El Consultivo interviene por irregularidades en la compra de viviendas por la Marea Atlántica

Xiao Varela y Xulio Ferreiro durante una visita al asentamiento en el que se desarrolla el Plan municipal de Acceso al Hábitat Digno. / Ayuntamiento de A Coruña
Xiao Varela y Xulio Ferreiro durante una visita al asentamiento en el que se desarrolla el Plan municipal de Acceso al Hábitat Digno. / Ayuntamiento de A Coruña

En el último pleno se aprobó el envío de todo el expediente del concurso de compra de vivienda pública al Consello Consultivo, ante presuntas anomalías en los inmuebles adquiridos por el ejecutivo coruñés. Esta medida fue aprobada por unanimidad de la oposición, ante la abstención de la Marea.

El Consultivo interviene por irregularidades en la compra de viviendas por la Marea Atlántica

Lo que en un principio iba a ser un concurso ordinario para ampliar el parque de vivienda pública en A Coruña se está convirtiendo en un quebradero de cabeza para el ejecutivo coruñés. En el pleno del pasado miércoles, con los votos a favor de PP, PSOE y BNG, quedó aprobado enviar todo el expediente del concurso de compra de vivienda pública al Consello Consultivo, ante las presuntas irregularidades detectadas en tres de los inmuebles adquiridos por la Marea Atlántica. El ejecutivo de A Coruña se abstuvo en la votación, pero una hora antes aprobó en junta de gobierno enviar al Consultivo la compra de dos de esos pisos, en los que un informe de la asesoría jurídica señaló anomalías.

Los tres representantes de la oposición, Rosa Gallego (PP), José Manuel Dapena (PSOE) y Avia Veira (BNG) coincidieron en señalar la existencia de múltiples incumplimientos en las bases del concurso, al que se destinan 1,2 millones de euros. Hicieron especial hincapié en la adquisición de dos inmuebles que presuntamente no cumplen las condiciones requeridas, y que fueron ofertados por Toni Lodeiro Zas, un firmante de la Marea Atlántica que trabaja desde el 2015 como consultor para el gobierno de Ada Colau en Barcelona. En concreto, se trata de dos activos, uno ubicado en la calle Santander 23, 3º, por el que el Concello pagó 91.290 euros, y el otro en la calle Joaquín Martín Martínez, 10,4ºA; sobre el cual la administración desembolsó 54.575 euros. Sobre este último, fuentes de La Voz de Galicia señalan que ni en el Registro Mercantil ni en el Catastro el inmueble figura con la categoría de vivienda, sino como "oficinas" o restringido a usos de "local comercial". Las bases del concurso, sin embargo, especifican la adquisición de "edificios y viviendas", sin mencionar ninguna otra categoría.

Por otra parte, la oposición denunció que no fue hasta el pasado 23 de enero cuando la Marea Atlántica anunció el final del proceso de compra para aumentar el parque público de inmuebles destinados a usos sociales. Lo hizo a través del Boletín Oficial de la Provincia (BOP), en cuyas páginas se publicó el edicto de publicación de los contratos de compraventa y las referencias de las seis viviendas adquiridas, una vez cribada la selección de 14 ofertas admitidas. Sin embargo, los documentos municipales que autorizaban la compra de los pisos objeto de controversia, datan del 12 y el 19 de diciembre de 2017, por lo que las compras se efectuaron sin hacer pública esa información. Además, para cuando se publicaron los acuerdos, no figuraban en ellos las resoluciones previas, sino, únicamente, el "edicto de publicación dos contratos de compravenda dos inmobles", que habían sido rubricados el 28 de diciembre, casi un mes antes, y sin que nada se hiciese público entonces.

Durante la Junta de Gobierno local, previa al pleno, intervinieron tanto el responsable de Rexeneración Urbana, Xiao Varela, como el de Contratación, Alberto Lema. Varela, coincidió en que uno de los pisos no cumplía las exigencias, pero matizó que la asesoría jurídica municipal daba por válido el otro, y que había un tercero también fuera de los parámetros. En la misma se acordó que el expediente fuera remitido al Consello Consultivo para depurar las irregularidades y responsabilidades. No obstante, en el pleno posterior, el Gobierno de la Marea Atlántica se abstuvo, ya que solo uno de los pisos denunciados por el PP no entra en las exigencias del concurso, existiendo discrepancia en el otro.

Rosa Gallego enumeró las "irregularidades" en la compra de viviendas, y acusó al gobierno de Ferreiro de intentar desviar la responsabilidad a los funcionarios. También afirmó que exigirían "que paguen los gastos de su bolsillo" y que acudirían "a la Justicia, si hace falta". La portavoz del PP fue la única en reclamar la dimisión a los concejales Xiao Varela y Alberto Lema. Por su parte, José Manuel Dapena se centró en consultar a Varela las razones de no publicar los acuerdos en el BOP, y subrayó que los acontecimientos "generan una responsabilidad política que deben asumir quieran o no". La portavoz del BNG, Avia Veira, matizó que la cuestión de la filiación política del vendedor es secundaria, pero reclamó que se envíe todo el expediente al Consultivo por "hixiene", y denunció la existencia de "múltiples erros no expediente e unha interpretación laxa das bases".

El edil de Rexeneración Urbana, Xiao Varela, aseguró que actuarán "en consecuencia" cuando el Consultivo emita su dictamen, y reconoció que en algunos inmuebles hay "incumprimentos de carácter menor e emendables, que non invalidan a compra", mientras que otros tienen problemas "de maior entidade". Varela también se comprometió a revisar las bases del próximo concurso para que goce de una mayor seguridad jurídica. Por su parte, Ferreiro contestó a las acusaciones de "clientelismo" que "non houbo decisión de comprar os pisos nin polo propietario nin por unha intervención política".

Finalmente la votación resultó en que se remitirá al Consultivo el expediente íntegro, que incluye el piso en el que están de acuerdo -en la calle Joaquín Martínez-, el de la calle Santander, donde hay discrepancia, y el que aportó el Gobierno, en la calle de la Barrera. @mundiariogalici

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