El Pilar Europeo de Derechos Sociales: Utopía para realistas

Jean-Claude Juncker.
Jean-Claude Juncker.

Juncker sostiene que debía desarrollarse “un pilar europeo de derechos sociales que tenga en cuenta las cambiantes realidades de las sociedades europeas y el mundo del trabajo y que pueda servir de guía para una convergencia renovada en la zona euro”.

El Pilar Europeo de Derechos Sociales: Utopía para realistas

Alberto Escobar Rivas

Una de las causas de la inestabilidad política actual y la creciente desafección ciudadana hacia la Unión Europea está relacionada con la crisis económica y sus devastadores efectos en términos de desempleo, pobreza y desigualdad. En particular, la recesión ha supuesto un gran reto para todos los países en que la legislación laboral fue diseñada para favorecer a grupos específicos de trabajadores protegidos (por ejemplo, aquéllos con contrato indefinido en España o empleados públicos en Grecia), ya que el paro y la pobreza se han cebado con los segmentos más débiles de la sociedad (jóvenes, inmigrantes y trabajadores menos cualificados y de mayor edad).

A pesar de la recuperación económica de los últimos años, no hay espacio para la complacencia. El paro juvenil y el desempleo de larga duración siguen siendo problemas gravísimos y también la principal fuente de desigualdad de renta. A estos tradicionales desafíos se les unen otros más recientes, endémicos de la sociedad europea del siglo XXI. Señaladamente, el envejecimiento de la población y la naturaleza de los puestos de trabajo que se crearán a causa de la globalización y los cambios tecnológicos están destinados radicalmente los objetivos y necesidades de la política social.

Según los Tratados de la UE, la política social es una materia de competencias compartidas (y así debe permanecer, podríamos añadir). Corresponde a los Estados Miembros decidir sobre las prioridades sociales y la reglamentación para alcanzar esos objetivos. Además, debemos tener presente que la UE ha de implementar medidas que no impliquen grandes gastos (dadas las restricciones presupuestarias de todo Marco Financiero Plurianual) ni generar transferencias permanentes entre países. No obstante, las políticas supranacionales están llamadas a desempeñar un papel fundamental complementando los programas nacionales.

La dimensión social de la UE

Una de las prioridades de la actual Comisión Europea está siendo ampliar la dimensión social de la UE. En su primer discurso ante el Parlamento Europeo, el 9 de septiembre de 2015, Jean-Claude Juncker, actual presidente de la Comisión, abordó el esbozo de un programa de actuación social para su mandato. En su intervención señaló la necesidad de conseguir un mercado de trabajo justo y verdaderamente paneuropeo, término este último reminiscente de las iniciativas primigenias del conde Coudenhove-Kalergi en pro de la unidad del continente. Juncker declaró en particular que “la movilidad laboral es bienvenida y necesaria para que prosperen la zona euro y el mercado único, pero ha de basarse en normas y principios claros. El principio fundamental que ha de guiar nuestra actuación debe ser garantizar la misma remuneración por el mismo trabajo realizado en el mismo lugar”.

Así mismo, en su discurso Juncker señaló que debía desarrollarse “un pilar europeo de derechos sociales que tenga en cuenta las cambiantes realidades de las sociedades europeas y el mundo del trabajo y que pueda servir de guía para una convergencia renovada en la zona euro”. Meses después de este discurso, en un contexto donde la crisis de los refugiados estaba drenando considerablemente la credibilidad de la Comisión, las iniciativas que desarrollaban este programa empezaron a ver la luz en el contexto del diseño de una UE post-Brexit.

En la cumbre social de Gotemburgo de 17 de noviembre de 2017, los dirigentes de la UE proclamaron solemnemente este Pilar Europeo de Derechos Sociales. Esta declaración institucional, no vinculante, recoge veinte grandes principios articulados en torno a dos grandes ejes. Uno, relativo a las garantías de los trabajadores, defiende la igualdad de oportunidades en el acceso al mercado de trabajo y la preservación de unas condiciones laborales justas. El otro, de vocación más amplia en lo subjetivo, reivindica un nivel de protección social adecuado y sostenible. Uno de los objetivos del Pilar es aumentar el presupuesto social de la UE, que actualmente representa solo el 0.3% del gasto público social en los 28 Estados Miembros.

