Las últimas noticias de Nicaragua sitúan este país en una deriva aberrante con medidas de represión que revelan su colapso moral y político, fruto de la gestión de la pareja gobernante, Rosario Murillo, vicepresidenta, y Daniel Ortega, presidente. Una masiva ola de arrestos en Nicaragua dejó casi 60 opositores detenidos y esa deriva totalitaria llevó a disolver la Cruz Roja y a plantearse una “suspensión de relaciones” con el Vaticano. La ruptura entre Managua y la Santa Sede se produce después de que el papa Francisco calificara el régimen sandinista como una “dictadura hitleriana” y “grosera”. Dirigentes de la oposición, activistas, campesinos y periodistas han sido arrestados en una redada nocturna masiva y acusados por conspiración en la madrugada.
La realidad indica que la población de Nicaragua sufre masivas violaciones de derechos humanos. Rolando Álvarez, el obispo de Matagalpa y uno de los opositores más críticos con el régimen de Daniel Ortega, fue condenado a más de 20 años de prisión por una supuesta “traición a la patria”. Entre tanto, se suceden las acusaciones contra el régimen de Nicaragua por cometer “crímenes de lesa humanidad”. Un grupo de expertos de la ONU determinó que la población de Nicaragua “tiene miedo de su gobierno” por las constantes violaciones de derechos humanos que sufren.
Atrás queda también la decisión del régimen de despojar de la nacionalidad a otros 94 opositores. La justicia nicaragüense retiró la nacionalidad a los escritores Sergio Ramírez, Gioconda Belli, el periodista Carlos Fernando Chamorro y el exembajador ante la OEA, entre otras destacadas personalidades.
"¿Por qué a una parte de la izquierda latinoamericana y europea le cuesta tanto condenar a los Ortega? ¿Acaso su régimen no dificulta la labor de la propia izquierda, como la que representa el Frente Amplio en Uruguay?", se preguntó en MUNDIARIO Manuel de la Iglesia-Caruncho, doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid, especialista en Economía Internacional y Desarrollo, que trabajó para la cooperación española en distintos puestos en la Agencia Española de Cooperación Internacional en Madrid y durante casi quince años en Nicaragua, Honduras, Cuba y Uruguay.
De mal en peor
Desde que Daniel Ortega fue elegido como presidente de Nicaragua en enero de 2007, su gobierno ha sido objeto de críticas y acusaciones de corrupción, violación de derechos humanos y autoritarismo. Sin embargo, en los últimos años, la situación se ha agravado aún más, y el gobierno de Ortega y su esposa, Rosario Murillo, ha adoptado medidas cada vez más represivas y antidemocráticas, lo que ha llevado a la deriva totalitaria del régimen.
Una de las primeras medidas que Ortega tomó para consolidar su poder fue la eliminación del límite de mandatos presidenciales en 2014, lo que le permitió presentarse para la reelección en 2016 y ser reelegido para un tercer mandato consecutivo. Desde entonces, ha seguido reprimiendo a la oposición política y la sociedad civil, cerrando medios de comunicación independientes y persiguiendo a periodistas y activistas.
En 2018, el Gobierno de Ortega desató una brutal represión contra manifestantes que se oponían a una reforma del sistema de seguridad social. La represión dejó más de 300 muertos y miles de heridos y detenidos. Desde entonces, la situación ha empeorado aún más. La oposición política ha sido perseguida y encarcelada, y muchos de sus líderes han huido del país. En noviembre de 2021, las elecciones presidenciales se celebraron en medio de un clima de intimidación y violencia, y Ortega fue declarado ganador con más del 70% de los votos, en un proceso ampliamente cuestionado por la oposición y la comunidad internacional.
Una deriva totalitaria y antidemocrática
La deriva totalitaria y antidemocrática de Ortega y Murillo se ha reflejado en su control total del poder político y su negativa a aceptar la crítica y la disidencia. El régimen ha utilizado la legislación y los tribunales para silenciar a la oposición, detener a líderes políticos y desmantelar organizaciones de derechos humanos. También ha censurado y cerrado medios de comunicación independientes y ha restringido el acceso a Internet y las redes sociales. Además, el Gobierno ha fortalecido su control sobre la economía del país, favoreciendo a sus allegados y creando un entorno de corrupción generalizada.
El régimen de Ortega y Murillo ha generado preocupación a nivel internacional, con numerosos países y organismos internacionales denunciando su deriva autoritaria y su violación de los derechos humanos. La Unión Europea y los Estados Unidos han impuesto sanciones contra funcionarios del régimen, mientras que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha llamado a investigar las violaciones de derechos humanos cometidas por el Gobierno.
La deriva totalitaria y antidemocrática de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua ha llevado a la consolidación de un régimen autoritario y represivo que viola los derechos humanos y la libertad de expresión. La comunidad internacional debe seguir denunciando esta situación y presionando al Gobierno para que respete los derechos y libertades fundamentales de su pueblo. @mundiario