Red Eléctrica acusa a las eléctricas del apagón y se declara inocente

Una grieta se ha abierto en el sistema eléctrico español y no solo por falta de tensión. El reciente cruce de acusaciones entre Red Eléctrica y las compañías energéticas ha revelado una guerra de fondo, donde los informes técnicos se convierten en proyectiles y la transparencia en una moneda en disputa.

Lo que parecía una investigación técnica para entender el apagón que dejó a medio país sin suministro el pasado 28 de abril ha acabado convirtiéndose en un pulso abierto entre Red Eléctrica —ahora Redeia— y las grandes eléctricas. Esta semana, la directora de operación del sistema, Concha Sánchez, ha sido contundente: si las centrales hubieran hecho su trabajo, nada de esto habría ocurrido. “No hubo control dinámico de tensión por parte de terceros”, repitió como quien clava una lanza.

Frente al informe publicado por el Gobierno, que sí apunta a fallos de planificación por parte de Red Eléctrica, la empresa operadora se defiende con uñas y dientes. Asegura que no incumplió ningún procedimiento, que los recursos previstos eran suficientes y que no va a pagar ni un euro en indemnizaciones, así lo dejó claro su consejero delegado, Roberto García Merino, que descartó tanto compensaciones como responsabilidades internas. Y por si faltaba contundencia, la presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, se negó a dimitir, dejando la pelota en el tejado del consejo de administración.

Una ofensiva sin precedentes

Lejos de la autocrítica, Redeia ha optado por el contraataque. Señala a las eléctricas por no cumplir con su obligación de regular la tensión, por desconexiones injustificadas y, sobre todo, por obstaculizar la investigación. Acusa a compañías como Iberdrola, Endesa o Naturgy de negarse a entregar datos completos o de remitirlos con carácter confidencial, dificultando el esclarecimiento de lo sucedido.

Más grave aún: tanto el informe de Redeia como el del Gobierno coinciden en apuntar a una planta fotovoltaica en Badajoz como origen del incidente. Aunque se mantiene en el anonimato, su mal funcionamiento habría desencadenado una oscilación peligrosa que se propagó como un dominó, desestabilizando toda la red. Según Sánchez, hubo centrales nucleares y ciclos combinados que debían intervenir y no lo hicieron. Si esto se confirma, estaríamos ante una cadena de negligencias compartidas, pero Redeia quiere dejar claro que no fue su eslabón el que falló.

Las eléctricas, en el punto de mira

La ofensiva de Redeia ha tocado un nervio sensible. Las eléctricas, agrupadas en Aelec, negaron cualquier responsabilidad y aseguraron que sus instalaciones funcionaban dentro de los parámetros exigidos. Argumentan que sus reticencias a entregar ciertos datos se deben a que Red Eléctrica no es un tercero neutral, sino una parte interesada. Traducido: no se fían.

Este cruce de reproches ha llegado incluso a Bruselas. Investigadores europeos han alertado de la falta de cooperación de las eléctricas españolas, lo que pone en entredicho la credibilidad del sector energético ante instancias internacionales. En cambio, Redeia se ha presentado como un ejemplo de transparencia: según sus directivos, han entregado toda la información requerida a la CNMC, al Gobierno y a ENTSO-E, cumpliendo además con los requisitos de confidencialidad exigidos por las empresas.

Una batalla con consecuencias políticas

El apagón del 28 de abril fue el más grave del sistema eléctrico ibérico en años. Pero más allá del incidente técnico, ha desatado una crisis institucional que puede tener consecuencias profundas. La presidenta de Red Eléctrica no solo se niega a dimitir: lanza una pregunta envenenada. “¿Si otras empresas tienen responsabilidad, también se les va a pedir la dimisión?”, dijo Corredor, cuestionando el doble rasero con el que, a su juicio, se mide la responsabilidad pública y la privada.

El Gobierno, por su parte, camina sobre una cuerda floja. Aunque su informe critica la planificación de Red Eléctrica, también admite que no contó con todos los datos necesarios. Y desde el Ministerio para la Transición Ecológica, la vicepresidenta Sara Aagesen ha señalado a las eléctricas como corresponsables del caos, reforzando la narrativa de Redeia.

Este enfrentamiento ha puesto sobre la mesa una cuestión estructural que lleva tiempo latente: ¿quién vigila al vigilante? ¿Puede una empresa como Red Eléctrica, que tiene funciones de árbitro del sistema, ser también responsable de recopilar datos y evaluar a los actores que regula? ¿Qué mecanismos existen para asegurar que la información fluya de forma transparente, sin intereses cruzados?

Porque al final, más allá de los informes técnicos y las acusaciones cruzadas, lo que está en juego es la confianza ciudadana en un sistema eléctrico que debe ser robusto, transparente y confiable. @mundiario