El nuevo índice de alquiler: límite del 2,2% para proteger a los inquilinos
El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha presentado el Índice de Referencia de Arrendamientos de Vivienda, que se aplicará a los contratos firmados tras la entrada en vigor de la Ley de Vivienda el 25 de mayo de 2023. Este nuevo indicador, que registra una variación interanual del 2,2% en noviembre de 2024, fija el techo de las revisiones anuales de alquileres para los contratos actualizados en enero de 2025.
El índice combina datos del Índice de Precios de Consumo (IPC), la inflación subyacente y un valor ajustado que incorpora proyecciones a largo plazo y un coeficiente moderador. Este sistema reemplaza los topes temporales que estuvieron vigentes en años anteriores y que limitaban las subidas al 2% en 2022 y 2023, y al 3% en 2024. Sin embargo, no afecta al precio inicial fijado al firmar un contrato, que continúa siendo determinado libremente salvo en zonas declaradas de mercado tensionado.
La aplicación de la medida ha generado debate. Según la normativa, los propietarios están obligados a solicitar la actualización anual de la renta y esta no podrá aplicarse de forma retroactiva si se solicita fuera de plazo. Aunque la iniciativa pretende ofrecer estabilidad a los inquilinos, su efectividad es cuestionada.
Expertos advierten que algunos propietarios podrían establecer rentas iniciales elevadas para compensar las limitaciones en las revisiones futuras, lo que reduciría la efectividad del índice. Además, señala que los inquilinos suelen tener poco margen de negociación por temor a perder su vivienda al finalizar el contrato, especialmente en un mercado caracterizado por la escasez de oferta.
Desde el Sindicato de Inquilinas critican que el índice no aborda la raíz del problema. Según la organización, la medida no ayuda a reducir las rentas disparadas y perpetúa un modelo que trata la vivienda como un bien de mercado. “Los alquileres han subido un 77% en la última década, mientras que los ingresos de los hogares solo crecieron un 33%. Esta disparidad requiere soluciones más contundentes”, afirman.
Aunque el nuevo índice busca poner orden en las revisiones de renta y proteger a los inquilinos de aumentos desproporcionados, expertos y organizaciones alertan de que su impacto real en la reducción de los precios será limitado. En un mercado en el que la oferta no logra satisfacer la demanda, el desafío de garantizar el acceso a una vivienda digna sigue siendo una asignatura pendiente. @mundiario