El incremento del gasto militar, una oportunidad industrial en Galicia
Con oscurantismo se adjudicó la cesión de la antigua fábrica de armas de Santa Bárbara en A Coruña, luego General Dyamics, a una empresa que carecía de capital. Todo terminó como era previsible, sin fabricar nada, sin pagar a los supuestos empleados, con deudas al Ministerio de Defensa y a la Seguridad Social.
El pasado mes de julio en la cumbre de la OTAN, el Presidente del Gobierno ratificaba el compromiso de elevar el gasto militar de España hasta el 2% del PIB. El objetivo se alcanzará de forma paulatina hasta 2024. Cabe señalar que el gasto actual es del 0´93%, uno de los más bajos de entre los países miembros de la Alianza Atlántica. El citado objetivo, que ya había sido asumido por el anterior Gobierno, ha sido demandado de forma recurrente por la actual Administración norteamericana.
Sin duda, un incremento tan notable del gasto en un sector muy especializado, que en diferentes proporciones será replicado en los demás países de la Alianza, es una oportunidad para las empresas de un sector en el que actualmente España es ya un actor relevante, con ventas al exterior por valor de 4.346 millones de euros el pasado año, una progresión notable sobre años anteriores y que cuadriplica el nivel de hace una década, además de situar a nuestro país en la séptima posición mundial por volumen de ventas. El sector genera más de 200.000 empleos.
El catálogo de empresas del sector que publica el Ministerio de Defensa, que suma 256 compañías, recoge pocas empresas gallegas: Uro, dedicada a vehículos industriales, Freire y Rodman, astilleros, Detegasa, Forove , Gauzón e Intaf Promocan, industria naval auxiliar, Pecofacet, sistemas de filtración, Norinver, ingeniería, Electrosoni, Argonet y Arteixo Telecom, telecomunicaciones, Elinco, Isowat, y Tecman instalaciones y Hércules de Armamento que nada fabrica y de la que luego hablaremos. Además existen otras grandes empresas estatales con centros de producción radicados en Galicia, como Navantia o Indra.
Los expertos hacen énfasis en la oportunidad que representa el nuevo compromiso de gasto, no sólo en los aspectos financiero y de inversión, sino especialmente en la oportunidad de establecer una cooperación más sólida entre los ámbitos empresarial, investigador y de defensa, ante la evolución del concepto de Seguridad Nacional, basado en escenarios inéditos en los que las estrategias “multidominio” se impondrán a los tradicionales sectores de actividad naval, terrestre o aérea. No se trata sólo de la incorporación del ciberespacio sino de las nuevas formas de integrar sistemas en una mayor capacidad de respuesta antes los riesgos.
Como en todos los sectores de la economía española, también en defensa y seguridad predominan las pequeñas y medianas empresas. Para facilitarles tanto el acceso a la I+D, como los procesos de certificación y homologación, indispensables para los procesos de licitación, es imprescindible el concurso de la Xunta de Galicia. Es cierto que con la actual orientación de las líneas de recursos, tanto del Igape como de la Axencia de Innovación, no es posible acometer grandes operaciones. Se impone una reordenación de esas líneas de apoyo. Igual que la industria auxiliar de la automoción se está reorientando hacia la aeronáutica sin dejar de atender a su actividad habitual, también aquí es posible facilitar que más empresas de los distintos subsectores implicados, se provean de los mecanismos y cualificaciones para la defensa.
El caso de Hércules de Armamento, una oscura maniobra del Partido Popular con el Alcalde Negreira y el Conselleiro de Industria como protagonistas, es una clara muestra de lo que no se debe hacer. Con oscurantismo se adjudicó la cesión de instalaciones de la antigua fábrica de armas de Santa Bárbara, luego General Dyamics en A Coruña, a una empresa que carecía de capital, de experiencia y de compromisos de carga de trabajo. Todo terminó como era previsible, sin fabricar nada, sin pagar a los supuestos empleados, con deudas al Ministerio de Defensa y a la Seguridad Social, mientras desde la Administración popular se bloqueaba cualquier solución. Hasta que el nuevo Gobierno del Presidente Sánchez decide actuar de la única forma posible: rescatando la concesión.
Convendría evitar la repetición de errores, diseñar una estrategia orientada a ganar peso de las industrias gallegas en las futuras licitaciones de material y equipamientos de defensa y seguridad, poniendo al servicio de ese proyecto, entre otras actuaciones, las actuales instalaciones que ocupan 263.000 metros cuadrados. @mundiario
