Venezuela: las consecuencias del traspaso de fondos del BCV a la Fed sobre el régimen

A pesar de que la agenda mundial está actualmente enfocada al 100% en la atención y mitigación de la consecuencias sanitarias, humanitarias, económicas y sociales de la pandemia coronavirus sobre todas las naciones del planeta, el motor del sistema de poder global como epicentro del eje capitalista y del tablero de la geopolítica mundial, no se detiene.

Aunque el Gobierno de Estados Unidos ha puesto todo su arsenal financiero a disponibilidad inmediata de la Administración de Donald Trump para restablecer la normalidad del orden económico en la primera economía del mundo y en pro de la estabilidad del sistema neocapitalista global, que tiene su sede en los principales instrumentos de poder de la Casa Blanca como factor unipolar de dominio en Occidente: Wall Street y la Reserva Federal (emisores y gestores del monopolio mundial del dólar y el oro), Washington mantiene intacta su política exterior hacia el principal elemento de su tablero en una región estratégica para los intereses expansionistas de la mayor superpotencia mundial: América Latina.

Las razones de la Casa Blanca

Venezuela es la puerta de entrada hacia la región para garantizar la fluidez de sus exportaciones e importaciones de petróleo con el objetivo de mejorar aún más su capacidad de producción, dado que el transporte de crudo desde el país sudamericano está a tan solo tres días de navegación hacia las costas estadounidenses, mientras que el costo del traslado de crudo desde Medio Oriente le sale con un importe mucho mayor a EE UU debido a que demora entre uno y dos meses de navegación desde esa región y desde Asia hasta América del Norte.

Asimismo, Venezuela es el puente de conexión de EE UU con Europa en un eventual escenario donde Washington logre crear una alianza petrolera con un nuevo gobierno alineado a sus intereses. He ahí el trasfondo de la agenda de presión total de la Casa Blanca contra el régimen neocomunista de Nicolás Maduro y el motivo de su más reciente táctica de presión financiera.

Y es que el Banco Central de Venezuela (BCV) rechazó una reciente medida del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en la que ordenó al Citibank transferir los fondos de la autoridad monetaria venezolana a la cuenta de la Reserva Federal del país norteamericano.

Citibank es la división de consumo, finanzas y seguros de la empresa multinacional estadounidense de servicios financieros Citigroup, con sede en Nueva York. Es un banco global con 3280 sucursales en 36 países y posee un enorme stock activos con un valor 306.000 millones de dólares.

La táctica de EE UU

En un comunicado, el BCV tildó de “vulgar despojo” la decisión del Tesoro y afirmó que se trata de una “apropiación indebida de fondos que pertenecen al Estado venezolano”. La posición del Estado venezolano, que es determinada por el aparato de poder y los asesores políticos del régimen de Maduro, se basa en una política exterior de retórica defensiva y aislacionista con la cual, simplemente, el Gobierno venezolano de facto rechaza y apela al discurso de la soberanía para justificar su tesis de EE UU busca derrocar a un gobierno que el aparato de propaganda interno del chavismo ha tratado de instaurar en la opinión pública del país como “legítimo y constitucional”.

“Esta acción se suma a una serie de ataques que, no solo pretenden desacreditar la legitimidad de las altas autoridades del BCV, sino apoderarse de forma fraudulenta de los activos del pueblo venezolano”, reza la misiva.

El Banco Central indicó que ejercerá “todas las acciones legales que estén a su alcance para defenderse de esta decisión”. Sin embargo, una posible demanda ante el Centro Internacional de Arreglos y Diferencias (CIADI) podría no prosperar debido al estado de insolvencia financiera, default y elevado riesgo crediticio que tiene el Gobierno de Maduro ante los mercados globales de deuda y capital, aunado a la gran influencia que tiene EE UU en este tipo de instancias jurídicas-financieras internacionales.

Ante esto, los fondos pasarán a una cuenta en el banco de la Reserva Federal de Nueva York, de la que también es titular el BCV, pero ya no podrá utilizarla debido a que su dominio ha quedado suspendido y bajo confiscación y administración temporal de la Fed por la jurisdicción financiera y la ley bancaria estadounidense, tomando en cuenta que es en tribunales de Nueva York donde varios altos funcionarios del gobierno venezolano enfrentan cargos y procesos judiciales por presuntos delitos de corrupción, narcotráfico y lavado de dinero.

La operación

Pero, ¿a qué se debió concretamente este giro financiero tan abrupto y perjudicial para el régimen de Maduro en medio de una situación económica tan apremiante tanto para EE UU como para Venezuela ante el impacto multidimensional de la pandemia del coronavirus?

El diputado opositor y ex presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional (Congreso) de Venezuela, José Guerra –actualmente exiliado en Colombia por persecución política del chavismo con orden del Tribunal Supremo de Justicia–, analizó el hecho para un medio digital venezolano y recordó que entre 2013 y 2014, el BCV hizo tres operaciones de swap. Estas consistieron en intercambiar parte de su oro por dólares en efectivo con el CitiBank. El swap es un intercambio, es decir, el ente emisor dio el oro en garantía. De esta forma, el Banco Central venezolano buscaba liquidez ante la asfixia de las sanciones de EE UU, que tienen al país bloqueado en todo el sistema financiero internacional, que a su vez es controlado desde la Casa Blanca y, por ende, se mueve en dólares.

“Citibank lo administra, lo tiene en su cartera, pero es del BCV y además le paga un interés por el financiamiento recibido porque está entregando el oro a cambio del efectivo en divisas”, dijo.

