Galicia tiene un independentismo más residual de lo que parece

Una docena de independentistas gallegos se sientan estos días en el banquillo de la Audiencia Nacional. La Fiscalía pide para ellos más de un centenar de años de prisión. Les acusa de ensalzar las acciones terroristas de Resistencia Galega, la organización armada de cuya existencia real, como en el caso de las meigas, todavía hay quien duda, a pesar de que durante casi una década sembró Galicia de ollas a presión cargadas de explosivos para atentar contra sedes de partidos políticos, casas consistoriales, obras públicas, oficinas bancarias o domicilios de personajes públicos. Los encausados niegan tener vinculación ni simpatizar con las acciones de grupos violentos. Lo único que reconocen -y no todos- es afinidad con los objetivos políticos que dicen perseguir tales grupos, aunque no creen que eso pueda ser delito en un estado democrático. Tampoco ocultan haberse movilizado en solidaridad con presos gallegos, ellos sí, condenados por terrorismo.

La tal Resistencia Galega vendría a ser de algún modo la heredera del Exército Guerrilheiro do Povo Galego Ceive (EGPGC), que alcanzó su mayor grado de notoriedad, en 1988, con la voladura parcial del chalé de Manuel Fraga en Perbes y posteriormente con la explosión de una bomba en una discoteca compostelana que costó cuatro vidas. Durante un tiempo al EGPCG le dio por "atentar" contra los intereses de narcotraficantes, tal vez en busca de la complicidad ciudadana de la que nunca gozó. Actualmente Resistencia Galega, que practicaba un terrorismo de baja intensidad, con daños materiales y sólo algún que otro herido, lleva mucho tiempo sin dar señales de vida. Las autoridades policiales la dan por desarticulada. A día de hoy, según los expertos, no existe en Galicia amenaza terrorista alguna, salvo que consideremos terrorismo la acción de los delincuentes que provocan intencionadamente los incendios forestales, o que hagan de presencia los radicales islámicos. 

Una vez que desapareció del mapa Resistencia Galega, la mayoría de los gallegos apenas tenían constancia de la existencia de grupos independentistas hasta que se desató, en dos fases, la Operación Jaro, por la que ahora se juzga en Madrid a los supuestos simpatizantes del separatismo violento. El propio juicio en la Audiencia Nacional le ha otorgado al independentismo una presencia mediática que para nada se corresponde con su implantación social. A la artificial amplificación del fenómeno contribuye también la difusión de manifiestos de intelectuales vinculados al nacionalismo, el sobenarismo o el rupturismo en la misma medida que una manifestación por las calles de Santiago, con la que se denuncia la criminalización del independentismo como ideología.

Los estudios sociológicos y el análisis del comportamiento del electorado gallego evidencian que, incluso en sus fases más expansivas, el nacionalismo en Galicia es minoritario. Y el independentismo, absolutamente residual. Nada que ver con Catalunya o Euskadi. Es más, hay barómetros sociológicos que detectan la existencia entre nosotros de una proporción mucho mayor de antiautonomistas -o españolistas, si se prefiere- que de defensores del derecho de autodeterminación. Es algo que saben muy bien los actuales líderes del Bloque, en cuyo seno, seguramente por puro tacticismo, los soberanistas se han resignado a que la denominada "cuestión nacional" pase a un segundo plano y se ponga todo el énfasis en algo tan poco revolucionario como la necesidad de articular un modelo a la gallega para hacer frente a la devastadora crisis de la Covid-19. La gente de a pie urge soluciones para su día a día. La conquista de la independencia no corre tanta prisa. Ahora no toca, diría Pujol. @mundiario