Lo verde, muy verde en España

La defensa de la ecología prácticamente nació en Alemania de la mano del partido Los Verdes en los años 80. Fue un auténtico revulsivo y sus instigadores eran jóvenes rebeldes pacifistas con el pelo largo, sandalias y pañuelos al cuello que “volvían” de las proclamas del mayo 68 y arremetían contra el despliegue de los misiles norteamericanos en suelo germano en plena guerra fría. Desde entonces, dos de sus cofundadores más potentes Petra Kelly y el militar retirado Gert Bastian, asumieron unos postulados ecologistas, la defensa de derechos civiles y el feminismo que hicieron mella tanto en la casta alemana durante muchos años como en el resto de Europa.

Desde entonces, Los Verdes alemanes han ido creciendo y fieles a sus dogmas, podrían dar la sorpresa en las próximas generales en otoño tras la marcha de la cancillera Angela Merkel, hasta el extremo como apuntan ciertas encuestas de poder liderar el gobierno federal en Berlín. Nunca antes como hoy estuvieron tan presentes los postulados ecologistas en los debates y en el espectro político alemán conformado por  conservadores, la izquierda, liberales y hasta la misma ultraderecha.

Sin embargo, si desde la eclosión de Los Verdes Alemania se había erigido en el principal propulsor  de lo ecológico en Europa, esto no ha impedido que en países como España costara sensibilizar a la opinión pública,  a los partidos e incluso sindicatos de asumir el relato verde  hasta bien entrado el siglo XXI. No somos una potencia industrial como Alemania, pero sí somos una potencia de servicios y bien podríamos serlo también en economía digital, con razones de sobra para liderar con vehemencia  la defensa medioambiental en numerosos ámbitos. 

Sin apenas cultura ecológica, España en plena democracia y saliendo de continuas crisis, nunca encontró el momento de sacrificar parte del boom (milagro económico) por la defensa férrea del medio ambiente. Ha sido prácticamente por imposición de Bruselas y poco antes de  la  pandemia con sus devastadores efectos sobre vidas humanas y la economía, que parece que España reacciona aunque moderadamente. Ojalá haga lo propio también con la revolución digital. De hecho, aún cuesta asumir como en otros países una política y conductas favorables a una nueva economía descarbonizada. Prueba de ello, es que aunque hemos mejorado mucho respecto a otras generaciones, no podemos presumir de liderazgo cuando hasta hace poco existía el “impuesto al sol” que penalizaba el autoconsumo a las renovables. 

EL MUNICIPALISMO TAMBIEN TIENE SU RESPONSABILIDAD

O cuando el municipalismo en plena pandemia sigue haciendo la vista gorda a serios problemas medioambientales mientras sus ayuntamientos malgasta auténticas partidas en no pocos capítulos intrascendentes. De hecho asumimos con parsimonia estoica y postergamos al futuro solventar satisfactoriamente en los consistorios graves problemas relacionados con: recogida de residuos, tratamientos de aguas residuales, excesiva urbanización del suelo, constricción de zonas verdes, derroche hídrico amén de la contaminación acústica o lumínica, que nunca se abordan, a pesar de ser líderes mundiales en dichas plagas. Pronto olvidamos también que la contaminación del aire causa en España del orden de 20.000 muertes anuales.  

Como casi siempre que hemos de emprender un reto con impacto en las cuentas del estado y/o de los municipios, las iniciativas casi nunca vienen de dentro sino de fuera, en especial de  la UE. A primeros del siglo actual, consciente de los enormes desastres medioambientales en el país, empezaban a aflorar en España las demandas ecologistas por parte de fuerzas mayoritariamente progresistas (o sea de izquierdas) y a incluir tímidamente en sus postulados electorales ciertos puntos verdes. La derecha y partidos de centro prácticamente nunca asumieron el ecologismo como una demanda social y un reto para cambiar el modelo económico. Pero ni unos ni otros han alterado el viejo esquema basado en  el ladrillo y el turismo todavía vigentes hoy en día.

QUIEN CONTAMINA, NO PAGA

Lo que sí hemos asumido ha sido en la legislación española pero por imposición europea en el 2.000 aquel principio de que : “Quien contamina paga”, aunque con efectos poco disuasorios. Algunos de los más graves desastres medioambientales cometidos en España a lo largo de sus años quedaron impunes:  La rotura de la balsa de Aznacóllar a finales de los noventa propiedad de la empresa sueca Boliden, el chapapote del Prestige en el 2002, el proyecto CASTOR fallido de la empresa de Florentino Pérez, el escándalo de las sales potásicas de Iberpotash en el 2011 que contaminaron  grandes superficies de agua dulce,   o los vertidos de la química ERCROS de toneladas de lodos tóxicos al río Ebro a su paso por Flix en el 2012,  son sólo algunos de los numerosos ejemplos cuyas desastrosas consecuencias fueron finalmente asumidas por  los contribuyentes. Casos así de auténtico escándalo público habrían sido impensables en el país de Los Verdes cuyas empresas  habrían sufrido todo el peso de la ley, asumido las reparaciones ambientales , desembolsado fuertes sanciones económicas o incluso canceladas las licencias para operar.  

