Telefónica acelera su salida de Colombia tras la retirada del Estado de Coltel
La historia de Telefónica en Colombia entra en su fase final. No será un portazo, sino una retirada ordenada, jurídica y políticamente calculada, que marca el fin de una presencia de décadas y abre una nueva etapa en el mercado de las telecomunicaciones del país. La salida del Estado colombiano del capital de Colombia Telecomunicaciones (Coltel), oficializada a finales de diciembre de 2025, no es un simple movimiento contable: es la pieza que faltaba para que el gigante español complete su marcha y deje el control del negocio móvil en manos de un nuevo actor dominante.
Durante años, Telefónica convivió en Colombia con una estructura accionarial híbrida, en la que el Estado mantenía un 32,5% de participación. Esa presencia pública funcionó como un ancla política, regulatoria y simbólica que hacía inviable cualquier salida limpia. El Decreto 1481, firmado por el Gobierno de Gustavo Petro, levanta definitivamente esa ancla. Al autorizar la venta de más de 1.108 millones de acciones estatales, el Ejecutivo no solo se desprende de un activo estratégico, sino que despeja la pista para que Telefónica entregue el testigo a Millicom y cierre un capítulo histórico en América Latina.
La operación tiene una dimensión financiera evidente —el Estado espera recaudar cerca de 856.000 millones de pesos—, pero su alcance es mucho mayor. Telefónica ya había pactado con Millicom la venta de su 67,5% en Coltel por 400 millones de dólares. Sin la salida del socio público, ese acuerdo quedaba incompleto, suspendido en una especie de limbo corporativo. Ahora, la puerta está abierta y la marcha de Telefónica deja de ser una hipótesis para convertirse en un desenlace.
El adiós de Telefónica y el nuevo equilibrio del mercado
La retirada de Telefónica no es un caso aislado, sino parte de una tendencia más amplia: la multinacional española lleva años replegándose en América Latina para concentrar recursos en mercados considerados estratégicos. Colombia era una de las últimas piezas relevantes de ese tablero. Su salida confirma que el país deja de ser prioritario para el grupo y que el peso del sector recaerá en operadores con mayor vocación regional.
Millicom, dueño de la marca Tigo, emerge como el gran beneficiado. Con la compra de Movistar y la integración con Tigo-UNE, el grupo luxemburgués aspira a controlar el 100% de la nueva compañía resultante. La magnitud de la inversión —más de 1.137 millones de dólares— convierte la operación en la mayor del sector en la última década y redefine el equilibrio de poder frente a Claro, el otro gran dominador del mercado.
Pero esta consolidación tiene un coste regulatorio. La Superintendencia de Industria y Comercio ha dejado claro que el tamaño importa, y mucho. La devolución obligatoria de espectro radioeléctrico es una señal inequívoca: el Estado no está dispuesto a permitir que la fusión se traduzca en una ventaja estructural irreversible.
El Estado se va, pero no se retira del todo
La salida del Estado de Coltel no implica una retirada del control público. Al contrario, el Gobierno ha querido subrayar que su papel cambia de accionista a árbitro. Las condiciones impuestas por la SIC y el Ministerio TIC buscan evitar abusos de posición dominante, proteger a los operadores móviles virtuales y garantizar que la red compartida NetCo no degrade el servicio, especialmente en zonas rurales.
El proceso de venta, además, está diseñado con un componente político y social. La primera fase, reservada a trabajadores y organizaciones solidarias, responde a una lógica de “democratización accionarial” que el Ejecutivo reivindica como seña de identidad. Solo después llegará el turno de los grandes capitales, incluido Millicom.
No todos celebran este nuevo escenario. WOM y otros actores más pequeños alertan del riesgo de un duopolio de facto entre Claro y el nuevo gigante Tigo-Movistar, que podría concentrar más del 90% del mercado móvil. El temor no es inmediato, sino estructural: menos competencia hoy puede traducirse en precios más altos mañana.
El Gobierno promete vigilancia constante, desde la portabilidad numérica hasta la gobernanza de datos. Mientras tanto, Movistar y Tigo seguirán operando como marcas separadas, y los usuarios no verán cambios inmediatos. Pero el mensaje de fondo es claro: la salida de Telefónica no es solo una operación empresarial, sino un punto de inflexión. @mundiario