¿Qué pasa en Irán?: la economía se derrumba y las calles reclaman el fin de un modelo agotado

Irán atraviesa una de las etapas más convulsas de su historia reciente. La chispa que ha incendiado el país —un nuevo aumento del precio de la gasolina y un presupuesto estatal percibido como una provocación— es solo el síntoma visible de un colapso estructural que se ha venido gestando durante años. Las protestas surgidas en el Gran Bazar de Teherán han prendido en cuestión de horas en decenas de ciudades, alimentadas por la percepción generalizada de que el sistema actual ha dejado de ser reformable o capaz de ofrecer un horizonte de estabilidad.

La magnitud del deterioro económico explica la indignación social. En apenas ocho años, el poder adquisitivo de las familias se ha desplomado más de un 90% y la moneda nacional ha sufrido una devaluación tan extrema que el tomán —unidad informal equivalente a diez riales— ha tenido que adoptarse incluso en documentos oficiales para evitar cifras absurdamente altas. Paralelamente, el dólar en el mercado libre se ha encarecido un 3.300%, erosionando de forma devastadora la capacidad de compra de bienes esenciales.

A ello se suma un desempleo juvenil que bordea el 20% y un mercado laboral precarizado, en el que incluso los más cualificados ven cada día más lejos la posibilidad de mantener un nivel de vida digno. La inflación ronda el 50% y ha expulsado a amplias capas de la clase media hacia la pobreza. No es extraño que los iraníes hablen de una sensación colectiva de ahogo: no se trata solo de sobrevivir, sino de la constatación de que el futuro se está desmoronando.

El presupuesto presentado para el próximo año ha sido interpretado como una burla a la población. A pesar del deterioro económico, el Gobierno planea aumentar la carga fiscal y destinar cuantiosos recursos a instituciones religiosas —más de 31 billones de tomanes— y a las fuerzas de seguridad —210 billones—, mientras recorta subvenciones cruciales para productos esenciales. La eliminación del tipo de cambio preferencial para la importación de alimentos y medicinas amenaza con multiplicar por cinco el precio de artículos vitales para la población vulnerable.

La corrupción generalizada añade combustible al descontento. La denuncia de que fiduciarias y casas de cambio no entregaron al Estado 7.000 millones de dólares procedentes de la venta de petróleo ha puesto de manifiesto el poder de una red paralela de intermediarios que opera al margen del sistema financiero oficial. Se trata de una oligarquía que gestiona ingentes cantidades de divisas sin supervisión y que se ha convertido en un foco constante de escándalos.

El país no protesta solo por la economía. Las manifestaciones que se han multiplicado en la última década muestran un hartazgo profundo hacia un modelo que, además de empobrecer, reprime libertades y destina recursos a aventuras regionales mientras descuida las necesidades básicas internas. La desconfianza hacia la élite gobernante es cada vez más pronunciada: muchos de los que predican austeridad y resistencia tienen a sus hijos viviendo en Estados Unidos, Canadá o Europa, disfrutando de comodidades y libertades que niegan a sus compatriotas.

El contraste es brutal cuando se observa la vida cotidiana: alquileres imposibles que fuerzan a algunas personas a dormir en azoteas alquiladas, familias que deben financiar el aceite en cuotas y hogares que han reducido el consumo de proteínas al mínimo. El pan subvencionado se ha convertido en el salvavidas de una población que ya no puede permitirse alimentos básicos. La brecha entre el discurso oficial y la realidad social nunca había sido tan amplia.

En este contexto, el régimen parece haber renunciado a buscar soluciones políticas o económicas. Su única estrategia es el control. Los cortes de internet, la interrupción de comunicaciones y el uso sistemático de la violencia muestran que la prioridad no es aliviar la crisis, sino impedir que la indignación se organice. 

Para la generación Z, que ya ha crecido bajo sanciones, censura y represión, continuar con este modelo significa perder cualquier expectativa de futuro. Para los trabajadores y los más vulnerables, la crisis se ha convertido en una lucha diaria por la supervivencia. El país que en 1979 prometía justicia social y dignidad se ha transformado, cuatro décadas después, en un capitalismo clientelar que beneficia solo a quienes orbitan en torno al poder. Esa sensación de traición histórica alimenta hoy una ira política que ha encontrado en las calles su principal vía de expresión.

Irán arde porque sus ciudadanos ya no creen en las promesas de un sistema que ha agotado todas sus justificaciones. Y porque la desesperación, cuando atraviesa todas las capas sociales, deja de ser un problema económico para convertirse en un desafío existencial para el propio régimen. @mundiario