Desde entonces, los distintos gobiernos de la democracia como el  de Mariano Rajoy nunca tuvo sensibilidad por los temas medioambientales. Al contrario, fue quien impuso el “impuesto al sol” para penalizar a las inversiones en renovables y llevó a los tribunales internacionales  a España hasta tener que pagar 1.000 millones de euros en indemnizaciones.   Tampoco el PP tuvo interés en preparar una ley de cambio climático mientras se mantuvo en la Moncloa. Fue Pedro Sánchez quien preparó la primera ley ecológica aprovechando el clamor popular en Europa contra el clima, la defensa del medio ambiente a la par que buscaba la foto con la activista sueca Greta Thunberg. Sin embargo, tanto espíritu ecologista del actual ejecutivo de coalición no le impide detentar la mayor huella ecológica de todos los gobiernos, tanto por el abultado número de ministerios y vicepresidencias, como por el abuso de Falcons y  chóferes para trayectos que otros políticos vecinos habrian evitado recurriendo al transporte público. ¿Se imaginan que ministros, alcaldes, líderes políticos en España fueran a sus puestos de trabajo en metro o en bicicleta como hacen otros muchos homólogos europeos? Pues eso. Aquí llegar a cargo de poder supone aumentar la huella ecológica pese a que exijan ejemplaridad a la ciudadanía. 

Por si no fuera poco, las negociaciones de la UE en las diferentes cumbres de la Tierra condicionó al nuevo ejecutivo español a contemplar sin más retraso la defensa del clima. Ahora presumimos de una ley en efecto que ayudará a la transición energética pero sin la suficiete ambición ante lo que la ONU llamó “emergencia climática” y otros incluso “holocausto ecológico”. Hemos asistido la semana pasada en Alemania a que el máximo tribunal obligue a Berlín a endurecer sus metas en la lucha contra el clima y la descarbonización de la economía por entender que se pone en riesgo la herencia ambiental destinada a las generaciones venideras.

SIN INICIATIVAS DIPLOMÁTICAS A PESAR DE SER POTENCIA MUNDIAL EN TURISMO

España nunca llevó la iniciativa parlamentaria ni diplomática en este frente ni en otros muchos, dejándonos imponer  las directivas de la UE, en especial en cuestiones que implican reformas económicas, ambientales y ahora digitales, para evitar así el desgaste político interno. Y cuando ha hecho sus deberes como ahora la nueva Ley de Cambio Climático, el equipo de Sánchez se ha limitado a calcar las metas de Bruselas, sin endurecerlas por temor a una nueva bronca política, pero a vendérnoslas como un avance inédito en Europa. 

Lo verde está muy verde en España. Pese a todo, en ningún tipo de elecciones celebradas en España desde los años 2.000 se ha defendido la ecología  salvo alguna excepción dentro de la izquierda. Como nunca tampoco el ecologismo ha sido objeto de disputa en los mítines o en los debates televisivos  Lo verde nunca era objeto de negociación política, pero no porque no estuviera en la mente de la sociedad civil, sino porque la clase política estaba muy verde en defender algo que parecía que interesaba sólo a los “rebeldes” ecologistas y no a la inmensa mayoría silenciosa . 

Hoy en día parece estar cambiando la percepción social sobre el ecologismo, aunque cuesta encontrar serios debates y tertulias sobre el clima, la descarbonización y la lucha contra las emisiones de CO2 más allá de simples titulares.  Muy pocos medios de comunicación cuentan con una sección diaria sobre el medio-ambiente y se banaliza la oportunidad de negocio que supone. Aunque la OIT (Organización Internacional del Trabajo) augura la creación de 24 millones de empleos verdes nuevos en una década, en España estamos a otra cosa. 

Nuestros legisladores de uno y otro color político siguen sin enterarse que la transición ecológica ayudaría a combatir el paro. Parece mentira que siendo una potencia mundial en turismo, nos cueste extender la sostenibilidad a la práctica totalidad de la cadena. Algo que bien vendido atraería turismo de calidad y nos alejaría tanto del atributo del bajo coste  como del turismo de  borracheras. Si a estas alturas de la crisis por la pandemia, aún tenemos que explicar este concepto, es que entendemos poco del mundo de los negocios.

