Buscar

Galicia también necesita en materia de justicia el cambio que puede llegar con el 5-A

El Gobierno de Galicia podría abanderar la reivindicación autonómica para el diseño de un nuevo mapa judicial apegado y en consonancia con la diseminación caracterizadora de su población.
Galicia también necesita en materia de justicia el cambio que puede llegar con el 5-A
Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en A Coruña.
Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en A Coruña.

Firma

Alfonso Villagómez

Alfonso Villagómez

El autor, ALFONSO VILLAGÓMEZ, columnista de MUNDIARIO desde su fundación en 2013, es doctor en Derecho por la USC y magistrado. Fue letrado del Tribunal Constitucional y asesor del Defensor del Pueblo. También formó parte del Gabinete del Ministerio de Justicia entre los años 2004 y 2008. Fue colaborador, entre otros medios, del diario Xornal de Galicia. @mundiario

El Estado de las Autonomías concentra en el Poder Judicial el último reducto de centralización orgánica y funcional de los servicios públicos. En Galicia, como en el resto de comunidades autónomas, la culminación de la  estructura jurisdiccional gallega se sitúa en su Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), un órgano contemplado en el Estatuto de Autonomía, que, sin embargo, no es un organismo autonómico, sino la expresión del poder judicial del Estado.

Desde su fundación en 1985, el TSXG ha venido elaborando una memoria anual en la que su presidente da cuenta del estado y necesidades de la justicia en Galicia. Un estado de la justicia gallega que está muy lejos de ser favorable ante las carencias y deficiencias que presenta la organización y funcionamiento de los juzgados y tribunales gallegos.

Organizativamente, la justicia es rehén en Galicia de una planta y demarcación que siguen estando alejadas de la realidad territorial de Galicia. Y funcionalmente, jueces y magistrados aportan una de las más elevadas cargas de trabajo de todo el Estado.

Desde la Xunta de Galicia no se puede sostener que la justicia haya estado entre las prioridades de los gobiernos autonómicos que se han sucedido desde 1981.

El Gobierno gallego dispone, sin embargo, de un elenco de competencias limitadas pero muy efectivas si se supieran ejercer de la manera más determinante para los intereses de los justiciables y profesionales gallegos.

Galicia podría abanderar la reivindicación autonómica para el diseño de un nuevo mapa judicial apegado y en consonancia con la diseminación caracterizadora  de su población. Además, Galicia podría liderar el protagonismo definitivo de las políticas de justicia de la mano de  la Administración central.

Se supone que Galicia tiene que hacer oír su voz con más fuerza en la conferencia sectorial de Justicia por medio de una nueva y potenciada consellería de Xustiza. Galicia también necesita en materia de justicia el cambio que puede llegar con las elecciones del próximo 5 de abril. @mundiario