Rafael Correa dejará la presidencia con una economía en descomposición

Economista de profesión, Rafael Correa abadonará la presidencia de Ecuador con unos datos económicos muy pobres. Para hoy se tiene previsto el inicio de una nueva campaña electoral y quien herede el cargo en febrero tan solo tiene garantizado recibirá un legado para nada positivo. Con dos mandatos cumplidos, Correa no puede presentarse a la reelección por lo que estos días son sus últimos antes de irse definitivamente el 19 de febrero, y el Banco Central de Ecuador (BCE) cerró el ejercicio pasado con cifras de crecimiento del PIB en el tercer trimestre y las mismas revelaron un saldo negativo que se extenderá en este 2017.

Según el BCE el PIB ecuatoriano se redujo, entre junio y septiembre, un 1.6% y para diciembre había alcanzado el 1.7%, de acuerdo a Madeleine Abarca, gerente de la institución, con todo y que en junio las autoridades avisaron de que empezaban a notarse señales de recuperación. En el período anterior, la economía nacional había reculado en un 2.2%.

La caída en picada empezó en junio de 2015. Ya van cinco trimestres seguidos de contracción que fueron precedidos por uno de estancamiento, cuando menos. Entre marzo y junio de este año, con los precios del petróleo forzando a estrechar los ingresos de una economía tan dependiente de él como la de Ecuador, el PIB del país inició su descalabro, mas se las ingenió para cerrar el período con un 0.2%, cuando el trimestre anterior había crecido en un 3.4%. Esa fue la primera señal, luego todo se vino abajo. Para 2016 se reportó la caída más fuerte, de un 4.1% en el primer trimestre, a la vez de que el precio del barril de petróleo de Texas, el espejo de Ecuador, llegaba a los 25 dólares, un mínimo que no se veía desde 2003.

Correa y su equipo debieron reajustar todo su presupuesto. Tenía previstos ingresos por petróleo -asumiendo que su precio iría por los 35 dólares- pero la cotización de inicios del año pasado no era suficiente para cubrir esos gastos. Luego de que el crudo empezó lentamente su recuperación, el país sufrió un terremoto cuyo costo de reactivación económica se alzó a los 3.300 millones de dólares. Todo aquello pasaba en una época de escasez -eufemismo que el Gobierno ha usado para no usar la palabra crisis- que se ha reflejado en el descenso del consumo, de la recaudación tributaria y un deterioro del empleo. Ni tan siquiera los más de 1.000 millones de dólares (alrededor de 955 millones de euros) que el Fisco del país ha recaudado de forma extraordiaria este año, con el aumento temporal del IVA (del 12 al 14%) y las contribuciones obligatorias -es decir, solidarias- que han salido de los salarios, de los beneficios de las empresas y de los patrimonios de los más ricos para apoyar a la recuperación de Manabí y Esmeraldas, las dos provincias más afectadas por el terremoto que quebró al país en abril y en el que murieron hasta 660 personas. Con todas eses medidas, el Servicio de Renta Internas ha juntado ya los 12.261 millones de dólares entre enero y noviembre del año pasado, que son ya 220 millones que en el año anterior. Si no se consideran las contribuciones solidarias, la brecha con la recaudación del 2015 llega a 1.300 millones de dólares, un reflejo de la contracción de la actividad económica.

La agricultura, la manufactura, el comercio y la construcción son las cuatro facetas más fuertes de la economía del país, pues entre todas juntan 100.000 millones de dólares (un 43.4% del total del PIB), aunque las cuatro pasaron todo el 2016 a la baja. Para septiembre, la manufactura (sin refinación de petróleo) facturó 266 millones de dólares menos; la construcción, 953 millones; el comercio, 672; y la agricultura, 90.

Deudas como herencia

Los grandes indicadores económicos y su situación han despertado recelos entre los candidatos a la presidencia en el sector opositor, principalmente asustados por las cuentas que recibirán del actual Gobierno. Para 2016, Guillermo Lasso (de CREO), el gran contrincante del oficialismo, aseguró que la deuda crecía más que la misma economía. En cifras que no incluían el último mes, el Estado adquirió el año pasado hasta 13.000 millones de dólares en deudas a nivel nacional e internacional, traducidas en un 38% del total del PIB. La Constitución de Ecuador fija el máximo en el 40% del mismo PIB, pero la administración de Correa cambió la fórmula de cálculo de deuda en octubre para no incluir la deuda del Gobierno con las instituciones públicas como el Instituto Ecuatoriano de la Seguridad Social, por ejemplo, y bajar el saldo a un 26%. El despacho presidencial justificó la maniobra como obediencia a parámetros internacionales.

Con todo, Correa no pierde el optimismo. Para 2017, anticipa, la economía se recuperará e incluso crecerá en un 1.42%. La estabilización de los precios del petróleo a nivel internacional y la entrada en vigor de un tratado con la Unión Europea son los principales valedores de sus vaticinios. @hmorales_gt