El Concello da Coruña vuelve a ser protagonista en un proceso judicial, ahora en el Supremo

Palacio Municipal de A Coruña en la plaza de María Pita.
Palacio Municipal de A Coruña en la plaza de María Pita.

El Tribunal Supremo juzga si el Ayuntamiento de A Coruña debe indemnizar a la compañía OHL Servicios Ingesan, que pide una compensación tras la prolongación del contrato de ayuda en el hogar manera forzosa.

El Concello da Coruña vuelve a ser protagonista en un proceso judicial, ahora en el Supremo

El Ayuntamiento de A Coruña se encuentra nuevamente en el centro de una controversia legal, ya que el Tribunal Supremo está evaluando si debe indemnizar a la empresa OHL Servicios Ingesan, lo que podría establecer un precedente en toda España. La empresa exige compensación debido a la prolongación forzosa de su contrato de ayuda en el hogar por parte del Ayuntamiento. Aunque el Tribunal Superior gallego desestimó su demanda, existen resoluciones judiciales contradictorias en este asunto, según avanza el diario La Opinión.

El caso se origina en la práctica de las administraciones de forzar la continuidad de los contratos de empresas que prestan servicios públicos cuando los contratos expiran y no se ha llevado a cabo un nuevo concurso para reemplazarlas. OHL Servicios Ingesan demandó al ayuntamiento gobernado por el PSOE por imponer una prórroga obligatoria en su contrato de Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD). A pesar de que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) no falló a su favor, el Tribunal Supremo ha aceptado considerar el caso para establecer jurisprudencia en todo el país, dada la existencia de sentencias contradictorias en otras instancias.

El contrato en cuestión se suscribió en marzo de 2018 por dos años, con la posibilidad de una prórroga por acuerdo mutuo por otros dos años, lo cual debería solicitarse seis meses antes del vencimiento del plazo inicial. A pesar de ello, OHL notificó con ocho meses de anticipación que no deseaba continuar prestando el servicio. Según las condiciones del contrato, el Ayuntamiento tenía la facultad de "acordar la prórroga obligatoria para el contratista".

Aunque el contrato de ayuda a domicilio debía renovarse en marzo de 2020, la adjudicación del nuevo contrato se demoró casi tres años. Durante este período, la empresa continuó operando hasta que se implementaron los nuevos contratos en abril de este año,

Un preaviso suficiente

La empresa argumenta que tuvo un preaviso suficiente para que el Ayuntamiento pudiera preparar un nuevo concurso y sostiene que debe ser compensada por lo que considera el "precio real" del servicio durante la prórroga. Sin embargo, el juez de lo Contencioso-Administrativo nº2 de A Coruña respaldó al Ayuntamiento. El juez también rechazó la demanda de indemnización, ya que pensó que las prórrogas eran legales y no equivalían a una modificación del contrato que justificara una compensación.

OHL apeló al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que mantuvo la decisión del juez. Sin embargo, la empresa sostiene que el criterio del TSXG es discordante con sentencias en otras partes de España. Ante esta discrepancia, el Tribunal Supremo ha aceptado revisar el caso, ya que hay "interés casacional", es decir, sentencias contradictorias en instancias inferiores que requieren una aclaración de la doctrina legal.

El diario coruñés de Prensa Ibérica explica que la decisión del Tribunal Supremo en este caso podría sentar un precedente importante para establecer si las empresas deben ser compensadas por prórrogas forzosas en contratos de servicios públicos y definir los principios legales que deben aplicar en situaciones similares en toda España.

Politización de los servicios municipales

Entre tanto, el proceso de desprofesionalización y politización de los servicios municipales del Concello de A Coruña, gobernado en solitario por el PSOE, está agravándose.

La política de personal y recursos humanos que impone el concejal José Manuel Lage Tuñas avoca al Ayuntamiento coruñés a una situación de clientelismo. Avocar hace referencia a una autoridad que resuelve un asunto que debería ser tratado por un órgano inferior.

La nueva y mastodóntica estructura directiva que ya avanzó MUNDIARIO el pasado 31 de julio, se completa ahora, en plena canícula, con una serie de nombramientos que requieren un análisis de legalidad. @mundiario

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