Refuerzo a la liquidez de autónomos y empresas con una nueva línea de avales ICO de 10.000 millones

Comparecencia de tres ministras. / Mundiario
Comparecencia de tres ministras. / Mundiario

Se modifica el Código de Buenas Prácticas –marco de renegociación para clientes con financiación avalada–, para aliviar la carga financiera y reforzar la liquidez de las empresas más afectadas por el alza de los precios energéticos.

Refuerzo a la liquidez de autónomos y empresas con una nueva línea de avales ICO de 10.000 millones

El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto-ley de medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de Respuesta a la guerra en Ucrania, entre las que se incluyen medidas de apoyo al tejido económico y empresarial.

Con este objetivo se ha acordado una nueva Línea de préstamos ICO con aval del Estado por importe de 10.000 millones de euros, destinada a garantizar la liquidez de empresas y autónomos. Podrán solicitar estos préstamos los afectados por el incremento de los precios de la energía y materias primas, independientemente de si cuentan ya con financiación avalada. 

Las entidades financieras que colaboren en la gestión estos préstamos se comprometen a mantener las líneas de liquidez de todos sus clientes hasta diciembre de 2022, ampliándose el compromiso actual que concluye en junio de 2022. Las condiciones y requisitos de la nueva línea se establecerán por Acuerdo de Consejo de Ministros.

Modificaciones en el Código de Buenas Prácticas 

El Consejo de Ministros ha acordado también modificar el Código de Buenas Prácticas, que regula el marco de renegociación de las condiciones de la financiación de clientes con préstamos con aval público, para reforzar la solvencia de empresas viables que se hayan visto afectadas por el incremento de los precios de la energía y las materias primas, manteniendo la estabilidad financiera.

De esta forma, todos los autónomos y empresas con financiación garantizada a través de las Líneas de avales ICO Covid podrán solicitar la ampliación de los plazos de carencia hasta los 8 o 10 años, eliminándose el requisito de que la facturación hubiera caído al menos un 30% entre 2019 y 2020. De esta manera se amplía el universo de deudores con derecho a una extensión del plazo de vencimiento de sus operaciones avaladas, permitiendo suavizar el perfil de pagos y aliviando su carga financiera.

Asimismo, los autónomos y pymes de los sectores de transporte por carretera, agricultura, ganadería y pesca, los más afectados por la subida de los costes energéticos y de materias primas, podrán solicitar la extensión adicional de seis meses de la carencia de los préstamos avalados o una carencia adicional de seis meses en el pago del principal.

Las entidades adheridas de manera voluntaria al Código de Buenas Prácticas se comprometen a mantener los límites y las condiciones de las líneas de circulante a sus clientes hasta septiembre de 2022. Hasta la fecha, se han adherido más de un centenar de entidades financieras, que podrán comunicar su no adhesión a estas modificaciones en el plazo de quince días. 

El Código establece diferentes medidas de apoyo a la solvencia, entre las que se encuentran, además de la extensión adicional del plazo de vencimiento de los préstamos que cuenten con aval público, la posibilidad de que, por acuerdo entre la entidad financiera y la empresa, se pueda convertir el préstamo avalado en un préstamo participativo, manteniendo la cobertura del aval público; y la realización de transferencias directas a autónomos y empresas para la reducción del principal de la financiación avalada contraída durante la pandemia, acompañada de una quita proporcional de la parte no avalada y sujeto igualmente a acuerdo entre las partes.

Refuerzo de la ciberseguridad

El Consejo de Ministros ha aprobado el Plan Nacional de Ciberseguridad, con lo que cumple el mandato emitido por el Consejo de Seguridad Nacional y desarrolla la Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2019. El plan, coordinado por el Departamento de Seguridad Nacional de la Presidencia del Gobierno, prevé cerca de 150 iniciativas, entre actuaciones y proyectos, para los próximos tres años. 

Con este acuerdo y el real decreto-ley de seguridad en las comunicaciones 5G aprobado, el Gobierno refuerza la ciberseguridad, en el marco del Plan Nacional de Respuesta a las Consecuencias Económicas y Sociales de la Guerra en Ucrania, con el fin de intensificar la vigilancia y apuntalar las capacidades de planificación, preparación, detección y respuesta en el ciberespacio. 

Entre las principales actuaciones del Plan Nacional de Ciberseguridad, dotado con un presupuesto de más de 1.000 millones de euros, destacan: 

  • La creación de la plataforma nacional de notificación y seguimiento de ciberincidentes y de amenazas que permita intercambiar información, en tiempo real, entre organismos públicos y privados. 
  • Impulsar la puesta en marcha del Centro de Operaciones de Ciberseguridad de la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos.
  • El desarrollo de un sistema integrado de indicadores de ciberseguridad a nivel nacional. 
  • Incrementar la creación de infraestructuras de ciberseguridad en las comunidades y ciudades autónomas y las entidades locales. 
  • Impulsar la ciberseguridad de pymes, micropymes y autónomos. 
  • Promover un mayor nivel de cultura de ciberseguridad. 

Además, el plan prevé la creación de un sistema de seguimiento y control, con el fin de poder identificar el grado de ejecución de las medidas y emitir un informe anual de evaluación.

La aprobación de la denominada ‘Ley de Ciberseguridad 5G”, prevista en el Plan de Recuperación y cuya necesidad se ha visto acrecentada por el incremento considerable del riesgo de ciberataques por motivos geoestratégicos, tiene como objetivos principales: impulsar una seguridad integral del ecosistema 5G; reforzar la seguridad en la instalación y operación de las redes de comunicaciones electrónicas 5G, así como la protección de la seguridad nacional; y fortalecer la industria nacional en materia de ciberseguridad relacionada con la tecnología 5G. 

En la elaboración de este real decreto ley, se ha tenido en cuenta la “Caja de herramientas” de la Comisión Europea sobre la ciberseguridad de las redes 5G y el análisis de riesgos coordinado de los Estados miembros como base común para un desarrollo seguro de la tecnología 5G en Europa.

Se trata de desarrollar un entorno confiable para el despliegue de las redes y servicios 5G, que genere la confianza necesaria entre los usuarios respecto a su funcionamiento y protección ante potenciales fugas o manipulaciones de datos, y establecer las medidas con las que afrontar los riesgos de seguridad a los que están expuestos las nuevas redes y servicios 5G. @mundiario

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