Las autoridades políticas discrepan sobre el futuro de los muelles coruñeses
Las declaraciones de los asistentes a la última reunión, muy divergentes entre sí, indican que el imprescindible consenso está lejano. A día de hoy, Xunta, Diputación y Ayuntamiento no han alcanzado un acuerdo sobre usos futuros de los muelles, ni sobre las formas de gestión.
La reunión entre Administraciones y organismos públicos convocada por la Alcaldesa coruñesa para desbloquear la financiación del puerto exterior y el acceso ferroviario, no tuvo el resultado esperado. Frente al éxito de reunir, por primera vez en diecisiete años, a todos los interesados, las conclusiones fueron escasas, reducidas a dos: aplazar el pago de una parte de la deuda y crear una comisión que revise los convenios firmados en 2004. En cuanto al ferrocarril, se subordina a un nuevo estudio que demuestre su viabilidad económica, pues el anterior estudio se basaba en el tráfico de carbón, hoy desaparecido como consecuencia del cierre de la central térmica de Meirama. Cabe preguntarse por qué dicho estudio actualizado no se hizo antes de la reunión, dada la obsolescencia del anterior. Es probable que sea uno más de los muchos errores del anterior Presidente de la Autoridad Portuaria, agente del Gobierno gallego para erosionar al Ayuntamiento coruñés.
Tras la reunión, algunos de los intervinientes ofrecieron su opinión a los medios. Trataron de ser optimistas la Alcaldesa y el Presidente del Puerto, fue muy crítica la Conselleira de Infraestructuras y Movilidad y desde una posición negativa destaca la opinión del Presidente de Puertos del Estado. Siendo de entre los tres organismos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda urbana que participaron en la reunión, el más próximo al propio Ministro, su opinión puede entenderse como identificada con el titular del Ministerio. El citado cargo público criticó duramente la actuación de las Administraciones implicadas en los acuerdos de 2014, pues en su opinión nada hicieron durante los años transcurridos. Rechazó cualquier condonación de deuda y específicamente la comparación con el puerto de Valencia, un mantra repetido por todos los responsables del Ministerio. Además reclamó que el puerto coruñés aporte activos, es decir suelo, para financiar la deuda. Para contextualizar, el Ministro es diputado por Valencia y el responsable de Puertos procede de Castellón.
Para los ciudadanos, también para todo el tejido económico, el traslado de la actividad portuaria permitirá redefinir la fachada marítima de la ciudad. Si el relleno de la dársena hace un siglo sentó las bases para el crecimiento de la ciudad durante muchos años, y la construcción del Paseo Marítimo en la última década del siglo pasado puso en valor todo el contorno de la ciudad, urbanizando grandes extensiones de terreno hasta entonces abandonadas, la nueva fachada puede crear otro nueva oportunidad de crecimiento y desarrollo.
El proyecto redactado por Busquets, por encargo del Ayuntamiento y posteriormente incorporado al Plan de Urbanismo vigente, desarrollaba un uso mixto, compatibilizando actividades diferentes bajo la premisa de hacer ciudad. Posteriormente se han ido anunciando otros proyectos encaminados a que todo el suelo disponible sea destinado a equipamientos. Dicha postura maximalista tendente a impedir cualquier aprovechamiento lucrativo, defendida inicialmente por BNG y Marea, es similar a la que mantienen en Percebeiras o la Maestranza. Poco a poco ha sido asumida por el actual Gobierno local, que depende de los votos de esas formaciones e indirectamente por el PP.
La revisión de los convenios perseguiría convencer al Ministerio de que ningún retorno podrá obtener de los actuales suelos y que por lo tanto sólo cabe explorar la condonación o la quita. El Ministerio ya ha deslizado que, por el momento, es la única Administración que ha contribuido financieramente mientras las demás se limitan a hablar. Sin financiación cualquier proyecto es virtual. Añadir el derribo y se supone que reedificación en otro lugar de los edificios ocupados por el Centro de ocio, Puertos de Galicia, la Comisaría de Policía o la Lonja, añade demandas financieras.
A día de hoy, Xunta, Diputación y Ayuntamiento no han alcanzado un acuerdo sobre usos futuros de los muelles, ni sobre las formas de gestión. Vetar la participación privada antes de definir objetivos es un error contrario a los intereses de la ciudad. Como acontece con la propia actividad portuaria, véase el magnífico artículo del catedrático Fernando González Laxe aquí, el futuro de los muelles tiene que dar cabida a la creación de riqueza, única forma de generar recursos para otros usos. Urbanizar es equilibrar las necesidades productivas, residenciales, de servicios y equipamientos con la calidad arquitectónica y el diseño que deben definir la ciudad futura. Un debate que no debería quedar circunscrito a las visiones y rivalidades entre las autoridades políticas. @mundiario
