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La política pesquera es falsa, corrupta y fraudulenta

España tiene el imperativo legal de revisar la potencia nominal de los motores de los barcos en aplicación del Reglamento 1224/2009, pero no lo tiene en cuenta.
La política pesquera es falsa, corrupta y fraudulenta
Océano. / Pexels.com.
Océano. / Pexels.com.

Un reglamento dictado en 2002 por la Unión Europea (el 2372/2002) fijó las reglas de la Política Común de Pesca. Entre ellas figura la reducción de capacidad de la flota pesquera comunitaria. Casi 19 años después de que se dictara ese reglamento, no solo no se ha puesto remedio a la situación, sino que además se ha ido incrementando la potencia de los barcos, algo denunciado en medios muy concretos de comunicación gallegos en distintas ocasiones.

España tiene el imperativo legal de revisar la potencia nominal de los motores de los barcos en aplicación del Reglamento 1224/2009, pero no lo ha aplicado, según denuncia la Plataforma de Afectados por este incumplimiento ante el Defensor del Pueblo Europeo, por cuanto "la pasividad de España y de la Unión Europea en el control de la potencia motriz de los buques pesqueros delimitada por ley" es evidente.

Sostiene la plataforma que la situación ha llevado a la sobreexplotación de los caladeros con cada vez menos actores: apenas 70 de los 135 que había en 1995. Un incumplimiento que determina unas cuotas de pesca que superan las estipuladas y concentrada en pocos barcos. Consecuencia de ello es el menor número de ejemplares, con clara repercusión en la oferta de pescado en los distintos mercados. 

El Gobierno de España, según señala el colectivo de afectados, ofrece "poca o ninguna respuesta acerca de este tema". Los barcos incumplen la normativa e incluso continúan faenando los que ya han sido inspeccionados. Y tampoco las instituciones comunitarias se distinguen por su voluntad política en este caso.

La plataforma exige una solución y que las autoridades verifiquen más eficazmente el incumplimiento de estos reglamentos. "La Política Pesquera  Común (PPC) ha fracasado", a criterio de Francisco Pérez, portavoz de la plataforma. Esta denuncia desde 2015 la situación ante las autoridades españolas durante dos años consecutivos. Y en 2017, ante la Comisión Europea. Ante el nulo caso prestado a las actuaciones señaladas, elevaron la queja al Tribunal Superior de Justicia de la UE en forma de recurso. Un año más tarde fue la propia Comisión europea la que archivó la denuncia.

Todas estas intervenciones condujeron a la Plataforma a denunciar los hechos ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, que sí admitió la queja con el respaldo de la Comisión Europea. Esta publicó un informe en el que se incluían las denuncias presentadas en 2015 y 2017, además de mostrar claras evidencias de incumplimiento del Reglamento por parte de 15 Estados miembros, entre estos España.

El informe subraya que el 51% de los buques inspeccionados incumplían la norma y que el 67% o no cumplían o había indicios de que el buque había sido manipulado. En definitiva: apenas un 30% de los barcos examinados cumplían con las obligaciones de esa regulación. 

Ese mismo año 2017, el Comité de Pesca del Parlamento Europeo debatió las conclusiones del estudio promovido por la Comisión, y el expresidente del Comité de Pesca, Chris Davies, aseguraba que se estudiaba el informe porque "una parte fundamental de nuestra política pesquera es falsa, corrupta y fraudulenta en este sentido". A pesar de este informe, la plataforma ha elevado su queja al Defensor del Pueblo Europea para exigir que se encuentra una solución. @mundiario