AP-9: la humillación que Galicia no merece

Puente de Rande en la autopista AP-9. / Mundiario
Décadas de decisiones políticas cuestionables, prórrogas ilegales y peajes abusivos han cargado sobre los ciudadanos un coste que debería ser compartido por todo el país.

La AP-9 es la autopista de la vergüenza. Y no por quienes la usan, sino por quienes han gestionado su concesión. Durante años se señaló a un único culpable: José María Aznar, que en el año 2000 prorrogó la concesión hasta 2048. Y es cierto: aquella decisión fue un error, hoy declarado ilegal por Bruselas. Pero conviene recordar la historia completa: en 1994, con Felipe González en la Moncloa, el Partido Socialista ya había ampliado antes diez años la concesión. Uno prorrogó, el otro calló. Ambos partidos participaron en este atropello que hoy asfixia a Galicia.

A cambio de la prórroga de Aznar, Audasa asumió obras millonarias: el tramo Fene–Ferrol, el enlace de Rebullón, el corredor Rande–Puxeiros. Costaron 216 millones de euros entonces (hoy serían entre 350 y 400 millones). El Estado se los ahorró de los Presupuestos Generales y los cargó sobre los gallegos en forma de décadas de peajes. Y aquí está la clave: cuando Aznar firmó aquella ampliación, el Partido Socialista estaba en la oposición y no dijo absolutamente nada. No levantó la voz, no exigió que esas obras se financiasen con los Presupuestos Generales del Estado, no denunció que se estaba cargando sobre Galicia un coste que correspondía a toda España. Guardó silencio. Y ese silencio fue, en la práctica, una forma de suscribir la operación.

Mal negocio entonces, peor ahora: la UE ha dictaminado que esa ampliación es ilegal y, sin embargo, el Gobierno español ha decidido recurrir para ganar tiempo. Una humillación añadida.

Las consecuencias son dobles: primero, un agravio comparativo con respecto a otras comunidades, donde las autopistas ya fueron liberadas. Segundo, una sangría económica para Galicia, que acumula las tarifas más altas del país. Se habla de que el rescate costaría 1.000 millones, pero esa cifra es engañosa: el Estado ya se ahorró en su día más de 500 millones en obras cargadas sobre los peajes. Y si hoy es capaz de condonar 4.100 millones de deuda a Galicia, ¿cómo no va a rescatar una autopista cuya concesión es ilegal?

Y ahora se abre un nuevo frente: los transportistas gallegos —a través de Fegatramer y Apetamcor— han presentado ante el Tribunal Supremo una demanda para que se declare la nulidad de las prórrogas de 1994 y 2000. Alegan que se aprobaron sin licitación pública, vulnerando la legislación española y europea. Piden que no se reconozca lucro cesante a Audasa y que incluso se devuelvan los peajes cobrados indebidamente desde 2013. Si el Supremo les da la razón, la concesión caería mucho antes del plazo previsto y se abriría la puerta a un reembolso histórico.

Este paso del sector del transporte demuestra que no estamos ante un mero debate político o mediático: existen vías judiciales claras para tumbar la prórroga y liberar la AP-9. Y aquí surge una pregunta inevitable: ¿por qué el Partido Popular, que gobierna en Galicia, no impulsa también esta vía? Si Bruselas ha señalado la ilegalidad, si asociaciones privadas se atreven a demandar, ¿qué impide que la Xunta, el propio PP o incluso otras fuerzas políticas y sociales lleven el caso a los tribunales? No basta con declaraciones institucionales: es hora de dar la batalla legal con la misma contundencia con la que se exige en los discursos.

La sociedad civil ha empezado a moverse, pero el camino no debería quedarse ahí. Universidades, colegios profesionales, asociaciones de consumidores, plataformas ciudadanas… todos tienen legitimidad para actuar. Porque lo que está en juego no es solo el bolsillo de los gallegos, sino un principio básico: que la ilegalidad no puede seguir premiándose con décadas de peajes abusivos.

El Gobierno central puede seguir recurriendo y mirando para otro lado, pero la presión se multiplica. Si no rescata la AP-9 por voluntad política, corre el riesgo de que lo acaben haciendo los tribunales, empujados por transportistas, por ciudadanos o incluso por los propios partidos. Y cuando eso ocurra, quedará retratado: Galicia no merecía esta humillación, y mucho menos la inacción —y el silencio cómplice de entonces— de quienes, ayer y hoy, tuvieron en su mano corregirla. @mundiario