que siguen en el aire.
El punto de partida del conflicto actual se localiza en el Puerto Exterior de Langosteira, el cual fue diseñado con el objeto de trasladar las principales instalaciones del puerto de A Coruña, potenciar el tráfico de mercancías y liberar espacio de potencial uso urbano. El proyecto, iniciado en 2004, implicó un aumento enorme de la deuda de Puertos del Estado (incluyendo importantes sobrecostes) que pronto se vio urgido a actuar ante la reducción del flujo de ingresos esperado debido al continuado retraso de las obras. Lo cierto es que Langosteira nació sembrado de dudas sobre la idoneidad de su emplazamiento, unas dudas que, por lo visto en estos 15 años, parecen estar completamente justificadas.
En 2004 se había firmado un primer convenio entre la Xunta, el Ministerio de Fomento y el Concello coruñés, en aquel entonces presidido por Francisco Vázquez, según el cual el Puerto Exterior se financiaría con la venta de muelles a grupos inmobiliarios. Este convenio ha sido denunciado por la actual Corporación de Marea Atlántica, postura que cuenta con el apoyo de PSOE y BNG. Los tres grupos promueven un destino de interés público para los terrenos liberados.
Un protocolo a tres
Hace apenas unos días, la Xunta, Fomento y la Autoridad Portuaria firmaron un nuevo protocolo que confirmaba el plan de privatización de los terrenos del muelle de San Diego (con diferencia, el de mayor superficie) y la propiedad pública de los muelles de Batería y Calvo Sotelo, así como los terrenos de La Solana. Es decir, la privatización de un 80% de la superficie liberada frente al 20% reservado para superficie pública.
Tras excluir al Concello y a la Diputación del acuerdo, el presidente de la Xunta, en unas declaraciones insólitas por su indisimulada carga de hipocresía, invitó a ambas instituciones a entrar en la propiedad de ese 20% destinado a uso público.
La Xunta y Fomento también anunciaron que la conexión ferroviaria del Puerto Exterior será licitada en 2019. A día de hoy, esa infraestructura básica para el desarrollo del proyecto acumula un retraso de diez años.
¿Es esto admisible?
Algunos parecen haber olvidado lo que subyace en el concepto de Estado (con mayúsculas) y lo que implica la responsabilidad de su gestión. En definición de Charles-Jean Bonnin, padre fundador de la ciencia de la Administración Pública formulada a inicios del siglo XIX, esta Administración debe velar por la gestión de los asuntos relacionados con las personas, los bienes y las acciones del ciudadano como miembro del Estado, así como los de su persona, sus bienes y sus acciones vinculadas al interés público. En consecuencia, en la función del gobernante ha de prevalecer la satisfacción de los intereses o necesidades de la colectividad.
Así pues, tanto el Gobierno central (Ministerio de Fomento y Puertos del Estado), como el Gobierno autonómico, al igual que los gobiernos local y municipal (Concello y Diputación), como representantes del Estado en sus distintas competencias, tienen como obligación común el bien general.
De ninguna manera puede una operación financiera mal diseñada repercutir en la calidad de los espacios públicos de una urbe y, mucho peor, de ningún modo puede taparse un error con la entrega de terrenos de interés colectivo a grupos representativos de intereses particulares.
De igual modo, de ninguna manera puede una componenda entre administraciones hoy en día ocupadas por un mismo partido político, entramparse en una solución para un problema concreto de una institución concreta a cambio de una concesión –migajas– de lo que ya le corresponde a la colectividad por derecho propio.
Si el Puerto se va del centro de una ciudad, el espacio liberado ha de recalar en el gobierno local, depositario de la voluntad de sus ciudadanos residentes
Y de ninguna forma puede una administración –el gobierno autónomo– invadir espacios de responsabilidad obvia de otra administración distinta –el gobierno municipal– aprovechando la coyuntura impuesta por un momento de transición. Si el Puerto se va del centro de una ciudad, el espacio liberado ha de recalar en el gobierno local, depositario de la voluntad de sus ciudadanos residentes.
Por ello afirmamos que el protocolo firmado hace una semana no es admisible desde ningún punto de vista. Tampoco desde el punto de vista económico.
Estos gobiernos de la derecha, estatal y autonómico, llevan demasiados años ignorando lo que se llaman “externalidades”, que se podrían definir como el valor oculto que poseen los espacios públicos que se ceden sin una justa contraprestación para el uso privado. En Galicia, así lo han hecho con ríos, rías, cabos y bosques. Ahora lo pretenden con el litoral urbano. @mundiario
