El sector del combustible pide medidas de protección para evitar una parálisis
A pesar de no ser un país exportador de combustible, sino que en su lugar requiere de un nivel de abastecimiento interno bastante sólido, que en su mayoría es brindado por la transnacional petrolera española Repsol, España se encuentra en un estado de alarma que amenaza con provocar una paralización total del sistema de transporte si una buena parte del gasto público del Estado no va dirigido a blindar a las estaciones de servicio de unas condiciones mínimas de operatividad.
Y es que las asociaciones de gasolineras del país le han pedido al Gobierno que establezca unos servicios mínimos para el sector ante la descomunal caída de la demanda provocada por las medidas de confinamiento. El efecto directo de la contingencia de aislamiento social decretada por el Ejecutivo se produjo debido a que, ante el estancamiento del consumo y la actividad económica, una buena parte de la población busca emplear sus ahorros en la compra de provisiones básicas para enfrentar el tiempo, aún incierto, que queda de la pandemia de coronavirus y el estado de emergencia social en que está sumido el país, lo que amerita unos inventarios bastante nutridos de combustible para garantizar el desplazamiento de los ciudadanos.
La medida adoptada por el Gobierno establece que las estaciones de servicio no pueden cerrar al ser consideradas un servicio esencial y formar parte de las actividades que deben permanecer abiertas en virtud del decreto publicado el pasado domingo, que endurece aún más las restricciones a la circulación de las personas para frenar la expansión del coronavirus. El sistema urbano y de transporte del país está paralizado, solo una pequeña porción del parque automotor se moviliza solo en los sectores prioritarios: salud, seguridad y alimentación.
En un comunicado conjunto publicado este miércoles, las patronales Ceees y Aevecar han vuelto a exigir al Gobierno que fije unos servicios mínimos para el sector, petición que ya habían avanzado el pasado 30 de marzo. Sin embargo, esa solicitud fue aparentemente ignorada por las autoridades de Madrid y podrían causar una parálisis en el suministro de gasolina a medida que los inventarios comienzan a agotarse, todo esto en medio de una demanda que no para de crecer a pesar de la abrupta caída del consumo.
“No hemos tenido ninguna respuesta”, asegura Víctor García Nebreda, secretario general de Aevecar. “Sabemos que somos un servicio de primera necesidad, estamos lógicamente dándolo y no nos planteamos dejar de hacerlo, pero creemos que no hace falta el 100% de las instalaciones abiertas, una situación que pone en riesgo a profesionales y empresas”, manifestó en un comunicado publicado hoy.
En España hay unas 12.000 gasolineras que emplean a más 50.000 personas, lo que pone en riesgo la estabilidad financiera y logística de las cadenas de distribución privadas para garantizar las remuneraciones de su personal sin tener que aplicarles ERTEs, tal como hicieron grandes empresas como la Ford, Seat, Iberia, El Corte Inglés, entre otras.
García Nebreda explica que las dos asociaciones se pusieron a disposición del ministerio para elaborar una lista de estaciones de servicio en carretera. "Son las únicas que ahora tienen algo de movimiento, por los transportistas- para que estableciera los servicios mínimos que considerara oportunos, dando la posibilidad de seguir operando a que quienes quisieran", dijo. @mundiario
