Los trabajadores de Eulen resisten en su huelga pese al laudo previsto

Agentes de la Guardia Civil en El Prat. / Twitter
Agentes de la Guardia Civil en El Prat. / Twitter

El Gobierno ha desplegado a agentes de la Guardia Civil en El Prat, algo que ha indignado a los empleados de Eulen y a los propios agentes.

Los trabajadores de Eulen resisten en su huelga pese al laudo previsto

En contra de lo que se temía, el primer día de paro total de los vigilantes de los arcos de seguridad en el aeropuerto de El Prat ha sido hasta ahora una jornada relativamente tranquila en comparación a lo vivido en las últimas semanas. El Gobierno envió este lunes a la Guardia Civil ante la amenaza de este paro de duración indefinida. Los agentes se encargan de supervisar las tareas de los trabajadores de Eulen Seguridad, y cuida de cerca que se cumplan los servicios mínimos, del 90%, explica esta mañana El País. El comité de huelga explicó que esta injerencia, no obstante, es una "vulneración" de sus derechos, y advirtió que mantendrá la huelga hasta que se cumplan con sus exigencias o hasta que se publique un laudo de arbitraje obligatorio, el cual les forzaría a retomar labores, lo cual es "ilegal", en palabras del mismo comité.

Los trabajadores de eulen, la empresa que desde el año pasado está a cargo de gestionar los controles de seguridad de este aeródromo, dieron largas a la Generalitat el domingo ante una nueva oferta económica presentada por la misma para terminar con la huelga. La decisión de los trabajadores forzó a Madrid a reaccionar. La llegada de agentes de la Guardia Civil fue solamente el primer paso. Entre dos y tres agentes de la misma se encargan de que cada filtro de seguridad funcione cuando menos con los servicios mínimos. Eso ha hecho que las colas, que en las semanas recientes superaron la duración de dos horas, este lunes no haya tardado ni 30 minutos. Durante la mayor parte de la mañana, la espera llegaba a ser de no más de 10 minutos. No obstante, las colas si eran largas porque los viajeros eligieron llegar con horas de antelación al despegue de su vuelo.

Pero el Gobierno central también tomó una segunda medida, que consta de poner en marcha un arbitraje que elabore un laudo obligatorio, un recurso apenas usado pero que forzaría a los trabajadores a volver a trabajar y a aceptar las condiciones laborales que les presenten, las que decida y plasme el laudo en mención. En Madrid se apuran los plazos para implementar esta medida e Íñigo de la Serna, ministro de Fomento, valorará la situación esta tarde tras una primera reunión de seguimiento de la huelga, explica el diario de Prisa.

En relación al frente abierto de Eulen, las condiciones del laudo serían las que recogía la propuesta que la Generalitat, en su calidad de agente mediador, ofreció el martes de la semana pasada. Aquella propuesta incluía importantes mejoras organizativas, una ampliación total de personal y un complemento que llegaría hasta los 200 euros por 12 mensualidades a fin de balancear las remuneraciones de los trabajadores, que a día de hoy ganan entre 800 y 1.100 euros al mes.

La plantilla de Eulen se negó en dos ocasiones a aceptar dicha propuesta, a fin de extender la negociación para conseguir que el complemento sea de cuando menos 250 euros por 15 mensualidades. Con todo, la inminencia del laudo de arbitraje obligatorio podría dejar sin validez estas reivindicaciones. De acuerdo a Juan Carlos Giménez, asesor del comité de huelga, el procedimiento es "ilegal" y ha avisado que los trabajadores recurrirán el mismo ante los tribunales. Giménez también criticó fuertemente la llegada de los agentes de la Guardia Civil. "Hoy no hay colas y se olvida el fondo del conflicto, las condiciones laborales de unos trabajadores que cobran una media de 900 euros y no pueden ni ir al lavabo", aseguró.

Lo cierto del caso, es que el comité ve con buenos ojos lo que ha propuesto la Generalitat, aunque eso no quita, aseguran fuentes citadas por El País, que aquellas "no son formas de solucionar un conflicto". Según los trabajadores de Eulen, los agentes de la Guardia Civil no cuentan con la formación suficiente para utilizar el escáner de objetos en los arcos de seguridad, lo cual es vulnerar los derechos fundamentales de los trabajadores, según apunta el mismo medio citando a un empleado de la empresa en mención.

Y la Guardia Civil, entretanto, se siente molesta con el Gobierno. Según explicó Juan Antonio Fernández, portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), los agentes de la guardia se sienten "utilizados" por el Gobierno, que ha recurrido a ellos para apagar como sea el incendio en que se ha convertido este frente.

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