El poder oculto tras el enchufe: quién manda realmente en la energía en España

Basta con observar el organigrama del sector energético español para comprobar que el modelo de libre competencia es, en la práctica, una quimera. Desde la liberalización formal de finales de los noventa, lo que debía ser una apertura del mercado acabó en una concentración sin precedentes. Endesa, Iberdrola y Naturgy siguen controlando el grueso de la producción y comercialización eléctrica, mientras Repsol se consolida como un cuarto actor cada vez más agresivo. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) lo reconoce: más del 80 % de la electricidad que llega a nuestros hogares proviene de estas tres compañías.

Lejos de fomentar un ecosistema de empresas dinámicas e innovadoras, el sector ha reforzado estructuras oligopólicas. La apariencia de diversidad se sostiene sobre una red de filiales y sociedades jurídicamente diferenciadas que actúan bajo el mismo paraguas corporativo. Estas filiales no sólo mantienen los márgenes de negocio, sino que permiten maniobrar fiscalmente, sortear normativas o adaptarse a las condiciones del mercado a conveniencia.

Pero lo más relevante no es sólo quién produce o vende la energía, sino quién toma realmente las decisiones. Detrás del entramado empresarial, encontramos una tupida red de conexiones con fondos de inversión, bancos y Estados extranjeros. Firmas como BlackRock, IFM, Norges o Qatar Investment no sólo participan del capital, sino que influyen de manera directa en la estrategia de estas compañías. En este contexto, cualquier incidente, como el reciente apagón, no es una mera anécdota técnica: es un golpe directo al corazón del sistema económico. No sorprende que Iberdrola, con un 13 % del mercado bursátil, sea casi tan decisiva como Inditex en el Ibex 35.

Este sector, por tanto, no es solo una actividad económica más: es una pieza estratégica en la arquitectura del poder. Y como tal, ha sido un refugio dorado para ex altos cargos políticos de todo signo. Desde expresidentes como González o Aznar, hasta ministros y dirigentes de todos los colores, el sector energético ha nutrido sus consejos de administración con nombres bien conocidos de la vida pública. Esta práctica de puertas giratorias ha tenido un objetivo claro: influir desde dentro y blindar los intereses del oligopolio ante cualquier intento de reforma sustancial.

Las grandes compañías no solo controlan la producción y la distribución, sino también los discursos y las estrategias sectoriales a través de patronales como Aelec (la antigua Unesa), la AOP o Sedigás. Estos lobbies, aunque menos visibles, son clave para frenar o diluir cualquier política que cuestione el modelo actual. Mientras tanto, asociaciones más pequeñas o especializadas en renovables luchan por ganar relevancia sin desestabilizar el statu quo.

Y es que la transición energética —tan necesaria como inevitable— también se está gestionando desde dentro del viejo sistema. Las mismas compañías que dominaron el carbón, la nuclear y el gas ahora se presentan como campeonas de las renovables. La inversión en solar, eólica o hidrógeno verde no ha implicado un cambio real de paradigma, sino una ampliación de su dominio. De hecho, las grandes del sector —Iberdrola, Endesa, Naturgy y Repsol— ya controlan la mayoría del mercado de autoconsumo, una supuesta vía de democratización energética.

En este contexto, el papel del Estado se ha diluido. Las únicas empresas donde mantiene una participación significativa, Redeia (Red Eléctrica de España) y Enagás, operan más como gestores técnicos que como agentes de transformación. Sus consejos, también colonizados por políticos reciclados, rara vez se enfrentan a los intereses del núcleo duro del sector. Y cuando el regulador —la CNMC— intenta imponer sanciones por manipulación del mercado o concertación de precios, las multas se ven diluidas o recurridas hasta el agotamiento legal. El caso de las sanciones de 2011 y la reforma del sistema de precios de 2013, tras un intento de tarifazo del 11 %, es paradigmático: el castigo llegó tarde, mal y nunca cambió lo esencial.

El modelo energético español, lejos de responder al interés general, es el resultado de décadas de pactos tácitos entre poder político, económico y empresarial. Y mientras se acumulan titulares sobre la necesidad de acelerar la descarbonización o apostar por la soberanía energética, el verdadero debate sigue siendo quién y cómo controla las infraestructuras que permiten encender la luz, cargar un coche o calentar una casa.

La reciente crisis provocada por el apagón no debería leerse sólo como una falla técnica. Es un síntoma claro de un sistema estructuralmente opaco y frágil. Si los ciudadanos realmente entendieran cómo funciona el sector energético en España, exigirían no solo más transparencia, sino una reforma profunda. @mundiario