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Claves de la política sanitaria en Galicia

Los recortes, las privatizaciones, la politización de la gestión, la falta de transparencia y, en último extremo, el cambio de modelo, amenazan el sistema sanitario público gallego.

Claves de la política sanitaria en Galicia
Hospital de A Coruña.
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Batas Blancas

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Reúne a profesionales relacionados con la medicina que creen en "una medicina ética", basada en la evidencia y orientada hacia el paciente, "de calidad tendente a la excelencia", con una administración "honesta y transparente" y unas relaciones personales basadas "en el respeto y la tolerancia".

En Galicia, como en el resto de España, todavía disfrutamos de un buen sistema sanitario que deviene de la Ley General de Sanidad (1986): un sistema sanitario público, universal, gratuito y de calidad. Un sistema realmente eficiente ya que, con un coste mucho menor que el coste medio de la UE, obtiene unos mejores resultados en salud (1).

Sin embargo, como consecuencia de la política sanitaria neoliberal de la derecha española, que ha aprovechado la crisis económica para introducir cambios importantes en el modelo, nuestro sistema sanitario es hoy menos universal, menos gratuito, mucho menos público y empieza a ser de menor calidad.

Veamos, a continuación, algunas de las claves de la política sanitaria aplicada en Galicia por el Gobierno del Partido Popular del Presidente Feijóo y de sus consecuencias para nuestro sistema sanitario público.

Recortes en la sanidad

Entre 2009 –año en que Feijóo accede a la Presidencia de la Xunta– y 2015, el presupuesto sanitario sufrió una disminución del 18,8 %. Sólo en 2015 se redujo en un 10,3 % siendo Galicia la comunidad autónoma que más redujo su presupuesto. Hay que recordar que ese año, la media española subió un 1,82 % y Baleares experimentó el mayor incremento porcentual (10,3 %).

Es cierto que en los años siguientes, se produjo un incremento presupuestario en Galicia, llegando en el ejercicio actual a los 3.861 millones de €, una cifra muy similar a la de 2009 (3.766), último presupuesto del Presidente Touriño. Pero, en una década se han perdido casi 1.000 millones de €.

Otro dato relevante es el gasto per cápita que se sitúa en este año 2018 en 1.380 €, cifra por debajo de la media estatal (1.403) y muy lejos de las 3 comunidades autónomas que más gasto per cápita presentan: País Vasco (1.693), Asturias (1.655) y Navarra (1.653). Es de destacar que, debido al envejecimiento y a la dispersión de la población, Galicia debería de tener un gasto per cápita claramente por encima de la media estatal (como ocurre en el caso de Asturias) (2).

Estos recortes presupuestarios han tenido una incidencia muy negativa en los recursos disponibles, tanto materiales (se han perdido unas 900 camas hospitalarias) como humanos (el sistema cuenta hoy con casi 1.000 profesionales menos que en 2009). Las jubilaciones forzosas a los 65 años que se instauraron en 2013 con una tasa de reposición inicial del 10 %, junto con la precariedad laboral que ha dado lugar a una fuerte emigración de profesionales a otros países comunitarios y extracomunitarios, ha tenido unos efectos francamente devastadores en la dotación de los servicios asistenciales.

Además, estos recortes han condicionado limitaciones de derechos en la asistencia a ciertos colectivos, la supresión de la financiación de 456 medicamentos de uso común, las restricciones y retrasos en el acceso a determinados fármacos de coste elevado pero de enorme utilidad terapéutica (caso del tratamiento de pacientes afectados por la Hepatitis C, actualmente en proceso judicial con graves imputaciones de dos altos cargos del Sergas), las limitaciones en el derecho al trasporte sanitario, a las prótesis y a productos dietéticos y el copago farmacéutico de los pensionistas.

Privatizaciones en la sanidad

Hasta la llegada de Feijóo a la Xunta, las prácticas privatizadoras en la sanidad pública gallega se limitaban, básicamente, a las externalizaciones de determinados servicios no clínico asistenciales de los hospitales de la red pública (lavandería, cocina, limpieza, etc.) y a los conciertos con clínicas privadas para la atención de pacientes (sobre todo quirúrgicos) cuando los hospitales públicos estaban saturados.

Sin embargo, la tendencia privatizadora en la última década ha adoptado los mecanismos más diversos y las fórmulas más audaces, orientada no sólo a la provisión de servicios a nivel asistencial, sino también a la planificación y gestión estratégica, a la docencia, a la investigación, a la innovación y, en general, al área del conocimiento en el ámbito de la salud. En estos años nos hemos tenido que familiarizar con términos como: “financiación a través del modelo de colaboración público-privado”, “compra pública innovadora”, “diálogo competitivo”, etc.

