La transparencia ha venido para quedarse en las entidades locales

Este miércoles se presentó el documento Abriendo puertas y ventanas de los ayuntamientos gallegos. Más transparencia para un mejor gobierno local, de la Red Localis, elaborado por Mª Concepción Campos Acuña, secretaria de Administración Local y codirectora de Red Localis, y José Caamaño Alegre, profesor de la USC.

Con ocasión de la entrada en vigor de la Ley de Transparencia el 10 de diciembre se aborda el tema desde una perspectiva propia, partiendo del análisis de las peculiaridades socioeconómicas, geográficas y demográficas de los ayuntamientos gallegos, y de los datos obtenidos de una encuesta de elaboración propia de Red Localis. 

Como resultado de este estudio puede concluirse que las entidades locales gallegas no se encuentran preparadas para responder a los retos derivados de la implantación de la transparencia, más allá del reto normativo, como una auténtica transformación de la administración. De ahí que, en clave positiva, se formule un decálogo de propuestas para la mejora de la implantación de la transparencia en las Entidades Locales Gallegas:

> Crear redes de apoyo interadministrativas. A tal fin sería conveniente la definición de una estrategia conjunta con la participación de la Xunta de Galicia, Diputaciones Provinciales y FEGAMP, apostando por la racionalización de las instituciones, sobre la base de que las Diputaciones Provinciales y otros gobiernos locales intermedios disponen de una mayor dotación de recursos personales y materiales, que las capacita para el diseño de una estrategia amplia. La visión estratégica de la Comunidad Autónoma apostando por la transparencia municipal y facilitando herramientas de apoyo será crucial en la consecución de los objetivos.

> Implantar la administración electrónica. La transparencia se ejerce on line, lo que determina la necesidad de adoptar medidas que permitan la implantación de la administración electrónica como premisa indispensable para la transformación de nuestras entidades locales en administraciones transparentes, a través del Portal de Transparencia como una ventana abierta a la ciudadanía. Precisamente uno de los retos claramente definidos por la normativa es el “Portal de Transparencia”, concebido por la normativa como el instrumento a través del cual ejecutar las obligaciones legales en materia de transparencia. 

> Simplificar y reducir costes administrativos. En todos los aspectos y dimensiones del funcionamiento de la administración local. La LTBG no sólo exige información, sino también que esta sea clara, accesible, estructurada, interoperable, de calidad, y, en la medida de las posibilidades, reutilizable. Es preciso dotar de soluciones tecnológicas, organizativas y operativas a las EELL para afrontar este proceso.

> Introducir mecanismos de planificación. En el ámbito local, y al margen de otros instrumentos de calidad, debe procederse a la aprobación de planes de legislatura que permitan un adecuado seguimiento y evaluación de la gestión pública local, a través de la comprobación del cumplimiento de los compromisos adquiridos, grado de consecución de los objetivos planteados, coste e inversión en la ejecución de los mismos y resultado, en términos de calidad. En la administración local hay todo un camino por recorrer en esta materia.

> Mejorar la transparencia en el área de contratación. Forzosamente la contratación debe constituir uno de los ejes de la estrategia de transparencia. La LTBG impone una considerable publicidad activa en materia de contratación, pero una profunda y genuina aplicación del principio de transparencia a la contratación pública habría de extenderse a numerosos extremos que rebasan las actuales exigencias de publicidad activa de la normativa vigente, ampliándose íntegramente a todo el procedimiento. En este ámbito, no sólo debe cumplirse con la ley sino con unos estándares de conducta adecuados a la ética pública.

> Apostar por la reutilización de datos (open data). El derecho de acceso a la información del sector público constituye un principio básico de la democracia y del Estado del bienestar. Los datos extraídos de la encuesta de Red Localis han demostrado que se trata de uno de los puntos en los que los ayuntamientos gallegos deben intensificar sus esfuerzos. Se trata, de esta manera, de capitalizar el valor público existente en las administración, como una gran base de datos, desde la que se pueda extraer la información que retornará en positivo a la sociedad, dentro del marco legal, fuertemente condicionado, en este punto, por la normativa europea.

> Potenciar los órganos de control. El seguimiento de la implantación de la transparencia exige la medición de resultados de cumplimiento de la Ley mediante indicadores específicamente adaptados a las EELL. La normativa autonómica debería definir un claro sistema de garantías que permita que el órgano de control pueda actuar con fuerza vinculante ante el incumplimiento de las obligaciones de transparencia, optimizando en paralelo la existencia de otros órganos de control, no especializados en materia de transparencia pero con competencias en materia de rendición de cuentas y obligaciones de publicidad activa. Además de la Valedora do Pobo, debe tomarse en consideración la conveniencia de sumar a este proceso al Consello de Contas y al Consello Consultivo.

> Refuerzo de los marcos de integridad y regeneración democrática. Se ha insistido a menudo en que la transparencia sólo relegitima al gobierno y reduce la corrupción si, al tiempo, se mejora la rendición de cuentas. Los condicionantes políticos de la transparencia ponen de relieve el papel clave que están llamados a jugar la regeneración institucional y el compromiso de la sociedad civil para generar voluntad política. Hay que revitalizar más ampliamente el sistema político-administrativo, potenciar todo lo que engloban expresiones internacionalmente acuñadas como “infraestructura ética” o “marco de integridad”. Hace falta compromiso, pulso, un cierto grado de activismo en la sociedad civil, de modo que ésta exija la responsabilidad pública y ejerza un claro control social.

> Desarrollo del gobierno abierto y participación ciudadana. Dado que el nivel de transparencia está directamente relacionado con la calidad democrática de las instituciones y administraciones públicas, la implantación de la transparencia requiere acciones que trasciendan la simple ejecución normativa y que permitan a los ciudadanos integrarse en la gestión pública local, no sólo como meros espectadores destinatarios de servicios, sino como agentes del cambio. La transparencia no constituye un fin en sí mismo, sino que es un medio para conseguir un fin, y ese fin son precisamente los gobiernos abiertos, que adquieren su máxima expresión en el nivel local.

> Huir de la transparencia cosmética. Al lado de aquellas entidades que se han implicado en el proceso de implantación de la transparencia, nos encontramos también con actuaciones tendentes a generar una imagen de transparencia conforme a los estándares legales y sociales, al margen del cumplimiento real de las obligaciones, lo cual ha provocado que se acuñen nuevas expresiones: “trampariencia” o “transapariencia” son sólo algunas de ellos. Se actúa conforme a la voluntad de generar una apariencia de legalidad, opacidad por exceso de información o información poco accesible y sin una estructura clara que permita su conocimiento efectivo por el ciudadano. Es posible cumplir la Ley de Transparencia en apariencia y no ser transparentes. Pero el objetivo es “ser transparentes”, la apariencia es sólo un tema secundario.