Al Pacto de Toledo y al Gobierno: ¿cuál es el precio de…?

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Euros. / Mundiario
Es curioso que este tema, el del coste, aparezca antes de que el Gobierno haya presentado su estudio y propuesta (que van con retraso) sobre la recomendación 12 del Pacto de Toledo.
Al Pacto de Toledo y al Gobierno: ¿cuál es el precio de…?

Imaginen esta conversación:

—¿A cuánto está al kilo de pollo?

—A 3,99 euros

—¿Y si me llevo dos?

—Se lo dejo a…

—¿Y las manzanas?

—A 1,79 euros

—Vale, póngame medio kilo.

Podría escucharse en cualquier mercado… donde, al final, el precio es clave.

Soy de la opinión de que en asuntos de pensiones públicas no estamos en el mercado, ¿o sí? (A esto deberían responder en su caso los diputados, senadores, y también el gobierno), sino que deberían prevalecer otro tipo de valores, conceptos, ideas, directrices… mucho más cercanos al futuro que queremos como sociedad.

Se está empezando a oír y ver que, por ejemplo, los costes de despenalizar las jubilaciones anticipadas con largas carreras de cotización son elevados. Es curioso que este tema, el del coste, aparezca antes de que el gobierno haya presentado su estudio y propuesta (que van con retraso) sobre la recomendación 12 del Pacto de Toledo, en el que debería concretarse el coste de los diversos supuestos y casuísticas que se solicitaron, y también antes de que el Pacto de Toledo se haya pronunciado sobre la solución a dar a esta problemática.

Por otro lado, no debería tratarse como una “locura repentina” el hecho de pensar que una Institución pública como el Parlamento tiene que cuidar de sus ciudadanos y legislar para ello, porque para eso está concebida, pero cuando veo que se está hablando de euros, sin más, pienso que estamos llegando al final de algo (aunque sea un final largo) y que se pretende sondear el ambiente y también comenzar a crear “opinión” sobre la carestía de las posibles medidas… ¿quizás para ofrecer una solución muy menguada? Inaceptable.

Pecando de cierta ingenuidad, entiendo que las medidas a tomar sobre los aspectos sociales no se deciden en un mercado, espero, sino en un Parlamento… y, por tanto, no deberían tener precio. En todo caso, cierto es que se requiere conocer su implicación económica y sus características, para averiguar la mejor manera de llevarlas a la práctica, pero no deben utilizarse como factor decisorio sobre si se deben acometer o no, sino sobre cómo se deben acometer. ¿Se trata de una ingenuidad? Decidan vdes.

Sería algo así como establecer un orden lógico en la elección de los términos de las medidas a tomar: Qué, cómo, cuándo, cuánto, dónde, … Parece claro que sin el primer término los demás no tienen sentido, y éste es el que deberían decidir los diputados: ¿Qué problemas hay que solucionar?

Siguiendo con el ejemplo (muy real): ¿Hay que despenalizar todas las jubilaciones anticipadas cuando concurran 40 años o más cotizados? ¿Sí o no? Si el resultado es que sí, veremos cómo, cuándo, etc., etc. y si es que no … se tendrán que dar todas las explicaciones y argumentos de su porqué (si es que los hay). Pero, la pregunta decisoria no puede ser, en ningún caso ¿Cuánto cuesta despenalizarlas?

Alguien pensará que, expresado así, es una simplificación de la realidad, puede ser, no obstante, a veces es necesario tomar cierta altura para tener una visión global y poder aclarar cuales son los puntos clave, las razones originales, y las responsabilidades de cada uno, para después entrar en los detalles que cada asunto pueda tener.

Después de que en el Pacto de Toledo se redactara y aprobara la recomendación 12, manifestando la voluntad de los partidos de obtener más información sobre la problemática de las largas carreras de cotización en las jubilaciones anticipadas penalizadas, tildada de situación “intrínsecamente injusta” por el actual ministro en marzo de 2020 ante la petición de una solución por parte de dichos partidos, la pregunta no es ¿Cuál es el precio de…? ni tampoco ¿Cuánto cuesta…? sino que debe ser ¿Cuándo y de qué forma se va a solucionar este problema? La respuesta a esta última pregunta ya va con mucho retraso.

El informe del gobierno todavía está pendiente, pero el Pacto de Toledo tiene mucho que decir, se trata de una decisión política, y no en vano cuenta con el apoyo (y la exigencia) de 15 parlamentos autonómicos, y de numerosos ayuntamientos y diputaciones, para ofrecer una rápida solución. Señoras y señores [email protected] y [email protected], señor ministro, ¿a qué están esperando? @mundiario

Al Pacto de Toledo y al Gobierno: ¿cuál es el precio de…?
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