Así, se ha llegado a delegar en empresas privadas la construcción y buena parte de la gestión del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, servicios de Hemodiálisis, Laboratorio Central de Galicia, gestión de la Historia Clínica y Receta Electrónica, Central de Citas, Logística y Mantenimiento de Equipos, Esterilización de Instrumental y, en gran medida, la Investigación, el Desarrollo y la Innovación. Se ha ampliado el Concierto Singular con POVISA y la Empresa Pública Galaria ha extendido su actividad clínica penetrando y dirigiendo determinados servicios de los hospitales públicos (3). Se han firmado convenios con la multinacional americana MEDTRONIC para rediseñar ciertos servicios de Cardiología “con criterios empresariales y de negocio”, desarrollar proyectos y testar productos que, posteriormente, serían ofertados y vendidos gracias al “fortalecimiento de su posición en el mercado” (4).

Según datos de la Asociación de Hospitales Privados de Galicia (AHOSGAL), el sector privado cuenta con el 18,5 % de todas las camas hospitalarias de Galicia, realizan casi el 25 % de los Ingresos Hospitalarios, el 27 % de las Urgencias Médicas y el 23 % de las Consultas Externas. Y casi el 40 % de su actividad proviene de las derivaciones de la Pública (5).

Entre 2013 y 2017, según datos aportados por el Director Xeral de Asistencia Sanitaria, el Sergas envió a Centros Privados Concertados a unos 350.000 pacientes para realizar pruebas diagnósticas o intervenciones quirúrgicas. Entre 2016 y 2017, el gasto privado del Sergas subió un 10 % y es previsible que este porcentaje aumente mucho más como consecuencia de la reciente entrada en vigor de la Ley de Garantías que obliga al Sergas a derivar a otros centros (públicos o privados) a los pacientes cuya espera supere los 45 días de demora para consultas de especialista o pruebas diagnósticas y los 60 días para intervenciones quirúrgicas.

Como consecuencia de todo ello, Galicia es una de las comunidades autónomas con mayor tendencia privatizadora, ocupando el 5º lugar, con una puntuación de 18 (sobre un máximo de 25 y una media para el conjunto del Estado de 15,58 puntos) en un reciente Informe realizado por la FADSP de junio de 2017 (6).

Politización de la gestión sanitaria

Cuando Feijóo llegó al gobierno de la Xunta de Galicia, cesó a la totalidad de los gerentes de los hospitales de la red pública. Incluso a aquellos que habían ocupado ese cargo en anteriores gobiernos del Presidente Fraga y que fueron mantenidos en sus cargos durante el Gobierno Bipartito del Presidente Touriño, por tratarse de profesionales de gran experiencia y reconocida solvencia en la Gestión. Todos ellos fueron sustituidos por gerentes “no contaminados” con el gobierno anterior y de conocida afinidad ideológica con el nuevo gobierno (entre ellos, la propia prima de Feijóo). Los nuevos gerentes nombraron, a su vez, a los directivos de sus equipos por el procedimiento de libre designación, sometidos a la rígida autoridad de quien les nombró.

Pero era necesario, además, tener un control férreo de los responsables de los servicios asistenciales y pronto se produjeron las primeras “purgas” de algunos jefes de servicio “díscolos” o no considerados suficientemente “adeptos”, que fueron cesados. Algunos de estos casos se judicializaron y se dictaron sentencias en los Tribunales de lo Contencioso Administrativo de 1ª Instancia –ratificados posteriormente por el TSJ de Galicia– condenatorias para el Sergas (7). Hubo también  casos de dimisión de algún jefe de servicio que se sintió no apoyado, descalificado o incluso acosado por parte del gerente y demás directivos de su hospital.

Como consecuencia de estos hechos (y también debido a las muchas jubilaciones habidas), en algunos Complejos Hospitalarios, en estos últimos 10 años, han cambiado la mayor parte (en algún caso, la casi totalidad) de los Jefes de Servicio. Para su cobertura, se ha utilizado -muchas veces de modo fraudulento- el Decreto 206 de 2005 que regula el acceso a las Jefaturas. En dicho Decreto se contempla el procedimiento de “evaluación colegiada” para la elección de las jefaturas, a través del nombramiento de una Comisión de Evaluación (Tribunal) de 5 miembros, nombrados todos ellos por el Gerente del Hospital.

