Telefónica recorta el impacto del ERE y fija en 5.521 el mínimo de salidas

El terremoto laboral que atraviesa Telefónica ha entrado en una fase decisiva. La compañía ha rebajado a 5.521 el número mínimo de salidas en su Expediente de Regulación de Empleo (ERE), una cifra que, aunque supone un gesto visible hacia la plantilla y los sindicatos, no basta para disipar la tensión que envuelve unas negociaciones contrarreloj. En una empresa que durante décadas fue sinónimo de estabilidad, este proceso vuelve a abrir el debate sobre el modelo laboral y de transformación digital que está redefiniendo el gigante de las telecomunicaciones.

La dirección presentó este miércoles una propuesta que, sobre el papel, introduce un elemento que busca agitar las aguas: su compromiso de evitar despidos forzosos en las tres principales filiales del convenio de empresas vinculadas (CEV) si se alcanzan al menos 4.600 adscripciones voluntarias. Ese umbral actúa como un suelo y, al mismo tiempo, como un termómetro del clima interno. El máximo permanece en las 5.040 salidas previstas, pero la empresa envía un mensaje claro: está dispuesta a flexibilizar si la plantilla responde.

Si se lograra ese mínimo voluntario, la afectación total del grupo —incluyendo las otras cuatro filiales fuera del CEV— quedaría en 5.521 personas, por debajo de las 5.961 negociadas hasta ahora y lejos de las 6.088 planteadas en el arranque de las conversaciones. Es un recorte apreciable, pero insuficiente para UGT, que admite avances relevantes aunque rechaza de plano el listón de salidas fijado. Para el sindicato, cualquier número que deje abierta la puerta a medidas traumáticas es inasumible.

La negociación avanza, sí, pero lo hace a golpe de tensiones soterradas. Telefónica, inmersa en un proceso de transformación estructural que condicionará su futuro inmediato, se mueve entre dos frentes: reducir costes para sostener su estrategia y evitar un conflicto laboral de alto impacto mediático. Los sindicatos, por su parte, tratan de frenar lo que consideran un ajuste excesivo y de asegurar que nadie quede atrapado en un callejón sin salida laboral.

Mejoras económicas y nuevas condiciones

Uno de los movimientos más significativos presentados por la compañía ha sido la ampliación de la cobertura del Convenio Especial con la Seguridad Social (CEES). Telefónica ha aceptado que este mecanismo llegue hasta dos años antes de la edad legal de jubilación ordinaria, con un límite de 65 años. Se trata de una de las grandes reivindicaciones sindicales, especialmente para quienes no alcanzaban el nivel de cotización necesario para prejubilarse a los 63. Sin embargo, introduce una cláusula que no pasa desapercibida: solo se aplicará si la antigüedad requerida se cumple en el momento de la salida efectiva.

En paralelo, la empresa mantiene el requisito de 15 años de antigüedad durante todo el plan, y las condiciones económicas para los empleados nacidos entre 1969 y 1971 se sostienen en el 68% del salario. A pesar de ello, para UGT y CC OO las cuentas siguen sin cerrar. Consideran insuficiente que solo un 35% de las salidas se concentre en áreas no excedentarias y reclaman que se excluyan del cómputo para abrir la puerta a más voluntarios. Además, piden elevar el porcentaje de bajas en áreas excedentarias y exigir transparencia total sobre qué perfiles se pretende retener.

El debate por el empleo futuro y la prima de voluntariedad

Otro de los puntos calientes es la creación de empleo. Telefónica defiende su compromiso del 7%, pero los sindicatos empujan para elevarlo a un mínimo del 10%, arguyendo que cualquier proceso de reducción de plantilla sin un plan sólido de rejuvenecimiento condenaría a la compañía a un envejecimiento estructural. En la misma línea, CC OO reclama que, igual que en otras filiales ya se ha reconocido, la prima de voluntariedad se incorpore también en las del CEV.

Este es el tramo final de las conversaciones y las posiciones se tensan a medida que se acerca el cierre del plazo. La empresa aspira a amarrar un acuerdo que garantice estabilidad y evite un desgaste reputacional que podría proyectarse durante años. @mundiario