El peronismo evalúa un impuesto a los más ricos en Argentina para combatir la pandemia

A pesar de los focos de tensión política que con mucha volatilidad se viven en Argentina, la diversa y cuestionada izquierda de ese país se ha puesto de acuerdo para aplicar una política de elevado shock fiscal cuyo efecto sobre la economía en estos tiempos de mayor recesión y de crisis sanitaria podría ser muy palpable y, posiblemente, eficaz, entre los demás frentes donde el Gobierno del peronista de centro-izquierda Alberto Fernández tiene que librar duras batallas a lo largo de su mandato de cuatro años. 

Y es que los bloques oficialistas del Congreso de Argentina elaboran a partir de este lunes un proyecto de ley que fija un impuesto por única vez a grandes fortunas para financiar la campaña sanitaria y social contra la pandemia del nuevo coronavirus, informó el lunes un grupo de legisladores.

De esta forma, el Estado argentino prevé captar fondos con alto volúmen debido a que actualmente tiene un elevado déficit fiscal, una baja recaudación tributaria y una recesión de -4% combinada con una inflación del 35%, que ha incrementado el costo de la vida, la inestabilidad política-social y la devaluación de la moneda local, el peso argentino, frente al dólar, provocando una salida masiva de capitales que aún no se detiene y el Gobierno no logra contener. 

El tributo aplicaría "a unas 200 personas y unas 200 empresas que obtuvieron mayores ventas", dijo el diputado del partido gubernamental Frente de Todos (peronistas y aliados) Hugo Yasky, en declaraciones a la emisora Radio Con Vos de Buenos Aires. 

El presidente Alberto Fernández impuso en todo el país, de 44 millones de habitantes, un aislamiento obligatorio desde el 20 de marzo, del que solo están exentos servicios esenciales como alimentos, farmacias y bancos. Entonces, la prioridad del Ejecutivo argentino es financiar la economía y la solución a la crisis sanitaria con todos los fondos fiscales que se necesiten a pesar del impacto que podría tener en los índices macroeconómicos, incluso si el Banco Central argentino se ve obligado a inyectar liquidez con el problema de inflación y devaluación que tiene enfrente, todo con el fin de aprobar subsidios a la población, subvenciones a empresas y financiamientos a los hospitales para tratar de reducir la curva de propagación de la pandemia. 

Hasta el domingo, Argentina registra 2.208 contagios y 95 muertes por COVID-19. "Esperamos recaudar 2.500 millones de dólares", dijo Yaski. Argentina ya sufría una recesión agudizada ahora por la semiparálisis de la economía con fuerte caída de ingresos fiscales, aunado a una fuerte caída en sus exportaciones, especialmente de soja, y un déficit comercial de más de 10.000 millones de dólares con una deuda externa que supera los 200.000 millones de dólares. 

Fernández ejecuta un programa sin precedentes de inversión estatal de estímulo por 550.000 millones de pesos (8.000 millones de dólares al cambio del día). Sin embargo, esa inyección de capital podría expandir un efecto colateral de riesgo e inflación si las empresas utilizan parte de esos fondos, en caso de recibir créditos en pesos, para comprar dólares y resguardar sus patrimonios y activos. 

Unas 11 millones de personas están anotadas en la lista del Gobierno para cobrar un Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de 10.000 pesos (150 dólares). Más de 220.000 empresas reclamaron socorro financiero para evitar la quiebra, según el Ejecutivo. Se trata de una política de financiación social con la que se busca mitigar el impacto de la pandemia en la franja de la población que depende de la economía informal y ya se encontraba en condiciones socioeconómicas de pobreza de ingresos o pobreza extrema por la crisis doméstica antes del inicio de la crisis sanitaria global. @mundiario