Es de destacar que, con demasiada frecuencia (sobre todo en algún Complejo Hospitalario, como el de Pontevedra) a la convocatoria sólo se presentaba un candidato que, habitualmente, ya ejercía las funciones de jefe del servicio de forma provisional. De alguna manera, ya se conocía, previamente, quien era el “designado” por el gerente y esto hacía que no se presentase ningún otro candidato. En otras ocasiones sí se presentaron uno o dos candidatos más y en varios casos los procesos selectivos se judicializaron y terminaron con sentencias condenatorias para el Sergas por “desvío de poder”, “parcialidad manifiesta al beneficiar a un candidato en detrimento de otro” y “conculcación de los principios básicos de igualdad, mérito y capacidad que deben regir estos procesos selectivos”. Todas estas sentencias fueron ratificadas por el TSJ de Galicia, afirmando, en alguna de ellas, que el objetivo de la Comisión de Evaluación “parecía haber sido no la elección del candidato más capaz sino del más afín” (8).

Es evidente que, con esta forma de proceder, la Consellería pretende evitar la contestación o el mero cuestionamiento de los responsables de los servicios a determinadas directrices polémicas e impopulares de su política sanitaria.

Y aunque esta politización constituye una tentación de un buen número de Administraciones, en la actualidad se están dando pasos muy importantes en algunas comunidades autónomas en orden de profesionalizar la Gestión. Así, la “Ley de buen gobierno y profesionalización de la gestión sanitaria” de la Comunidad de Madrid, que entró en vigor en diciembre de 2017, contempla la convocatoria pública para la cobertura de las plazas de Gerentes y demás directivos de los Hospitales, acabando con el procedimiento de la libre designación. Y, también en esa misma Comunidad, de los 5 miembros que constituyen la Comisión de Evaluación para la elección de las jefaturas de los servicios asistenciales, la Dirección del Centro sólo nombra a 2 miembros, nombrando la Junta Técnico Asistencial a otros 2 y la Comisión Nacional de la Especialidad a 1, además de contemplarse ciertos mecanismos de control de posibles arbitrariedades, como la publicación, en la propia convocatoria de la plaza, del baremo que se utilizará para evaluar los méritos de los candidatos, antes de conocer la identidad (y, por tanto, los currículos) de quienes opten a la plaza (9).

Falta de transparencia

El ocultamiento, la manipulación interesada de los datos (el “maquillaje”) y la sistemática tergiversación demagógica de la realidad son algunos aspectos en los que se sustancia la ausencia de transparencia de la política sanitaria de Feijóo.

Un ejemplo claro de esta afirmación es lo que ocurre con las Listas de Espera. Durante el Gobierno bipartito, la Consellería de Sanidade decidió hacer públicos los datos de la lista de espera para primeras consultas de especialistas, para la realización de pruebas diagnósticas y para las intervenciones quirúrgicas con una frecuencia trimestral. Poco después de  llegar a la Xunta el Presidente Feijoo se decidió no hacer públicos los datos del tercer trimestre ya que, tradicionalmente, ofrecían los peores resultados debido al “parón veraniego” (vacaciones de profesionales sin sustituciones, cierres de camas, etc.). La intención era tratar de recuperar un poco la actividad en el otoño y ofrecer los datos a final de año. Más adelante, decidieron que era suficiente aportar los datos de las listas de espera semestralmente (a principios de julio y de diciembre).

Otra cuestión importante, en relación a las listas de espera, es la ocultación sistemática de los datos de la llamada lista de espera “no estructural”. Es decir, esa especie de “limbo” a donde se envían a los pacientes que no son atendidos por “causas ajenas a la organización sanitaria”: los que rechazan la oferta de ser operados en otros centros públicos (diferentes a su hospital de referencia) o privados (aunque la oferta que se les haga tenga menores garantías que en su hospital de referencia); los que rechazan ser operados el día que se les marca o aquellos que no puedan ser operados el día programado por presentar complicaciones médicas que lo impidan. A pesar de no ser público el dato, en julio de 2017, había “unos 7.000 pacientes” en esa situación (un 16 % del total y que habría que sumar a las cifras “oficiales”), según declaraciones del Director Xeral de Asistencia Sanitaria.

