Trabajo avisa a Uber Eats: cambio inmediato de modelo o denuncia penal
El Ministerio de Trabajo ha dado un paso más en su ofensiva contra el uso de repartidores autónomos en las plataformas de comida a domicilio. Si Uber Eats no modifica su modelo laboral antes de enero, cuando concluirá la investigación de la Inspección de Trabajo, el departamento que dirige Yolanda Díaz activará la vía penal contra la compañía, siguiendo el precedente abierto con Glovo.
Fuentes del ministerio señalan que la empresa está a tiempo de evitar una denuncia penal si rectifica antes de que se cierre el expediente inspector, previsto para los primeros compases de 2026. De lo contrario, Trabajo acudirá directamente a los tribunales por un presunto delito contra los derechos de las personas trabajadoras, una amenaza que ya ha desembocado en un proceso penal contra el máximo responsable de Glovo.
La investigación, adelantada por El País el pasado verano, se encuentra en su fase final. Desde Trabajo aseguran que el expediente estará listo en enero y que la documentación recabada permitirá, si no hay cambios, sustentar una denuncia penal sin necesidad de una sucesión previa de requerimientos administrativos.
Un giro en la estrategia judicial
A diferencia del caso Glovo, la ofensiva contra Uber Eats se apoyará previsiblemente en el primer apartado del artículo 311 del Código Penal, que castiga a quienes, “mediante engaño o abuso de situación de necesidad”, imponen condiciones laborales que restringen derechos reconocidos por la ley o los convenios colectivos. En el caso de Glovo, la denuncia se basó en el incumplimiento reiterado de sanciones y requerimientos previos de la Inspección.
Desde el ministerio explican que no esperarán a comprobar si Uber Eats corrige su conducta tras la sanción administrativa: acudirán a la vía penal en cuanto cuenten con el respaldo documental necesario. Aun así, advierten de que una eventual rectificación no impediría que otros actores, como los propios repartidores, impulsen acciones judiciales por su cuenta.
Un modelo híbrido bajo presión
Uber Eats opera actualmente en España con un modelo híbrido: combina repartidores asalariados a través de subcontratas —las denominadas flotas— con trabajadores autónomos. La compañía no detalla el peso exacto de cada grupo, aunque fuentes del sector aseguran que el número de autónomos se ha reducido “muchísimo” en los últimos meses, mientras crece el de personas asalariadas.
Este movimiento es interpretado como un anticipo de un cambio definitivo de modelo, similar al ya adoptado por Just Eat y por Glovo, que desde el pasado 1 de julio opera exclusivamente con repartidores asalariados, pese a mantener abierto un proceso penal contra su máximo directivo.
Uber Eats ha declinado hacer comentarios sobre el anuncio de Trabajo, aunque ha defendido en reiteradas ocasiones que su sistema de autónomos cumple la ley rider. Según la empresa, la aplicación no impone órdenes, permite rechazar pedidos sin penalización y da libertad para fijar una tarifa mínima por kilómetro. Los sindicatos discrepan y sostienen que el control algorítmico mantiene una relación laboral encubierta.
Un riesgo legal millonario
La presión regulatoria ya tiene reflejo en las cuentas de la compañía. Portier Eats Spain, la sociedad con la que Uber Eats opera en España, ha provisionado 136 millones de euros por contingencias fiscales y legales vinculadas a su modelo de contratación, según las cuentas depositadas en el Registro Mercantil correspondientes a 2021, formuladas en julio de 2024.
Con la investigación a punto de cerrarse y la amenaza penal sobre la mesa, el sector del delivery observa expectante el movimiento de Uber Eats. Si la plataforma no da el paso definitivo en enero, Trabajo está dispuesto a llevar el conflicto del terreno administrativo al penal, elevando al máximo la presión sobre la última gran empresa del reparto que mantiene repartidores autónomos en España. @mundiario