Palma prohibirá las viviendas turísticas en pisos
La capital balear solo autorizará el alquiler a turistas en viviendas unifamiliares a partir de julio
A partir del mes de julio, los propietarios de un piso o apartamento situado en Palma no podrán alquilar su vivienda a turistas. La capital balear ha adoptado una medida pionera en todo el estado por la que prohibirá definitivamente los pisos turísticos en toda la ciudad, destaca El País.
El equipo de gobierno formado por PSOE, Més y Podem ha tomado esta decisión después de encargar varios estudios y análisis que han revelado que la oferta de pisos turísticos no reglados aumentó un 50 % entre 2015 y 2017 hasta alcanzar las 20.000 plazas comercializadas en la ciudad. En Palma solo 645 de las viviendas ofertadas cuentan con licencia.
El equipo de gobierno aprobará en el pleno municipal del próximo jueves su propuesta inicial de delimitación del alquiler vacacional, que tras ser sometida a exposición pública se aprobará definitivamente en el pleno del mes de julio. Será entonces cuando Palma solo permitirá el arrendamiento a viajeros en las viviendas unifamiliares —casas aisladas o chalés— excepto los situados en suelo rústico protegido, en el entorno del aeropuerto y en áreas de uso no residencial como los polígonos industriales. La reforma de la ley general Turística aprobada por el Parlamento autonómico el pasado mes de agosto ya prohibió el alquiler vacacional en pisos, pero dejaba en manos del propio Ayuntamiento de Palma la posibilidad de delimitar los barrios y zonas en los que autorizarlo. Finalmente, el equipo de gobierno ha decidido considerar la ciudad como zona única y mantener la restricción de esta práctica en pisos y apartamentos de todo el territorio "para proteger al residente" en palabras del alcalde Antoni Noguera.
Actualmente en la capital balear hay una oferta en el mercado de unas 11.000 plazas de alquiler turístico, de las cuales solo 645 tienen licencia, todas para viviendas unifamiliares. Antes de la aprobación de la normativa autonómica en agosto del año pasado, las plazas ofertadas ascendían a 20.000, pero las elevadas multas contempladas en la ley —de hasta 400.000 euros— provocaron la retirada de anuncios en las grandes plataformas. Está previsto que la medida se apruebe de forma inicial en el pleno municipal de este jueves, para ser sometida a un periodo de exposición pública y tener el visto bueno definitivo en el pleno del mes de julio. @mundiario
