La AP-9 y el precio de la dependencia: peajes, concesiones y agravios comparativos en Galicia

Con el cambio de año llega, una vez más, el aumento de los peajes en la Autopista del Atlántico. Desde el 1 de enero, circular por la AP-9 es un 4,68% más caro, la mayor subida entre las autopistas de titularidad estatal. El dato, por sí solo, vuelve a reabrir una discusión que en Galicia nunca termina de cerrarse: la del coste de una infraestructura imprescindible, gestionada bajo una concesión excepcionalmente larga y sin una red alternativa que alivie la factura de usuarios cotidianos y transportistas.

La cifra contrasta con el 3,64% de incremento aplicado al resto de autopistas dependientes de la Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre y con el 2% previsto para 2026 en varias vías rescatadas o gestionadas directamente por el Estado. La diferencia no es casual ni técnica, sino política y contractual. En el caso gallego pesa un canon adicional del 1% anual que la concesionaria puede aplicar desde 2018 para compensar las obras de ampliación del puente de Rande y la circunvalación de Santiago. Un recargo que se mantendrá, si nada cambia, hasta 2048, fecha de finalización de una concesión prorrogada en su día por el Gobierno de José María Aznar y cuestionada por la Comisión Europea.

Desde el punto de vista estrictamente normativo, la subida tiene explicación. Desde el Ministerio de Transportes se recuerda que, sin las subvenciones habilitadas desde finales de 2022 para amortiguar el impacto de la inflación, el incremento habría sido aún mayor, del 5,83%, claramente por encima del IPC interanual. Esa política de contención tiene un coste: solo en 2026 se prevé destinar unos 15 millones de euros a compensar tarifas, y entre 2023 y 2025 el esfuerzo público supera ya los 73 millones.

Aquí emerge la paradoja central del modelo. Mientras los usuarios pagan algunos de los peajes más caros del Estado, el conjunto de los contribuyentes financia, vía presupuestos, parte de esos mismos incrementos. No es un esquema exclusivo de Galicia, pero sí especialmente visible en una autopista que vertebra casi toda la fachada atlántica y carece de una alternativa gratuita equivalente. A diferencia de la AP-7 entre Alicante y Cartagena o de la AP-46 de acceso a Málaga, donde existen autovías paralelas sin peaje, la AP-9 sigue siendo, en muchos tramos, la única opción razonable en términos de tiempo y seguridad.

La AP-9 registra la mayor subida de peajes de toda la red estatal concesionada, por encima del resto de autopistas gestionadas por el Estado

El efecto práctico de la subida se percibe en cifras concretas. El trayecto entre A Coruña y Vigo supera ya los 21 euros; recorrer la autopista de Ferrol a Tui se acerca a los 28. Son barreras simbólicas, pero también reales para quienes utilizan la vía a diario por motivos laborales o empresariales. Incluso desplazamientos intermedios, como A Coruña-Santiago o Santiago-Vigo, consolidan una sensación de encarecimiento constante que pesa especialmente en un territorio con dispersión poblacional y fuerte dependencia del vehículo privado.

El resultado de décadas de decisiones acumuladas

Ahora bien, un enfoque equilibrado obliga a reconocer que el problema no se reduce a una subida puntual ni a una empresa concreta. La AP-9 es el resultado de décadas de decisiones acumuladas: un diseño concesional pensado en otro contexto económico, una prórroga excepcional, inversiones necesarias pero costosas y una falta de planificación paralela en la red de alta capacidad gratuita. Corregir todo eso de golpe no es sencillo ni barato.

El debate no es solo cuánto se paga, sino por qué Galicia sigue sin una alternativa gratuita comparable a la de otros territorios

El debate de fondo es político y territorial. ¿Debe el Estado asumir más directamente el coste de una infraestructura estratégica para Galicia? ¿Tiene sentido prolongar hasta mediados de siglo un modelo que genera agravios comparativos evidentes respecto a otras comunidades? ¿Es sostenible que la corrección del sistema pase por subvenciones recurrentes en lugar de por una revisión estructural de la concesión?

Mientras esas preguntas sigan sin respuesta, cada enero traerá consigo la misma polémica, nuevos porcentajes y cifras redondeadas. Y la AP-9 seguirá siendo algo más que una autopista: el símbolo de una dependencia que Galicia paga, año tras año, en cada peaje. @mundiario