Las reformas en la res pública: urgentes y de fondo

Participación en las elecciones catalanas./ @LaVanguardia (Twitter)
Votación// LaVanguardia (Twitter)

El proceso descentralizador en España acumula más luces que sombras, pero ante un nuevo escenario de elecciones generales, necesitamos reformas que corrijan las ineficiencias existentes, una estrategia de consolidación fiscal que sea avalada por la AIReF y el Banco de España y la evaluación de las políticas públicas.

Las reformas en la res pública: urgentes y de fondo

De nuevo, unas elecciones generales a la vista; de las que debería salir un Gobierno más estable y con más apoyos garantizados en el Congreso. Un Gobierno más fuerte que pueda afrontar los retos actuales del sector público español. Retos formidables y que requieren un gobierno con vocación reformista, elevada capacidad técnica y capacidad de generar consensos políticos con fuerzas de la oposición. Vayamos por partes.

El vigente sistema fiscal español es más fruto del parche y la improvisación que de un diseño meditado e integral. Por eso, hay que acometer una reforma global que corrija sus ineficiencias, reduzca la inequidad horizontal y mejore su capacidad recaudatoria. El informe de la Comisión de Expertos creada en su día ofrecía una estrategia razonable que, finalmente, fue soslayada y sustituida por un par de rebajas fiscales. Sin duda, el fraude fiscal es un problema en el que hay que incidir en correspondencia a su naturaleza de lacra social. Pero en este frente no se puede improvisar ni confiar en resultados espectaculares en el corto plazo.

Precisamente, la consolidación fiscal es otro de los frentes en el que el nuevo gobierno debe actuar con urgencia. Necesitamos una estrategia de consolidación bien diseñada y creíble para el próximo lustro. Y esa credibilidad pasa por el aval de las dos instituciones con mayor reputación para las autoridades comunitarias y los mercados internacionales: la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) y el Banco de España. Ambas demandan rigor a la hora de hacer los números y máxima colaboración del Ministerio de Hacienda.

En tercer lugar, llama la atención que los disparates presupuestarios que cometimos en la etapa del boom no hayan generado una corriente de opinión favorable a la obligatoriedad de someter a análisis de rentabilidad social ex-ante a las grandes inversiones públicas. Municipios, Comunidades Autónomas y Administración Central han ejecutado obras sinsentido de las que hoy nos arrepentimos. Análisis rigurosos e independientes hubiesen supuesto una cortapisa para buena parte de ellos. No obstante, esto es la punta del iceberg. En realidad, en España padecemos un enorme déficit en el diseño y evaluación de las políticas públicas; de falta de experimentación sistemática y rigurosa. Hoy casi todo se basa en la intuición y poco se somete a escrutinio periódico para saber si podemos hacer las cosas de manera distinta, logrando el mismo resultado a menor coste; o más bienestar social con los mismos recursos.

Finalmente, la reforma de la financiación autonómica y local. Es un asunto sin duda complejo y difícil; como lo es en todos los países federales. En este caso, no hay recetas mágicas, pero tampoco motivos para el pesimismo integral. El proceso descentralizador en España acumula más luces que sombras y hemos cometido escasos fallos graves; con la salvedad del sistema foral, que distorsiona mucho y no tiene paralelo en los países federales de referencia. Por eso, tenemos que seguir con una mentalidad reformista y de ajuste, de mejorar lo que no funciona o lo hace mal, y con la seguridad de que no existe en el Mundo un modelo óptimo e importable. Copiemos solo lo que merece la pena y de forma crítica:  partamos de los informes de las Comisiones de expertos creadas en 2017. 

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