Plenamente inmersos en la revolución eco-digital y en la pandemia más seria en toda la historia reciente de la humanidad, España asume tímidamente el reto del cambio ecológico. Nos limitamos a emular lo que dice la UE. Nos cuesta proponer iniciativas verdes legislativas que sirvan de referencia en otros países. Parece que nunca es el momento, nunca es una prioridad. Históricamente se ha asociado estas demandas ecológicas a grupos juveniles radicales o  pacifistas votantes de izquierdas. En el resto de Europa hace tiempo que la conservadora Merkel es una de las más claras impulsoras del reto climático por sus efectos positivos en transferencia tecnológica. Aquí ni la derecha ni la izquierda hacen por entenderse en lo más elemental ni en cortar la hemorragia del paro. 

Estamos despertando del sueño y nos adentramos al drama de la excesiva carbonización de la economía. La política española nunca prestó atención al hecho de ser uno de los países con  mayor horas de sol de Europa para masificar por ejemplo los tejados con placas fotovoltaicas. Al contrario, despertamos cuando empresas de otros países con apenas 90 días de sol al año empezaban a exportar su tecnología en renovables y dejaban a España en ridículo. En honor a la verdad, las grandes corporaciones del IBEX también tardaron sus años en reaccionar e internacionalizar el negocio con las energías limpias. A las empresas del SEPI les cuesta aún marcarse objetivos claros para lograr la neutralidad climática.

Si queremos ser líderes en economía verde y crear empleo nuevo, tanto el Gobierno central como autonómico y en especial los ayuntamientos han de ponerse las pilas, ser más ambiciosos climáticamente sin esperar siempre a la UE, favoreciendo el cambio de paradigmas, de conducta social y de una economía libre de emisiones. Para ello, los partidos de centro-derecha tienen que apropiarse del debate verde en la opinión pública, ahora que los “progresistas” parecen haberlo conseguido tácticamente al menos de boquilla, y los medios asumir su responsabilidad de crear un espíritu crítico en la sociedad civil.

La ciudadanía, con independencia del credo político, ha de arrogarse a que las cosas dejarán de ser como han sido hasta ahora. Descarbonizar la economía para salvar el planeta no es un capricho pasajero que hemos asumido entre todos en la Agenda Europa 2050 climáticamente neutra. Es una necesidad imperiosa para salvar la especie humana y la salud de los pronto 10.000 millones de habitantes en la Tierra. Esto pasa por asumir cuanto antes, que o damos un giro radical a nuestra conducta o no habrá quien pueda vivir sin oxígeno en el planeta. Un Tribunal Constitucional alemán, cuna de Los Verdes, acaba de dar un toque de atención al gobierno de Angela Merkel al exigir que dada la emergencia climática, sea más ambiciosa en su ley climática para neutralizar el clima antes de los plazos marcados. Este fallo judicial germano debe ponernos en alerta a toda Europa, y en particular a España  también, para profundizar en la revolución eco-digital, con metas más  exigentes y cercanas en el tiempo.

España, tiene la oportunidad de subirse a la ola y  liderar si es necesario en Europa la apuesta por descarbonizar la economía, el trabajo, la educación, la salud, el ocio y la cultura entre otros, al mismo tiempo que crea empleo.  La inminente llegada de fondos europeos para la reconstrucción (Next Generation EU) es una oportunidad de oro para  dilucidar con criterio largoplacista  las inversiones presentadas a Bruselas pero desconocidas para la gran mayoría. No se puede tolerar que en los próximos debates y programas electorales, un tema tan democrático como el medio ambiente por afectar a todos por igual,  tan crucial para la salud y vida en la tierra, pase de soslayo. 

Al menos por una vez, la clase política de todo color sin excepción, tiene que normalizar el debate verde y empeñar sus acciones al futuro limpio de paisajes, aire y aguas, así como en la defensa de la flora y fauna. Durante muchas generaciones hemos menospreciando el impacto ambiental de toda actividad humana y cuyo legado empezamos ahora a admitir. El patrimonio natural (recursos naturales), bien consumido o bien dañado sin reparar,  tiene que suspenderse con urgencia. A la enorme deuda pública que estamos traspasando a nuestros herederos se le une la deuda de asfixia ambiental. En ninguno de los casos tiene su reflejo en los cálculo de medición de prosperidad como el PIB. Es hora que alguna vez, sufraguemos económicamente su reparación y asumemos un nuevo capitalismo verde en mutación. La política de avestruz nos ha llevado hasta casi sucumbir por el precipicio. Lo verde no es todo, pero todo sin lo verde no es nada. @mundiario