Besteiro, nombrado delegado del Gobierno cuando se inicia el derribo del Garañón, con coste de 578.000 € más posibles indemnizaciones millonarias

“No toda irregularidad en ese ámbito [administración urbanística] desencadena una infracción penal”, zanjó la sección segunda de la Audiencia Provincial de Lugo el 3 de febrero de 2021, cuando decidió archivar la causa sobre el desarrollo urbanístico de las torres de O Garañón y desimputar así a quien fuera concejal de Urbanismo de Lugo, José Ramón Gómez Besteiro, y al alcalde Xosé López Orozco.

Algo más de dos años después de ese auto, la Xunta acaba de dar el visto bueno a la petición de derribo del inmueble presentada por el gobierno municipal de Lara Méndez y adjudicado con un coste de más de 578.000 euros.

Irregularidades sin delito

A pesar de acordar el sobreseimiento del caso, los miembros del tribunal apuntaron ciertas irregularidades que había detectado la jueza Pilar de Lara durante la instrucción, como que “sin duda, no se recabaron informes sectoriales” o que la construcción –cuya licencia se otorgó un sábado 31 de diciembre– “incumple el artículo 104 de la Ley 9/2000 de ordenación urbanística y protección del medio rural de Galicia”. Eso sí, concluyeron que de esas irregularidades no se podía extraer la existencia de infracción penal.

El Ayuntamiento de Lugo pretende cerrar ahora el caso Garañón con la demolición del ruinoso edificio situado en el mayor pulmón verde de la ciudad de la muralla, pero el caso tiene aún coletazos tanto por las relaciones con la banca acreedora como por la posibilidad de que el promotor reclame indemnizaciones millonarias, que llegó a cifrar en algún momento en 25 millones de euros.

Zanjada la inexistencia de responsabilidad penal de Besteiro en el caso Garañón, periodistas que siguieron el caso recuerdan cómo el entonces líder del PSOE gallego compareció ante los medios para –según sus propias palabras– realizar un “striptease patrimonial” con el que pretendía aclarar públicamente cualquier sospecha, pero consideran que entonces dejó sobre la mesa varios puntos sin clarificar.

Quien esta semana tomará posesión de su nuevo cargo como delegado del Gobierno en Galicia, cuando lo imputaron en el caso Garañón no consiguió despejar todas las cuestiones relacionadas con la compra de su vivienda al constructor que había vendido anteriormente los terrenos en los que se levantó el edificio ahora declarado ilegal, así como otras relacionadas con la licencia de reforma de su piso y con el pago de esa obra.

En lo que atañe a la compra, la jueza había apreciado que el coste declarado de ese piso, de 113 metros cuadrados con garaje, era sensiblemente inferior al precio de mercado. Según sus informes, el precio debería rondar los 170.000 euros, pero lo pactado fueron 138.000.

Besteiro compró su piso en 2004, siendo concejal de urbanismo, a una empresa constructora que meses antes había vendido los terrenos de la unidad de actuación CS5 de O Garañón, como recogía La Voz de Galicia en informaciones de 2016. En cualquier caso, la audiencia no ha encontrado indicios de delito en ello.

En cuanto a la licencia para acometer la reforma, la solicitud remitida al ayuntamiento fue realizada por quien vendía el piso, algo que llamó la atención de la magistrada que instruía el caso. Sobre todo, porque hacía tres meses que había firmado el contrato de compraventa con Besteiro. 

En aquella comparecencia pública con la que buscaba aclarar sus cuentas, el socialista se limitó a remitir al anterior propietario de su vivienda para que lo explicase. Posteriormente, ese constructor aseguró ante Pilar de Lara que no recordaba haber pedido aquella licencia, firmada por el propio Besteiro en su condición de concejal de urbanismo. 

También en relación con la licencia consta que se había requerido para obras por un valor de 9.000 euros, a pesar de lo cual el coste final llegó hasta los 52.000. Y, pese a entregarse en 2005, la factura no constó como pagada por parte del socialista hasta el año 2010, cuando los juzgados empezaban a investigar el caso.

La Audiencia Provincial determinó que no se podía concluir la existencia de “una trama urbanística urdida por una especie de organización o grupo criminal que desplegaba diversas acciones, en connivencia entre todos ellos, para favorecer a determinados constructores" de Lugo. "Carece de base suficiente para poder afirmarse aun en términos indiciarios", recoge el texto.

Batalla electoral en Lugo

Una vez exonerado de sus imputaciones, la dirección del socialismo gallego recupera a Besteiro para la política autonómica, a la vez que responsabiliza a la popular Elena Candia de haber remitido documentación a la fiscalía en 2013 contra quien fue presidente de la Diputacion de Lugo. 

Por su parte, el PP de Galicia señala que cualquier ciudadano, máxime un representante público, debe presentar ante la justicia aquella documentación que pueda ser útil para verificar si "tales circunstancias son constitutivas de delito", pero que son los jueces quienes deciden. 

De fondo está la batalla por la alcaldía y la Diputación de Lugo. Recientemente, el periódico El Progreso de Lugo publicaba una encuesta que daba a los populares 12 concejales por 7 al PSOE y 6 al BNG en la capital de provincia, en un escenario electoral muy abierto. @mundiario