¿Por qué un juzgado ha ordenado suspender el rescate público a Plus Ultra?

Airbus A340-313 de Plus Ultra. Victor en Flickr.
Airbus A340-313 de Plus Ultra. / Victor en Flickr.
El Gobierno dio luz verde al ‘rescate’ de la aerolínea con 53 millones de euros para afrontar la crisis provocada por la pandemia. Pero ¿la compañía realmente precisa recibir ayuda?
¿Por qué un juzgado ha ordenado suspender el rescate público a Plus Ultra?

El rescate público a la aerolínea Plus Ultra queda en el aire… al menos por el momento. Un juzgado madrileño ha ordenado este jueves suspender la entrega de 34 millones de euros que debían ser desembolsados el 28 de julio, en el marco de un préstamo aprobado por el Gobierno para aportar o reforzar “la solvencia empresarial de compañías no financieras afectadas por la pandemia de la covid-19, que sean consideradas estratégicas para el tejido productivo nacional o regional”.

El plan, que fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 9 de marzo, contempla la inyección de 53 millones en Plus Ultra Líneas Aéreas con cargo al fondo de 10.000 millones de euros que gestiona la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). La ayuda permitiría a la aerolínea recibir 34 millones en préstamos participativos y 19 millones en un préstamo ordinario, que ya ha sido concedido y que tiene un plazo de siete años para su devolución.

Pero la jueza Esperanza Collazos ha dejado en suspenso el desembolso: este jueves ha dado un plazo de cinco días naturales a la empresa para que acredite la necesidad de recibir los fondos a fin de asegurar su viabilidad. El auto explica que la suspensión de la entrega de dicha cantidad está justificada ante la existencia de un procedimiento judicial. 

Las denuncias contra Plus Ultra

El fallo hace referencia a una denuncia (admitida a trámite en abril) presentada por el sindicato de ultraderecha Manos Limpias (y respaldada por el PP y Vox) contra Bartolomé Lora, entonces presidente en funciones de la SEPI, y contra otros 15 altos miembros del consejo de administración por un presunto delito de malversación de caudales públicos en el rescate de Plus Ultra.

El colectivo de funcionarios públicos –cuyo secretario general acaba de ser condenado por extorsión-, ha puesto el foco de su demanda en Lora y en el Consejo de Administración de la SEPI, al señalarles como “cooperadores necesarios”, responsables de “la administración, dirección y gestión” del organismo y administradores del fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas “que ha costado 53 millones de euros a las arcas públicas”. 

Además, la denuncia cuestiona que la aerolínea sea destinataria de las ayudas aprobadas por el Gobierno debido a que no cumple con los requisitos fijados por la Unión Europea, opera “con el 0,03% de los vuelos en España” y ha registrado “números rojos desde que se fundó en 2011”. El documento señala asimismo que Plus Ultra tiene pérdidas de diez millones de euros y “solo tiene un avión en activo, con 17 años de antigüedad”. 


Quizás también te interese: 

Calviño impone su plan de ayudas a empresas pero no elude las críticas


 

La SEPI pide permiso

Los denunciantes presentaron una petición de medidas cautelares en el marco del procedimiento y, en este contexto, la SEPI -a través de la Abogacía del Estado-, comunicó al Juzgado la existencia de una obligación de cumplir con el desembolso de 34 millones de euros del préstamo. 

Con la intención de actuar “con la máxima transparencia y colaborar con la justicia”, el Fondo consultó al juzgado si era pertinente el pago de este segundo plazo por un “elemental principio de prudencia”, dada la apertura de la investigación judicial. 

La instructora del juzgado madrileño finalmente ha concluido que continuar con la inyección de dinero en el plazo previsto arriesgándose a “una entrega no justificada” supondría “un menoscabo patrimonial importante sin posibilidad de restauración a una situación anterior”. Por lo que ha acordado suspender la ayuda “sin perjuicio de que, si queda acreditada su pertinencia, se proceda a su entrega, con la documentación y el resto de diligencias que se acuerden por entenderlas necesarias para el esclarecimiento de los hechos”.

Plus Ultra responde 

Por su parte, la compañía aérea ha respondido este mismo jueves al auto judicial y ha asegurado que “acreditará debidamente, y en el plazo concedido por el juzgado, la necesidad de entrega de la financiación pendiente de disposición”. En un comunicado, la firma ha subrayado que tras recibir un préstamo ordinario de 19 millones de euros “la financiación restante es imprescindible para dar cumplimiento al plan de viabilidad de la compañía” y para mantener los 354 puestos de trabajo directos y más de 2.500 indirectos que la empresa genera en España. @mundiario

¿Por qué un juzgado ha ordenado suspender el rescate público a Plus Ultra?
Comentarios