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¿A quién benefician los cuentos y las cuentas del pacto sobre los Presupuestos del Estado?

Desde el punto de vista político, el acuerdo alcanzado entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de Podemos, Pablo Iglesias, revela el objetivo de llevar la legislatura hasta el 2020, que no se antoja sencillo, pero tampoco imposible.

¿A quién benefician los cuentos y las cuentas del pacto sobre los Presupuestos del Estado?
Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. / Mundiario
Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. / Mundiario

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María Cadaval

María Cadaval

La autora, MARÍA CADAVAL, es columnista de MUNDIARIO. Doctora europea en economía, es profesora de Economía Aplicada de la Universidad de Santiago de Compostela (USC). @mundiario

El primer acto de los Presupuestos Generales del Estado ha comenzado con un pacto entre PSOE y Unidos Podemos. A la espera de la concreción de unas medidas anunciadas a bombo y platillo, lo que trascendió resulta impactante, aunque se tome con cautela a la espera del visto bueno de Bruselas, su posterior aprobación y, de ser el caso, ejecución.

Desde el punto de vista político, el acuerdo alcanzado entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de Podemos, Pablo Iglesias, revela el objetivo de llevar la legislatura hasta el 2020, que no se antoja sencillo, pero tampoco imposible. Los 84 diputados de Sánchez y los 67 de Iglesias hacen necesario el apoyo de los nacionalistas. El PNV parece no titubear,  pero el soporte de PDeCAT y ERC está por ver. Sus pretensiones de hablar de los presupuestos a cambio del compromiso de un referéndum vinculante y de que el Gobierno dé una instrucción a la fiscalía para que retire la acusación de rebelión sobre los políticos presos, parece inviable. A pesar de las dificultades, este escollo puede no ser insalvable,  es probable que a última hora alguno de los grupos nacionalistas cambie de opinión y permita la aprobación de las cuentas públicas con más votos a favor que en contra.

¿Y después qué?

El documento de intenciones que se remite a Bruselas el día 15 de octubre contempla una subida del salario mínimo interprofesional del 22%, la mayor de todas las que se han producido en la historia democrática de España. De aplicarse, sería una revolución en el herido mercado de trabajo, que no garantiza su pretensión. En teoría, la fijación de un precio mínimo para el trabajo tiene una finalidad redistributiva, de protección al eslabón más débil de la cadena productiva: el trabajador menos cualificado.  Sin embargo, si la determinación del suelo salarial se revela errónea, el resultado puede ser el contrario. En un contexto como el español, donde la precariedad laboral es la regla, una subida salarial mínima por encima del equilibrio puede provocar que los trabajadores más cualificados se hagan con esos empleos, expulsando del mercado a los que tienen menos posibilidades de encontrar un nuevo puesto. El mundo al revés.

No ocurrió así en los EE UU, donde la diferencia entre los salarios mínimos y los cualificados es tan elevada que ninguno de los segundos irá nunca a ocupar los puestos base. En este caso, la subida del salario mínimo expulsó a unos pocos del mercado de trabajo, pero este efecto se vio compensado con un incremento del consumo, que revirtió en crecimiento económico y en mayor recaudación impositiva. Esto sería lo deseable, pero no nos engañemos, España no es EE UU ni siquiera Francia o Alemania. De todos modos, hay que esperar y ver, porque no parece probable que el incremento anunciado pueda ser efectivo en 2019, la indefinición del anuncio y la falta de acuerdo con la patronal y los sindicatos, hace sospechar de su implantación inmediata.

Por el lado del gasto, el presupuesto parece ser expansivo: subida de las pensiones según el PIB “real”, apuesta por la I+D+I, medidas ligadas a la Ley de Dependencia, ayudas a la vivienda, ampliación del permiso de paternidad, etc., que  semejan la vuelta a las políticas socialdemócratas que tan buen resultado arrojaron en la Europa de los años 90 y 2000. Aunque el contexto no es el mismo y tildar de expansivo el presupuesto es osado hasta que no se conozcan las inversiones productivas previstas que puedan tirar de la actividad económica.

El necesario equilibrio de las cuentas públicas obliga a que un incremento de gasto como el previsto –por encima de los 5.000 millones de euros– tenga su contrapartida en forma de un incremento de ingresos, para lo que se han planteado algunas modificaciones impositivas. España tiene una débil posición fiscal,  su deuda pública roza el 100% del PIB y el endeudamiento privado vuelve a estar en ascenso, lo que resulta preocupante en un horizonte de subidas de tipos de interés. Si a esto sumamos el encarecimiento del precio del crudo y la inestabilidad de algunos países europeos como Italia o la guerra comercial desatada entre EE UU y China, el resultado puede derivar en un enfriamiento de las expectativas de crecimiento que dilapiden el incremento de recaudación previsto. Las modificaciones fiscales propuestas semejan un corta-pega de medidas hechas con una horma predeterminada, que pueden servir una vez más para salir del paso, pero que no resuelven el problema de un sistema fiscal inconexo que sigue clamando y esperando por una reforma seria y en profundidad. Poner tiritas a determinados impuestos no garantiza suficiencia en la recaudación, ni un equilibrio justo entre los impuestos directos e indirectos.

La indefinición de las medidas expuestas hace preciso esperar a conocer no solo las intenciones, sino los números concretos. Queda todavía mucho camino que recorrer en el ámbito de los Presupuestos Generales del Estado para 2019 y, a la espera de un nuevo Pacto Social de verdad, solo queda esperar que se cumpla lo que verbalizó en privado hace unos días un exministro: “Lo importante de la negociación presupuestaria es hacer creer a los partidos que te van a apoyar que sus medidas formarán parte del texto presupuestario, pero lo único cierto es que, una vez aprobados, es potestad exclusiva del Gobierno ejecutarlos, … o no”. @mundiario