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Nuevas acciones legales y de protesta de afectados por la intervención de Forum y Afinsa

Hablan de la ruina de 500.000 familias, que acarreó sufrimientos, muertes por suicidios y enfermedades. No está cerrada la instrucción y se siguen buscando pruebas tras 8 años.

Nuevas acciones legales y de protesta de afectados por la intervención de Forum y Afinsa
Protesta de afectados de Forum y Afinsa
Protesta de afectados de Forum y Afinsa

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Redacción

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Los afectados hablan de la ruina de 500.000 familias, que acarreó sufrimientos, muertes por suicidios y enfermedades. No está cerrada la instrucción y se siguen buscando pruebas tras 8 años.

La agrupación de afectados por la intervención de Forum y Afinsa el 9 de mayo de 2006 solicitan a la Fiscalía General del Estado que investigue si el Gobierno socialista ordenó las denuncias de la AEAT que motivaron la posterior intervención a las empresas Fórum y Afinsa, así como otras posibles irregularidades.

La sospecha se basa en "una posible financiación ilegal que pudo conseguir el PSOE de forma indirecta, mediante el beneficio que la intervención judicial supuso para los intereses de un fondo buitre norteamericano que solicitó la Intervención de Afinsa el 27 de julio de 2005", según indica un comunicado de dicha asociación.

Los afectados hablan de la ruina de unas 500.000 familias, "ruina económica que acarreó sufrimientos, muertes por suicidios, enfermedades, mientras los jueces instructores no dan por cerrado el proceso de instrucción y siguen buscando pruebas después de 8 años", señalan en el comunicado remitido a MUNDIARIO.

Los afectados por la intervención de Forum y Afinsa también anuncian protestas y movilizaciones.  En toda España, alrededor de 6.000 millones de euros permanecen aún pendientes de devolver a sus 475.000 propietarios.

La propuesta de solución planteada por Adicae y compartida por el resto de plataformas de afectados a través de la Plataforma Unitaria Solución Fórum-Afinsa "cada vez tiene más apoyos", señalan sus promotores.

Los afectados exigen una solución política que consiste en que el ICO adquiera los derechos de los afectados sometidos a un "inacabable concurso de acreedores" por el valor de sus ahorros atrapados, de tal manera que se logre "una recuperación satisfactoria de los ahorros defraudados" y se les rescate del "abandono y falta de respuesta eficaz al que vienen siendo sometidos".