El País Vasco, contra la pobreza: ninguna persona ni familia sin ingresos
La Renta de Garantía de Ingresos es una aportación mensual del Gobierno vasco, dotada con un mínimo de 732 euros, para personas y familias sin recursos para pagar sus necesidades.
El Gobierno del País Vasco sigue empeñado en su lucha contra la pobreza: ninguna persona ni familia sin ingresos. La Renta de Garantía de Ingresos (RGI) es una aportación mensual del Gobierno de Euskadi, dotada con un mínimo de 732 euros, para personas y familias sin recursos para pagar sus necesidades. Se trata de familias y personas que aún teniendo ingresos mensuales sean insuficientes para hacer frente a sus perentorias necesidades mensuales. Para optar a ello deben cumplirse unas sencillas normas establecidas por el Gobierno Vasco.
El cobro de la RGI abarca a parados, pensionistas o trabajadores con salarios bajos; asimismo a inmigrantes sin recursos. También a personas mayores de 23 años que forman una unidad de convivencia, empadronados y residentes durante tres años en el País Vasco. Deben estar inscritos en Lanbide (paro vasco) y no tener cobros al mes superiores a los 732 euros ni propiedades ni fondos propios excepto la vivienda habitual.
En este año de 2018 las personas y familias que cobran mensualmente del Gobierno Vasco la RGI asciende alrededor de 60.500 perceptores. El año 2015 había 66.000 entre personas y familias.
De los 60.500 actuales se da la paradoja que algunos más de 15.500 son pensionistas vascos pobres, cobran menos de los 732 euros y no tienen otros recursos. El 53% de estos pensionistas son mujeres, cobran menos de 700 euros, cantidad inferior a la media de la pensión en Euskadi, que es de 1.150 euros.
El importe de la RGI de 732 euros se completa además con ingresos por hijos menores en la familia y si fuese necesario por la prestación complementaria de vivienda (ayuda para el alquiler).
Aunque el Gobierno del PNV pide la transferencia de la Seguridad Social a Euskadi, debe tener en cuenta que en estos momentos, tal vez fruto de la bajada de salarios, la diferencia entre lo recaudado por la Seguridad Social en el País Vasco y los pagos de pensiones, es negativo en 2.500 millones, aportados ahora por la Seguridad Social nacional.
España está saliendo de la aguda crisis iniciada en el año 2007. Desde entonces el Índice de pobreza y exclusión social ha aumentado enormemente, hasta el actual 27,9%, lo que supone 13 millones de personas en riesgo de pobreza.
Por otra parte han aumentado las familias con todos sus miembros en paro, familias que una vez agotado el paro tienen que vivir con la ayuda de los padres y los abuelos.
El número de parados supone el 16.4% de la población activa, el doble que al inicio de la crisis en 2007 que fue del 8.6%.
Respecto al empleo, curiosamente en febrero del 2018, la CEOE –patronal española– solicita al Secretario Nacional de empleo, becarios no pagados y que trabajen sábados y domingos en los sectores necesarios, sin límite de edad. Además, los 900.000 parados mayores de 45 años poder estar con contratos de formación sin salarios. Es decir: lo que quiere la CEOE es tener mano de obra gratis.
Resumiendo: las comunidades autónomas deben controlar muy bien sus gastos. Eliminar el gasto innecesario –la grasa: en España sobran 300.000 asesores y políticos– y dedicar esos ahorros a crear un sistema de asistencia para los que no tienen nada, las personas en riesgo de pobreza y exclusión social. La RGI del Gobierno Vasco es un espejo donde mirarse. @mundiario
