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Unos programas electorales incoherentes

Prometer cosas que no encajan presupuestariamente distorsiona la discusión, por ello, es necesario que los programas electorales de los partidos políticos sean sometidos a una evaluación y supervisión externa para mejorar la coherencia de los mismos, teniendo que asumir el coste reputacional en caso de negarse…

Unos programas electorales incoherentes
Portada de Coherencia económica de los programas electorales. / Mundiario
Portada de Coherencia económica de los programas electorales. / Mundiario

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Santiago Lago Peñas

Santiago Lago Peñas

El autor, SANTIAGO LAGO, es catedrático de Economía Aplicada y director del Grupo de Investigación GEN, de la Universidad de Vigo. Publica en revistas especializadas nacionales y extranjeras, sirve en varios consejos editoriales y es editor ejecutivo de la principal revista española en el ámbito de la economía pública, Hacienda Pública Española/Review of Public Economics. Consultor de diversos organismos internacionales y uno de los integrantes de la Comisión de Expertos creada por el Ministerio de Hacienda en 2017 para la reforma de la financiación autonómica, es codirector de la Red de Investigadores en Financiación autonómica y Descentralización en España (RIFDE), director del Foro Económico de Galicia, responsable de la Cátedra del Instituto de Empresa Familiar en la Universidad de Vigo, investigador del Institut d’Economía de Barcelona y colaborador de la Fundación FUNCAS. Ha sido consejero del Consello Económico e Social de Galicia y ahora asesora a empresas e instituciones públicas y privadas. Columnista prolífico, colabora en MUNDIARIO, El País, Cinco Días, Faro de Vigo y la cadena SER. @mundiario

Aunque no nos guste, los números tiene que cuadrar; sean los de una familia, empresa o administración. Lo contrario conduce a la falta de credibilidad, la mala reputación y los riesgos de impago e insolvencia. Los partidos políticos no son ajenos a esta necesidad. Sus programas electorales deben ser coherentes internamente por todo lo anterior. Pero también por respeto al debate político de calidad y a la competencia electoral justa. Prometer cosas que no encajan presupuestariamente distorsiona la discusión y acaba obligando a todos a jugar con las cartas marcadas, con unos electores que, en su inmensa mayoría, no son expertos economistas con la capacidad y el tiempo de hacer los cálculos necesarios, no siempre sencillos.

Todo lo anterior es particularmente relevante en un contexto político internacional en el que el populismo oportunista y con escasos escrúpulos compite con éxito contra partidos con una tradición que les obliga a mayores dosis de coherencia. Cierto que un programa electoral no es ni puede ser un contrato en sentido estricto. Pero tampoco se puede admitir que sea un documento elástico como un chicle, etéreo como una tertulia o perecedero como el periódico del día.

El primer paso para garantizar la congruencia de los programas electorales debe darse en el propio seno de los partidos. Sus equipos económicos tienen la responsabilidad de hacer bien los números y presentarlos con claridad. La incorporación de una memoria económica en el programa electoral de Podemos en las últimas elecciones generales ha sido un avance significativo. Pero con eso no llega. Porque existe un problema obvio de riesgo moral. De forzar los números para que cuadren. Por eso hace falta que, además de las propias organizaciones, una institución externa, independiente y competente haga ese trabajo. No hay muchos candidatos en España. Entre los que hay activos y teniendo en cuenta las dimensiones de la competencia técnica y la independencia, es la Autoridad Fiscal Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) la que mejor puntúa. Pero es verdad que ese cometido requeriría cambios legales y consensos políticos que pueden alargar en el tiempo la encomienda. La alternativa es que sea la Sociedad Civil la que asuma la responsabilidad mientras tanto. Que sea un conjunto plural de Fundaciones las que den amparo a un grupo de expertos independientes de la máxima reputación y que estén dispuestos a asumir el reto.

Sin duda, el espacio público mejoraría con esa labor de supervisión externa, que bien podría ser voluntaria. Solo los partidos dispuestos a pasar por el filtro del rigor y la seriedad, abiertos a escuchar cooperativamente a expertos externos sobre sus propuestas para mejorar la coherencia de sus programas, se sumarían a la iniciativa. Obviamente, el que optase por no sumarse, tendría que afrontar el consiguiente coste reputacional.

Existen numerosos detalles a concretar. Pero existen experiencias exitosas y con tradición, como la holandesa, en las que podemos inspirarnos. La evaluación debería incluir, como mínimo y en un primer momento, una estimación del efecto directo sobre gastos e ingresos públicos de todas las propuestas incluidas, de forma que se pudiese identificar el riesgo de que el programa generase problemas de estabilidad fiscal. Una vez consolidada esta primera fase, se podría avanzar en el análisis de la influencia del programa sobre la renta nacional y su distribución, el desempleo, o su impacto sobre la dimensión de género y el medio ambiente; y se podría optar por la utilización de modelos sofisticados de micro y macrosimulación. En todo caso, el resultado de la evaluación debería ser un documento público, dotado de una amplia difusión, sencillo de interpretar por los votantes y con la credibilidad que le otorgarían la competencia técnica y la independencia de quienes lo elaboren.

Todo lo anterior está bien explicado y desarrollado en un informe de la Fundación Transforma España publicado ya hace un par de años (https://ftransformaespana.es/wp-content/uploads/2017/03/Informe_coherencia_version_web.pdf). Si queremos, podemos. ¿Queremos?