Controversia sobre los fiscales en España
Carlos Jiménez Villarejo, que fue fiscal anticorrupción, sostiene que los fiscales asistentes a una cena con el líder de la Oposición y presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, violaron gravemente el Código Ético del Ministerio Fiscal aprobado en 2020. En una de sus normas, de obligado cumplimiento, se dispone lo siguiente: “Las y los Fiscales se comprometen a mantener la lealtad constitucional, fortalecer la confianza en la justicia y abstenerse de realizar cualquier acción que pueda ser percibida como una afectación a su independencia e imparcialidad y/o que vaya en demérito de la consideración que la ciudadanía debería dispensar a la administración de justicia”.
Según concluye Jiménez Villarejo en un artículo publicado en El País –el periódico que avanzó la noticia del encuentro–, se trata de un precepto "abiertamente infringido por las asistentes a dicho encuentro y, especialmente, por los fiscales expresamente citados." Se refiere en este caso a Consuelo Madrigal, Fiscal General durante el Gobierno del PP, y Antonio Narváez, quien fuera magistrado del Tribunal Constitucional por impulso del PP.
El Fiscal, según el artículo 124 de la Constitución, está sometido, por encima de su estructura jerárquica, a los principios de “legalidad e imparcialidad”. Bajo ningún concepto, al poder político, lo que no impide su estructura jerárquica que culmina, de forma exclusiva y excluyente, en el/la Fiscal General del Estado. Por tanto, cualquier intromisión del poder político o de la clase política en el ejercicio de sus funciones perjudicaría o perturbaría su imparcialidad o sujeción al principio de legalidad. "Y, lamentablemente, constan incontables intromisiones políticas que han perturbado seriamente el rigor profesional y la lealtad democrática de los Fiscales", constata Carlos Jiménez Villarejo.
Todo viene a cuento del reciente encuentro de representantes de la Asociación de Fiscales, de signo conservador, con Feijóo. Ambos fiscales no habrían omitido opiniones abiertamente políticas, profundamente conservadoras y hondamente críticas con el actual Gobierno de coalición, asumiendo posiciones radicalmente incompatibles con su condición profesional, al menos a juicio de Carlos Jiménez Villarejo, que las resume así:
- Consuelo Madrigal se atrevió a afirmar: “Hay una perversión del procedimiento legislativo”. Añadiendo que dicha “perversión” la han extendido al Ministerio Fiscal.
- Antonio Narváez –autor de la frase “El Gobierno ha deteriorado las instituciones”–, expresó sus profundas raíces conservadoras cuando, refiriéndose al Gobierno, se permitió preguntarse qué hará Feijóo cuando llegue al Gobierno “con el deterioro institucional”. Reiteró, además, su alianza con los llamados “filoetarras”. Y aplaudió las falsas palabras de Feijóo sobre que el Gobierno “ha ocupado el CNI, la Fiscalía General, el CIS…”.
Un editorial de El País concluye, a su vez, que aunque carece de ningún tipo de sanción, lo ocurrido supone un incumplimiento incontestable del código ético que la Fiscalía General del Estado aprobó en 2021 –con la participación en su elaboración de todas las asociaciones–. En él se reconoce el derecho a la libertad de opinión y expresión de los fiscales, pero establece una serie de límites, entre los que destaca el que incumplieron los fiscales: “La omisión de cualquier acción que pueda ser percibida como una afectación a su independencia e imparcialidad”.
La justicia y la equidad, en juego
En un Estado democrático, la independencia del poder judicial es esencial para garantizar la justicia y la equidad. Dentro del poder judicial, los fiscales tienen un papel fundamental como encargados de llevar a cabo la acusación en los procesos penales. Sin embargo, su independencia es a menudo amenazada por los intereses políticos o económicos.
La independencia de los fiscales es vital para que puedan realizar su trabajo de manera efectiva y justa. Si los fiscales están sujetos a la influencia de intereses políticos, económicos o personales, su capacidad para llevar a cabo investigaciones objetivas y presentar cargos de manera justa se ve seriamente comprometida. Por ejemplo, si los fiscales están bajo presión política para presentar cargos contra ciertos individuos o grupos, incluso si no hay suficientes pruebas para justificarlos, la justicia se ve amenazada. Esto puede llevar a casos de injusticia y a la pérdida de confianza en el sistema judicial.
La independencia de los fiscales también es importante para garantizar que la justicia sea imparcial. Si los fiscales están sujetos a la influencia de intereses externos, es más probable que se centren en determinados grupos o individuos y no en otros. Esto puede llevar a un sesgo injusto en la aplicación de la ley.
En última instancia, la independencia de los fiscales es crucial para garantizar que el Estado de derecho sea respetado. Si los fiscales no son independientes, es más probable que se produzcan casos de corrupción, abuso de poder y arbitrariedad en la aplicación de la ley. @mundiario