Una tercera cuestión relativa a las listas de espera es la referida a su “maquillaje”. Son diversas las maniobras utilizadas para aparentar mejores resultados y ocultar los reales. Recientemente ha saltado a los medios el escándalo provocado por la dimisión del Jefe del Servicio de Oftalmología del CHOP al desvelar la realidad que se escondía en la lista de espera quirúrgica para la intervención de cataratas. Al parecer, el procedimiento utilizado es común a otras “consultas monográficas de especialidad”. Cuando un médico de AP envía a un paciente al Servicio de Oftalmología con la sospecha de cataratas, el paciente es visto en la consulta externa de dicho servicio por un especialista. Si se confirma la sospecha diagnóstica es remitido a la consulta monográfica de cataratas. Desde que es visto por el primer especialista hasta que es atendido en la consulta de cataratas pueden pasar meses (incluso más de un año) pero el paciente sólo ingresa en la lista de espera después de haber sido visto en la consulta de cataratas. De este modo, la espera “real” puede exceder incluso más de un año a la espera “oficial”. Otras maniobras utilizadas pare reducir la lista de espera son: 1) Poner restricciones y limitaciones a los médicos de AP tanto para solicitar pruebas diagnósticas como para derivar a los pacientes al especialista: 2) Derivar a los pacientes en lista de espera a los centros privados concertados sin explicarles las posibles diferencias en la prestación que van a recibir en ese Centro en relación a la que recibirían en el hospital público de referencia. Recientemente se ha sabido que los pacientes derivados a un conocido centro privado pontevedrés para ser intervenidos de varices no eran operados por un cirujano especialista en vascular, la técnica utilizada era obsoleta y cruenta (flebotomía), el paciente precisaba raquianestesia o anestesia general y, por tanto, tenía que quedar ingresado. Sin embargo, si fuera intervenido en el hospital público, lo operaría un especialista en vascular, con una técnica hemodinámica (CHIVA), con anestesia local y sin ingreso. Pero a los pacientes no se les informaba de las distintas opciones disponibles técnicamente. Con la entrada en vigor de la Ley de Garantías se va a incrementar, lógicamente, este tipo de derivaciones a los centros privados con lo cual se conseguirán dos objetivos: favorecer los intereses económicos de la privada y mantener “oficialmente” los tiempos de espera en los límites establecidos por ley. Y, sin embargo, lo lógico sería optimizar los recursos públicos contratando a más especialistas (si se dispone de ellos) o recurriendo a la “autoconcertación” por las tardes (si no hay especialistas disponibles desempleados o subempleados).

Otro ejemplo de falta de transparencia son los cambios establecidos en la Reforma de la Lei de Saúde de 2008, aprobada recientemente por el Parlamento de Galicia con los votos en exclusiva del PP, en lo relativo a la participación ciudadana y al acceso a la información. En efecto, entre los cambios contenidos en el nuevo texto, en el artículo 24 se introducen modificaciones en la composición del Consello Galego de Saúde y en sus funciones, que hacen inviable cualquier control previo a la aprobación o posterior a la ejecución de los Planes de Salud, de los contratos de servicios sanitarios, de los conciertos y de los programas de subvenciones, así como de la evaluación del informe de seguimiento relativo a ellos. Se suprime también en el nuevo texto el artículo que otorgaba a los miembros de éste y de otros órganos de participación (como los Consellos de Área Sanitaria) el “derecho al acceso y consulta, en cualquier momento y en un tiempo razonable, de datos o documentos de la Consellería”.

Cambios en el modelo sanitario

La consecuencia de todo lo señalado anteriormente y, en definitiva, el fin último de la política sanitaria del Partido Popular no es otro que establecer un cambio drástico en nuestro modelo sanitario.

Ese proceso de cambio habría comenzado ya entre 2010 y 2013 cuando se crearon las Estructuras Organizativas de Xestión Integrada (EOXI), unificando la gestión de todos los recursos sanitarios en 7 estructuras directivas ubicadas en los siete Hospitales de Referencia de las grandes ciudades: A Coruña, Ferrol, Santiago, Lugo, Ourense, Pontevedra y Vigo.

Con ello, se optó por un modelo centralizado, perdiendo los Hospitales Comarcales su autonomía de gestión al hacerlos dependientes de los Hospitales de Referencia. Y ello supuso, en muchos casos, una disminución en los servicios que ofertaban y un impedimento para su desarrollo. La consecuencia  es la descapitalización y el desmantelamiento progresivo de estos hospitales, que corren el riesgo de “ambulatorizarse”, al ser atendidos por especialistas que se desplazarán desde los hospitales de referencia ciertos días por semana. La otra consecuencia es el aumento de desplazamientos de los pacientes a los hospitales de referencia para recibir la atención que no podrán recibir en los hospitales comarcales. Un caso paradigmático de todo ello es el Hospital de O Salnés.

