Impulsa Galicia: balance de una sociedad público-privada entre la polémica y el cierre
En 2021, con la llegada de los fondos europeos Next Generation EU destinados a la recuperación pospandemia, la Xunta puso en marcha una sociedad público-privada para acelerar proyectos industriales estratégicos: Impulsa Galicia. Con un 40% de capital autonómico –ascendía a más del 48% si se sumaba la participación indirecta a través de Reganosa y Sogama–, el Ejecutivo gallego se reservó la presidencia y el control de las decisiones. En el accionariado figuraban también Abanca (38%), Reganosa (12%) y Sogama (10%).
Su objetivo era “madurar” propuestas incluidas en la candidatura gallega a los fondos europeos y atraer inversores. Entre sus iniciativas más conocidas estuvo el acuerdo con la portuguesa Altri para instalar en Palas de Rei una planta de celulosa y fibras textiles, un pacto firmado en 2021 que sigue siendo secreto con el argumento de que se trató de un “negocio jurídico privado” suscrito por una empresa –no directamente por la Xunta–, aunque la rubricara el entonces conselleiro de Economía, Francisco Conde.
Desde su creación, el Consello de Contas reclamó que la sociedad fuese auditada, al considerar que, por su control público, instalaciones, objeto social y conexión con fondos públicos, debía rendir cuentas. El BNG y el PSdeG respaldaron estas peticiones, pero la Xunta alegó que su participación no alcanzaba el 50% y se negó a la fiscalización.
La disolución, aprobada este verano, se justifica –según la Xunta y sus socios– por haber “cumplido el propósito fundacional” y por la creación de otros instrumentos que asumieron sus funciones, como Recursos de Galicia (RDG), otra sociedad público-privada que participa directamente en proyectos, desde empresas eólicas hasta la futura mina de Doade. La Xunta defiende que el balance incluye “logros” como el propio RDG, un centro de datos en Curtis (A Coruña) y la tramitación de la fábrica de Altri, que estaría pendiente de financiación europea y conexión eléctrica.
Críticas de BNG y PSOE
El BNG considera que la liquidación sin hacer público el acuerdo con Altri es “un ejemplo de opacidad” y una “privatización de recursos naturales” mediante un “chiringuito” sin control. Reclama explicaciones sobre cómo se recuperará el capital público invertido.
Por su parte, el PSdeG interpreta el cierre como “el fracaso absoluto de la política industrial del PP”, denuncia la “falta de transparencia” y sospecha que esta maniobra pretende proteger el acuerdo con Altri de la fiscalización institucional. Su diputada Patricia Iglesias recuerda que la planta de Palas (Lugo) no reúne requisitos para optar a fondos públicos y que otros proyectos emblemáticos, como el centro de datos de Curtis, llevan un año sin avances visibles.
La hora de Recursos de Galicia
La controversia sobre Impulsa Galicia deja al descubierto un dilema recurrente en la política económica: cómo conjugar agilidad y colaboración público-privada con transparencia y rendición de cuentas. Para el PP y la Xunta, el modelo permitió atraer inversiones y articular proyectos estratégicos en tiempo récord. Para la oposición, el coste ha sido una pérdida de control democrático sobre el uso de fondos y la orientación de la política industrial.
Con la sociedad ya disuelta, el debate se desplaza a su heredera parcial, Recursos de Galicia, que afronta ahora el reto de demostrar que puede gestionar proyectos estratégicos con un grado de transparencia y control público que evite reproducir las mismas críticas que acompañaron a su predecesora. @mundiario