La judicatura y la fiscalía, contra el socialismo gallego

La exoneración judicial en la causa seguida durante seis años contra Pachi Vázquez, secretario general de los socialistas gallegos, portavoz parlamentario y candidato a la Presidencia de la Xunta, no ha ido seguida de ningún tipo de disculpa por parte de la Fiscalía. La jueza ha reconocido que no constaba en la documentación ninguna advertencia de ilegalidad por parte de la fedataria pública municipal, algo que podía haberse constatado desde el primer momento. Las razones de esa extraña causa, iniciada de oficio una década después de los supuestos hechos delictivos, ralentizada casi siempre y reactivada al ritmo de los procesos electorales hasta llegar al final previsible, permanecen ocultas.

La justicia podrá ser ciega en las alegorías con las que acostumbra representarse a sí misma, pero no es sorda ni ignorante. Quienes la instruyen, jueces y fiscales, no ignoran las consecuencias de actuar, dejar pasar el tiempo o inhibirse en cada caso. Consecuencias personales con frecuencia graves, consecuencias económicas nunca despreciables y, en los casos a los que nos referimos, consecuencias políticas irreversibles. En la lucha política actual, el procedimiento más rápido para desembarazarse de un rival molesto es la denuncia judicial interesada que dé lugar a una imputación. El ruido mediático y la falta de criterios claros en el mundo político, harán el resto.

Sin salir de Ourense, el alcalde socialista Francisco Rodríguez fue detenido en condiciones ignominiosas hace ocho años y procesado por varios delitos, por lo que dimitió. La instrucción ha superado cualquier duración razonable sin que se conozca su final. La jueza que lo imputó junto a un centenar de personas, ha terminado por ser sancionada y trasladada pero los imputados siguen con sus vidas alteradas y con la sanción social aneja. Aún en Ourense, la concejala de Urbanismo Áurea Soto fue objeto de una persecución judicial con siete imputaciones y tres juicios. De todos salió absuelta pero debió dimitir. Fue el precio pagado por intentar poner orden en la jungla urbanística de aquella ciudad. Uno de sus acusadores, Gonzalo Pérez Jácome,  es ahora pintoresco alcalde de la ciudad con el apoyo del PP y de sus dirigentes, Baltar y Feijóo.

López Orozco fue alcalde de Lugo. / A3

El alcalde de Lugo, Xosé López Orozco, inicialmente imputado en varias causas que determinaron la pérdida de la Alcaldía,  ha visto ya el archivo de siete causas si bien todavía permanece imputado en otras dos, tras un lustro de investigaciones descritas por los letrados como novelescas. También en Lugo fue imputado hace cinco años Xosé Ramón López Besteiro, entonces secretario general del PSdeG - PSOE . Dimitió de sus cargos pero la investigación judicial no ha avanzado.

Demasiados casos similares para considerarlos sin conexión. El Consejo General del Poder Judicial, una sinecura para sus integrantes, ha tardado muchos años en reaccionar y lo ha hecho sólo a medias. La Fiscalía General del Estado permitió una actuación irregular del Fiscal Superior de Galicia. Lo cierto es que, sólo en los casos citados, el socialismo gallego perdió dos alcaldías importantes y a dos de sus máximos dirigentes. Por acción y por omisión, ambas ramas de la Justicia, en los casos descritos, se han alineado con los intereses del Gobierno gallego.

Es un tópico para todos los Ministros de Justicia españoles anunciar una reforma procesal. Ninguno lo ha hecho. Las resistencias corporativas son mayúsculas. La pésima costumbre de nombrar al frente de dicha cartera a profesionales de la Justicia, termina bloqueándolos antes de iniciar la reforma. Así la Justicia aparece en todas las encuestas de opinión con mala valoración y como agente de retraso económico. La ventaja que otorga la seguridad jurídica española se debilita con un sistema judicial arcaico y no siempre justo. @mundiario