Al mismo tiempo, con las EOXI, se optó por un modelo hospitalocéntrico, al suprimir las Gerencias de Atención Primaria y hacer que su gestión dependiese de la atención hospitalaria. Eso impidió el desarrollo de la Atención Primaria (dejaron en suspenso el Plan de Mellora de Primaria, aprobado por el Gobierno Bipartito), limitando su capacidad resolutiva al no tener acceso directo a ciertas pruebas diagnósticas y a derivaciones a las “consultas monográficas”. Los Puntos de atención Continuada (PACs) - las Urgencias Extrahospitalarias- tampoco disponen de los medios diagnósticos suficientes, por lo que resultan poco resolutivos y tienen que derivar a los pacientes, con demasiada frecuencia, a las Urgencias Hospitalarias, siendo ésta una de las causas de los colapsos que se producen frecuentemente en dichos Servicios.

La Reforma de la Lei de Saúde de 2008, que acaba de ser aprobada (10), viene a profundizar en estos cambios de modelo al tiempo que también busca darle soporte legal y normativo a las tendencias que viene ensayando el Gobierno de Feijoo en los últimos años. Así se entiende la supresión de las 4 Áreas Sanitarias de los Hospitales Comarcales de O Salnés, A Mariña, Monforte y O Barco, las restricciones a la participación social y la apuesta por la privatización del Conocimiento, la Investigación y el Desarrollo en el Área de la Salud.

En resumen: estamos ante un auténtico cambio de modelo. El Partido Popular trata de implantar un modelo más centralizado (que produce mayor desigualdad territorial), más hospitalocéntrico (que abandona a la Atención Primaria), más centrado en la enfermedad que en la salud (se abandona la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad), mas privatizado (en la  gestión y provisión de servicios pero también en lo referente a I+D+i) y menos participativo y transparente.

Referencias documentales

1. State of Health in the EU, ESPAÑA. Perfil sanitario del país 2017. European Observatory on Health Systems and Policies. Comisión Europea.

2. Presupuestos sanitarios de las CCAA. Nuevatribuna.es, 9 de enero 2018.

3. “El Jefe de Medicina Nuclear en Galaria asume también el mando del Servicio del CHUVI”. Faro de Vigo, 21 de febrero de 2018.

4. 2016-0841: “Acuerdo específico de colaboración entre el Servicio Gallego de Salud y MEDTRONIC, SA para el desarrollo específico de mejora continua para incrementar la calidad asistencial y eficacia operativa de las unidades asistenciales del Complejo Universitario de Santiago de Compostela”. Registro de Convenios de la Xunta. Publicado por Praza Pública.gal, 14 de diciembre de 2017.

5. Publicado por Público.es, 1 de noviembre de 2017 y por Público.es, 8 de noviembre de 2017 con algunas rectificaciones aportadas por AHOSGAL.

6. “La privatización sanitaria de las CCAA” 4º Informe FADS. Revista Salud 2000, nº 151, junio de 2017.

7. Algunas sentencias:

> Sentencia 15/2012 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº 2   de Pontevedra.

> Sentencia 1195/2012 del TSJ de Galicia. Recurso de Apelación 203/2012.

> Sentencia del Tribunal Contencioso administrativo Nº 3 de A Coruña de mayo de 2013 por la que se anula el cese del Jefe del Servicio de Cirugía Torácica del CHUAC y se insta a su restitución en el cargo. La Voz de Galicia, 12 de mayo de 2013.

8. Algunas sentencias:

> Sentencia 43/2013 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo  Nº 1 de Vigo.

> Sentencia 10/2014 del TSJ de Galicia. Recurso de Apelación 288/2013.

> Sentencia 235/ 2016 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº 2   de Pontevedra.

> Sentencia 507/2017 del TSJ de Galicia. Recurso de Apelación 42/2017.

9. Plan de Ordenación de Recursos Humanos del Servicio Madrileño de Salud. Provisión de plazas de Jefatura en Centros Hospitalarios. Consejería de Sanidad. Comunidad de Madrid.

10. Lei 1/2018, do 2 de abril, pola que se modifica a Lei 8/2008, do 10 de xullo, de saúde de Galicia. DOG nº 68 , 9 de abril de 2018.