Ese banco estadounidense era, antes del inicio de las sanciones de la Casa Blanca a Venezuela en 2018, la entidad mediante la cual el Gobierno de Maduro realizaba casi todas sus transacciones de captación de ingresos por las exportaciones de petróleo, así como para la conversión de fondos en efectivo o en oro destinado a las reservas del país, de las que el régimen ha extraído al menos 14 toneladas de forma ilegal por unos 570 millones de dólares en efectivo tras vender ese oro a Rusia y Turquía en vista del embargo petrolero que la Casa Blanca tiene impuesto sobre la administración de la estatal venezolana PDVSA y la administración de Maduro.

Citibank por su parte, le cobró una comisión al BCV por el manejo y por el financiamiento. El BCV recurrió al mecanismo dada la caída sostenida de su principal fuente de divisas, que eran los ingresos petroleros.

Los 342 millones de dólares se originaron, indicó el legislador, de un saldo a favor del BCV por el aumento de los precios internacionales del oro, que hoy se cotiza en 1.680 dólares por onza. Esto implica que esos fondos se multiplicaron a partir del inicio del cobro de intereses del BCV al Citibank por administrar su cartera de oro monetario.

El BCV pagó lo acordado con Citibank de la primera operación de intercambio (swap) y recuperó parte del oro, restaban las otras dos operaciones, pero desde 2017 se atrasó con los pagos al banco estadounidense. No obstante, desde finales de ese año y durante todo 2018, Venezuela dejó de percibir 18.000 millones de dólares en ingresos petroleros debido a la caída en la producción, la inversión y el mantenimiento de la industria, presionada por la corrupción interna y, según estimaciones de la firma Ecoanalítica, como consecuencia de las altas emisiones de deuda que el régimen de Maduro ejecutó para financiarse ante el desplome de los ingresos y los bloqueos de EE UU en bancos corresponsales y en sistemas de pago internacional sobre el país, abultados compromisos hasta 2027 por 92.750 millones de dólares para pago de deuda en intereses y capital.

“Citibank les empezó a cobrar, ellos (el BCV) no pudieron pagar, entonces Citibank hizo lo que se llama una cancelación anticipada de los dos swaps que quedaban por 342 millones de dólares. En ese momento entraron en vigencia las sanciones de EE UU y luego en 2019, el gobierno de Estados Unidos reconoce a Juan Guaidó como presidente interino”, agregó.

El resultado fue que el banco estadounidense extrajo los intereses acumulados en favor del BCV por sus servicios de administración, financiamiento y suministro de oro para cubrir la deuda que el banco emisor venezolano dejó de pagar con un tramo restante del metal dorado que aún no había terminado de saldar con su equivalencia en una parte de los dólares en efectivo que el Citibank le había prestado al BCV.

“La movilización se da desde la cuenta del Citibank, que es un banco privado hacia un banco público que es la sede de la Reserva Federal en Nueva York, la OFAC (Oficina de Control de Activos del Tesoro de EE UU) está conforme, Citibank lo está y se hace el traslado”, añadió.

El impacto de esa movida financiera sobre el régimen de Maduro

Por lo tanto, esa jugada representa un acuerdo financiero entre la Reserva Federal, que es el Banco Central de EE UU, y el Citibank, uno de los bancos privados que más dividendos le produce a la Fed y a la Casa Blanca, dado que la entidad se beneficiaría de los intereses que la Fed va a pagarle por mantener en su cuenta pública estatal fondos que ahora pertenecen al Citibank por el default, impago o cese de pagos en el que incurrió el Banco Central de Venezuela al dejar de pagar su deuda por el oro del país sudamericano.

Con esa movida, el panorama financiero se le complica aún más al régimen de Maduro, pues al correr el riesgo de perder más de 5.000 millones de dólares en ingresos por el cese de operaciones de la estatal petrolera rusa Rosneft en Venezuela, la caída del precio del petróleo por debajo de 0 dólares, ahora se sustraen 342 millones de dólares, es decir, un 7% menos del stock de 5.000 millones de dólares que EE UU le tiene congelados y represados en bancos corresponsales al Gobierno de Maduro por las sanciones.

Pero el golpe va mucho más allá, puesto que, según informes de inteligencia que posee el Departamento de Estado de EE UU, en la vocería del agente especial norteamericano para Venezuela, Elliott Abrams, el régimen de Maduro ha robado entre 200.000 y 300.000 millones de dólares del patrimonio público del país originado en los ingresos de 1 billón de dólares (USD1.000.000.000.000) que ha entrado a la nación por exportaciones petroleras a lo largo de los últimos 20 años; 13 del gobierno de Hugo Chávez y siete del gobierno de Maduro.

Esos fondos, según el gobierno estadounidense, se han desviado en corruptelas instaladas en la estatal PDVSA y en estructuras de capital domiciliadas en empresas offshore y cuentas de testeferros del gobierno venezolano en España, Andorra, Panamá y Miami.

La sustracción de esos USD342 millones implica una pérdida de al menos un 5% de ese stock de capital bajo control del régimen, que ha mermado por las sanciones de EE UU y que, además, pone en riesgo la distribución de rentas dentro de la estructura de monopolios en el estamento militar y empresarial que sostiene a Maduro en el poder mediante su apoyo bélico, armado, estratégico y político sobre todo el territorio venezolano en los ámbitos de la política, la economía y la sociedad del país sudamericano. @mundiario