Pilar de Lara, la superjueza en la picota

Pilar de Lara. / El Progreso
Pilar de Lara. / El Progreso

Las acusaciones que formula la inspección del Consejo General del Poder Judicial son de extrema gravedad tratándose de un juez que tiene en sus manos la instrucción de varios casos de grueso calibre que, desde el mismo momento en que se iniciaron las diligencias, provocaron auténticos terremotos en la política.

Pilar de Lara, la superjueza en la picota

Resulta muy significativa, y a la vez altamente sospechosa, la satisfacción con que se ha recibido en determinados círculos políticos la noticia de que la jueza Pilar de Lara está siendo investigada por el órgano de gobierno de los jueces por "retrasos injustificados" en su juzgado, "ficticios incrementos del volumen de trabajo" que allí se acumula y por adoptar decisiones "con manifiesto abuso procesal". Ahí es nada. Hasta diez años llevan abiertas algunas de las instrucciones iniciadas por la que muchos consideran la juez estrella de Galicia. Tal es el caso de la "Operación Carioca", una supuesta trama de prostitución y corrupción en Lugo que involucra a varios cuerpos policiales. También tiene sin cerrar la macroinstrucción de la "Pokemon", por supuestos amaños de concesiones públicas en media España, así como la "Pikachu", la "Pulpo", etc.

No lo han hecho en público, pero en privado varios de los investigados por De Lara celebran que sea formalmente llamada a capítulo por "los suyos". De entrada, creen que, se resuelva como se resuelva el expediente, la llamada de atención que en sí misma supone la apertura del procedimiento sancionador ahí está. Es como una amonestación pública. Y conlleva un cierto reproche social. De eso ya no se libra. Y lo más probable es que sea apartada de alguno de los casos, si no de todos, lo que se interpretaría como una enmienda a la totalidad de su forma de instruir, de tramitar sumarios, de formular imputaciones o de resolver recursos. (Porque, ojo, ella no juzga, ni sentencia). Es de suponer que quien se haga cargo de tales asuntos habrá tomado buena nota

El caso es que la señora De Lara aún no ha sido sancionada. Los afectados por decisiones/indecisiones, por pura coherencia, deberían ser los primeros en "concederle" la presunción de inocencia en tanto no se resuelva el expediente disciplinario que le ha sido incoado. Qué menos (aunque ya haya sufrido la condena mediática).  Y la resolución final puede llevar su tiempo, por más prisa que le haya entrado últimamente a determinados sectores del Consejo General del Poder Judicial, un órgano que, por la designación política de la sus miembros, es muy sensible a los cambios de gobierno y de mayorías políticas en las Cortes. Conviene tener presente que las investigaciones de la polémica jueza luguesa alcanzan de lleno a dirigentes de los grandes partidos nacionales, PP y PSOE, y en mucha menor medida a otros, como el Benegá, y a todos les conviene sacársela de enmedio o que al menos su profesionalidad quede en entredicho.

Es lo cierto que las acusaciones que formula la inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) son de extrema gravedad tratándose de un juez que tiene en sus manos la instrucción de varios casos de grueso calibre que, desde el mismo momento en que se iniciaron las diligencias, provocaron auténticos terremotos en la política luguesa y gallega en general. Importantes cargos públicos perdieron sus puestos institucionales, por decisión personal y, sobre todo, por imposición de sus partidos en aplicación de una doctrina sobre asunción de responsabilidades que niega el beneficio de la duda a quien se vea involucrado en un sumario policial antes incluso de que esté concluido. Ahora bien, conviene tener claro que una eventual sanción a De Lara no exculpa automáticamente a las docenas de imputados que aparecen en los inconclusos tochos sumariales, ni invalida los informes de la policía judicial, ni borra las escuchas -a veces de contenido escandaloso- que dieron lugar a las imputaciones.

Mucha gente, muy poderosa -y no sólo políticos damnificados por sus interminables instrucciones-, le tiene ganas a De Lara. A ellos también les conviene una desautorización profesional de la superjueza. De entrada, aunque parezca contradictorio, todos ellos salen ganando con el simple hecho de que se abre el expediente sancionador y su beneficio sería aún mayor si la consecuencia de la resolución disciplinaria del CGPJ es una demora aún mayor de los procedimientos en curso, inevitable en caso de serle transferidos a otro u otros magistrados. El paso del tiempo por sí mismo tiende a ablandar las cosas y los nuevos instructores entrarán en la materia con una mirada más aséptica y la obligación moral de revisar todo lo revisable con una perspectiva distinta y la "ventaja" de no haber tenido que tomar las decisiones más delicadas, esas que le ocasionaron a Doña Pilar una notoriedad tan indeseada como perniciosa. @mundiario

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