Ventas y herencias de vivienda sin cambios fiscales: el Gobierno congela la plusvalía

Viviendas en una zona residencial. / Mundiario
El Ejecutivo ha optado por reordenar y dividir el contenido en dos decretos, pero ha decidido dejar fuera la actualización de los coeficientes de la plusvalía.

El Gobierno ha decidido dar marcha atrás y no actualizar los coeficientes de la plusvalía municipal en 2026, al menos por ahora. El Ejecutivo ha renunciado finalmente a modificar los multiplicadores que se aplican al impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, según confirman fuentes gubernamentales. El ajuste, que había sido aprobado por la vía de urgencia e incluido en el decreto ómnibus de diciembre, no figurará en ninguno de los dos nuevos decretos que el Consejo de Ministros aprobó este martes para sustituir al anterior, previsiblemente publicados este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La medida formaba parte del amplio paquete normativo que decayó la semana pasada en el Congreso por falta de apoyos parlamentarios, dejando en suspenso tanto el escudo social como diversas iniciativas fiscales. Tras ese revés, el Ejecutivo ha optado por reordenar y dividir el contenido en dos decretos, pero ha decidido dejar fuera la actualización de los coeficientes de la plusvalía, una modificación que, aunque de carácter técnico, tiene un fuerte impacto político y financiero en el ámbito local.

Un impuesto sensible para los ayuntamientos

La actualización de los multiplicadores se presenta habitualmente como un trámite casi automático, vinculado a la adaptación anual del impuesto a la evolución del mercado inmobiliario. Sin embargo, el Gobierno ha optado en esta ocasión por mantener el cuadro vigente, evitando introducir cambios en un tributo clave para la financiación municipal. En la práctica, la decisión supone congelar la fiscalidad de la plusvalía municipal durante al menos un ejercicio más, una noticia que los ayuntamientos y los contribuyentes reciben con lecturas contrapuestas.

La plusvalía municipal grava la ganancia teórica obtenida por la revalorización del suelo urbano entre la adquisición y la transmisión de un inmueble —ya sea por venta, herencia o donación—. El impuesto se calcula mediante la aplicación de coeficientes máximos fijados por el Estado sobre el valor catastral del suelo, en función del número de años transcurridos. Posteriormente, los consistorios pueden aplicar esos coeficientes o reducirlos a través de sus ordenanzas fiscales.

Qué cambios quedan descartados

El rediseño que finalmente no verá la luz endurecía la tributación de las transmisiones realizadas pocos años después de la compra, una medida orientada a penalizar las operaciones de carácter especulativo. La propuesta no era nueva: el Ejecutivo había recuperado en diciembre una iniciativa registrada meses antes por el grupo socialista en el Congreso, dentro de un paquete más amplio de reformas fiscales ligadas a la crisis de vivienda.

El nuevo cuadro planteaba subidas relevantes en los primeros años de tenencia. Por ejemplo, en transmisiones realizadas en menos de 12 meses, el coeficiente máximo iba a pasar del 0,15 al 0,16. A los siete años, el salto era más significativo, del 0,20 al 0,22, y a los ocho años se proponía un aumento del 0,19 al 0,23. También se contemplaban incrementos notables en ventas realizadas entre los nueve y los primeros años posteriores a la década.

Las rebajas solo comenzaban a aparecer a partir de los 17 años de tenencia y se intensificaban pasadas dos décadas, cuando el coeficiente máximo iba a reducirse del 0,40 al 0,35. Al quedar descartada la reforma, todos estos cambios decaen y los multiplicadores actuales seguirán plenamente vigentes, siempre con la posibilidad de que los ayuntamientos los modulen a la baja.

Una renuncia con lectura política

La decisión refleja el equilibrio delicado del Ejecutivo entre la presión fiscal, el mercado inmobiliario y la necesidad de apoyos parlamentarios. Renunciar a la actualización evita abrir un nuevo frente con los municipios y con los contribuyentes en un contexto político ya tensionado, pero también aplaza un debate de fondo sobre el papel de la plusvalía municipal en un mercado de la vivienda marcado por la escasez y el encarecimiento sostenido.

Por ahora, la fiscalidad de este impuesto local queda congelada. El debate, sin embargo, sigue abierto. Si quieres, puedo prepararte titulares, un despiece explicativo o una tabla comparativa con los coeficientes actuales y los que estaban previstos. @mundiario