Previamente, la propuesta de Pilar Europeo de Derechos Sociales había sido objeto de un Dictamen del Comité de las Regiones (CdR), aprobado en la sesión plenaria del 11 de octubre de 2016. En la opinión de este organismo consultivo, el Pilar “puede contribuir a la coordinación de las políticas y los derechos sociales en los Estados miembros e impulsar una convergencia al alza”, debiendo considerarse prioritario en las decisiones que se adopten en su momento “salvaguardar el acceso a los sistemas de protección social y los servicios públicos”.

Reforzar los derechos sociales

Como no podría ser de otra forma, el CdR también destaca el valor añadido que supone la participación de los entes locales y regionales en el debate, ya que ello pone de manifiesto e implica el reforzamiento “de la dimensión territorial de los asuntos socioeconómicos que se plantean a nivel global en las políticas de la UE y de un enfoque de base local a la hora de diseñar y aplicar políticas socioeconómicas”. Además, confía en que la propuesta de la Comisión contribuya a “reforzar aún más los derechos sociales, ya sean individuales o colectivos, recogidos en la Carta de Derechos Fundamentales de la UE”.

Desde un plano mucho más concreto de atención, que afecta especialmente a la dimensión regional y local, el Dictamen señala también que “algunos entes locales y regionales han utilizado las políticas de contratación pública para animar o exigir a sus contratistas que remuneren de manera justa al personal contratado, lo que puede ser un acicate más para que las organizaciones adopten prácticas laborales justas; recuerda por otro lado que la legislación de la UE no se opone a la exclusión de un licitador de un procedimiento de adjudicación de un contrato por haberse negado a retribuir a su personal con el salario mínimo legal”.

En este momento, el Pilar Europeo de Derechos Sociales sigue siendo algo bastante nebuloso. Dada la omnipresencia de las negociaciones del brexit y del Marco Financiero Plurianual, parece que el Pilar Europeo de Derechos Sociales no está (ni se le espera) en el centro del debate político de la Unión. Sin embargo, sería un grave error permitir que las disputas entre los Estados Miembros ensombreciesen la necesidad de materializar los objetivos del Pilar en un programa de políticas públicas que muestre a los ciudadanos el rostro de la Europa social.

Ante la timidez del Consejo Europeo, el Parlamento aprobó el 24 de octubre de 2016 una resolución a favor de que en un plazo de cinco años la Eurozona disponga “de un instrumento fiscal que provoque un efecto estabilizador para situaciones de emergencia”. Es decir, la Eurocámara se ha pronunciado a favor de un régimen europeo de prestación por desempleo. Esta iniciativa sin duda contribuiría a evitar que las oscilaciones del ciclo económico condujesen a desequilibrios estructurales profundos, tal y como sucedió durante la crisis del euro.

Tiempos de euroescepticismo

Otras propuestas, esta vez procedentes del mundo académico, formuladas con el fin de llevar a Europa hacia una "clasificación triple A social", en palabras de Juncker, son las siguientes: (1) Un papel activo de los fondos estructurales y de cohesión y de iniciativas recientes como la Garantía Juvenil y el Paquete de Inversión Social para reducir las grandes disparidades entre países en sus políticas de inversión en capital humano (cuidado y educación en la infancia, política educativa, políticas activas del mercado de trabajo, etc.), (2) la mejora del intercambio de información y la cooperación administrativa entre países para evitar el llamado "turismo social" y (3) la vinculación de la recepción de fondos comunitarias al cumplimiento de las normas sobre libre movilidad laboral o cuotas de refugiados, ya presentes en la propuesta de MFP 2021-2017 de la Comisión.

En estos tiempos de euroescepticismo y de desafección hacia la UE por parte de los perdedores de la crisis económica, sería una equivocación histórica que las instituciones comunitarias ignorasen durante más tiempo la cuestión social. En consonancia con el principio de subsidariedad que inspira el funcionamiento de la UE, las regiones como Galicia deben jugar un papel fundamental en el diseño de políticas públicas destinadas a resolver los problemas sociales del siglo XXI. Ahora más que nunca, es urgente la implantación de una actuación coordinada, a la vez que descentralizada, con el fin de cumplir la misión que proclama el artículo 3 del Tratado de la Unión Europea: “La Unión combatirá la exclusión social y la discriminación y fomentará la justicia y la protección sociales”. @mundiario

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