Una campaña electoral reducida es posible
Digan lo que digan algunos juristas, la campaña electoral no tiene que durar forzosamente quince días. Ese es, con la ley en la mano, el plazo máximo de que disponen las fuerzas políticas para solicitar el voto de los ciudadanos: las dos semanas previas a la jornada de reflexión. Pero no están obligadas a agotarlo. Pueden concentrar sus principales acciones propagandísticas a lo largo de una semana, de diez días, o los que crean pertinentes, siempre, claro está, dentro de la quincena legalmente habilitada. La decisión, sea unilateral o consensuada, corresponde a los partidos que concurren a las elecciones. Ellos tienen la última palabra. Es su responsabilidad. Ahí no puede entrar ni entra para nada la Junta Electoral, que seguramente lo vería con buenos ojos en la medida en que le ahorra trabajo como órgano arbitral al que corresponde velar por el juego limpio y el cumplimiento de la letra y del espíritu de la normas legales que lo posibilitan.
PP, PSOE, BNG, Galicia en Común, Vox, Ciudadanos y En Marea tienen en su mano la posibilidad de ahorrarse, y ahorrarnos, una parte de la campaña previa al 12 de julio. Sus respectivos dirigentes saben que reducir su duración no va a desmotivar al electorado o provocar una mayor abstención, ni tiene por qué modificar en lo sustancial las intenciones de voto, siempre y cuando la reducción sea pactada y respetada a la hora de la verdad por los principales candidatos. Es probable que el votante de a pie se lo agradezca por igual a todos, sin distinciones, y que lo vea como una reconfortante muestra de madurez democrática y de sentidiño, teniendo en cuenta la singularidad de una convocatoria electoral excepcional que se reactiva tras la suspensión de varios meses a la que obligó la pandemia.
A los populares, por aquello de que gobiernan y parten como claros favoritos en las encuestas, es a quien corresponde impulsar el acuerdo para la reducción efectiva de la campaña electoral, que, además, se ha de desarrollar con las restricciones que impone la "nueva normalidad". Sin embargo, el partido de Feijóo haría mal en hacer oídos sordos o en tratar de imponer unilateralmente su criterio, sobre todo si, como está sucediendo, sus rivales hacen propuestas tan razonables como la de que se programen al menos dos debates radiotelevisados en horarios de máxima audiencia o que se garantice una amplia cobertura de la campaña en los medios públicos de comunicación, que compense de algún modo el acortamiento temporal y las limitaciones de todo tipo a las que está sometido este peculiar proceso electoral. También parece sensato consensuar un formato para los "mítines" o la posibilidad de un envío conjunto de sobres y papeletas.
Siempre cabrá la opción de encargar el borrador del acuerdo a un grupo de "hombres buenos", unos cuantos personajes de prestigio social, políticamente neutrales, propuestos por las fuerzas políticas, una representación de la sociedad civil que propicie un amplio consenso sintonizando con las inquietudes de la gente de la calle, de la que tan alejados acostumbran a estar la mayoría de los políticos en ejercicio. He ahí la posibilidad de que Galicia establezca un precedente a tener en cuenta de cara a futuras convocatorias electorales, con el establecimiento de unas nuevas reglas de juego que han de encajar, eso sí, en el marco de la legislación electoral vigente, cuya reforma, en lo sustancial, por muy necesaria que sea, sigue pareciendo a día de hoy un objetivo inalcanzable. Y mucho más lejano que la derrota del coronavirus. @mundiario
